Recta final en la reforma laboral
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró ayer que la reforma laboral verá la luz este mes y prevé que cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos. El pacto incluirá una ampliación del uso del contrato con indemnización por despido de 33 días, un aumento del periodo de cobro de las bonificaciones al empleo fijo, alguna rebaja de cotizaciones y limitaciones a la contratación temporal.
Ha costado casi dos años de negociaciones pero todo apunta a que, por fin, este mes de abril verá la luz la reforma laboral. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en Gijón, donde mostró su convicción de cerrar un acuerdo con patronal y sindicatos 'antes del 1 de mayo'.
El negociador del Gobierno en esta mesa de diálogo, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, también confirmó ayer que el Gobierno ha elaborado una última propuesta que, según todas las fuentes, será aceptada por todas las partes, tal y como adelantó Cinco Días la semana pasada, tras desbloquearse la negociación. Patronal y sindicatos, coinciden en poner fin a la mesa en abril, pero precisan que aún quedan los últimos flecos para poder sellar un pacto.
En principio la reforma será más limitada de lo que se pretendió en un principio e incluirá fundamentalmente una ampliación de los colectivos a los que se les puede hacer el contrato de fomento del empleo, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado y está bonificado; y se permitirá la conversión de temporales en fijos con este contrato, en una misma empresa.
La reforma incluirá rebajas en las cotizaciones por desempleo de los contratos fijos
El Gobierno apoyará abrir el mercado de las empresas de trabajo temporal a la construcción
Asimismo, según avanzó el propio Valeriano Gómez, se ampliará el periodo de cobro de las bonificaciones que ya reciben los empresarios por realizar este contrato de fomento del empleo, de dos a cuatro años. Además se pasará a un nuevo modelo de bonificación. Ahora consiste en un porcentaje de rebaja de la cotización y pasará a ser una cantidad fija. 'Aunque sean estímulos inferiores se cobrarán durante más tiempo', explicó Gómez. Los hombres de entre 16 y 30 años serán uno de los colectivos que pasarán a estar bonificados, según señaló el secretario de Empleo.
La intención del Gobierno con esta medida es reducir el número de trabajadores que son despedidos cuando se terminan las bonificaciones. Si bien, según los datos facilitados ayer por Gómez, cuatro de cada cinco contratos de fomento del empleo siguen vivos al cabo de cinco años, una tasa muy parecida a la de los contratos ordinarios con despido de 45 días, precisó Gómez.
El acuerdo también incluirá una rebaja de las cotizaciones por desempleo de todos los trabajadores fijos de 0,50 en 2008, previsiblemente, y una rebaja de una décima en la cotización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que quedaría fijada en el 0,3%, que paga el empresario exclusivamente. Aumentarán las prestaciones del Fogasa, se incluirán mejoras en la Inspección de Trabajo y límites al encadenamiento del contratos temporales.
Las partes renunciarán, sin embargo, a los temas de calado como el abaratamiento y simplificación del despido demandado por la patronal en el inicio de las negociaciones y la regulación en profundidad de las subcontratas, exigida por los sindicatos.
En este último punto, empresarios y Gobierno renuncian, por tanto, a crear un contrato especial para las subcontratas con un despido automático durante los tres primeros años con una pequeña indemnización y a partir del cuarto año se convertiría en fijo con una indemnización de 33 días por año.
Gómez precisó que han relegado la regulación de las subcontratas a una proposición de ley que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados.
La reforma tratará de poner coto a la cesión ilegal de trabajadores, para lo que se creará un grupo de trabajo que estudie permitir la actividad de las empresas de trabajo temporal en la construcción. El Gobierno está a favor de esta ampliación en la actividad de las ETT, ya que considera que estas empresas están mucho más reguladas y controladas que aquellas que se dedican a ceder trabajadores de forma ilegal.