El Gobierno recurre al Constitucional la tasa de Aragón contra los híper

El Consejo de Ministros acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Aragón en materia de legislación sobre centros comerciales. La comunidad autónoma aprobó a finales del año pasado un impuesto especial contra las grandes superficies por los daños medioambientales que causan.

Ahora, el Gobierno central considera que este impuesto de 30 de diciembre de 2005 sobre Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Propios, no se ajusta a la Constitución. El argumento que se da es que 'grava directamente al ejercicio de las actividades comerciales realizadas en estas superficies, unas actividades que no generan por sí mismas daños medioambientales'.

Por otra parte, el Gobierno de Zapatero entiende que no existe una relación directa entre el impuesto planteado por la comunidad autónoma y la realización de una política pública sectorial.

Otras tres comunidades autónomas, Cataluña, Asturias y Navarra, articularon también impuestos contra las grandes superficies que, en todos los casos, han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional. La diferencia ahora es que la Comunidad de Aragón recurre a argumentos medioambientales para imponer esta tasa.

Anged, la patronal de los híper, considera que el impuesto medioambiental aragonés es 'anticonstitucional, discriminatorio, recaudatorio, sancionador y confiscatorio, y daña gravemente la competitividad de las empresas'. Anged argumenta la inconstitucionalidad en que 'el hecho imponible coincide con el IBI y el IAE'. Y añade que 'esta figura impositiva no tiene un carácter extrafiscal como se dice, sino una finalidad exclusivamente recaudatoria, ya que los ingresos no pueden hacer nada para evitar el supuesto daño medioambiental'.