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Los videoclubes, cercados por las descargas en internet

Blockbuster ha sido la primera víctima de la crónica de una muerte anunciada. La cadena de videoclubes cierra los 86 centros que tiene en España debido al descenso continuado del alquiler de películas, en una situación que la compañía califica de 'única'. Los responsables de la multinacional en España aseguran que la piratería de películas, en especial la de internet, les ha tocado de muerte. 'Es lo mismo que sucedió con las tiendas de música Madrid Rock. Sin duda, este cierre se explica por la piratería y quien diga lo contrario no es consciente de la situación', asegura Manuel de Benito, director de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE. 'Hemos logrado frenar la venta de copias ambulante, la de la calle, pero la piratería digital está alcanzando unos niveles preocupantísimos', añade.

Los datos del Centro de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura (Cimec) apuntan que las descargas de archivos ilegales crece a gran velocidad. Si en 2003 se detectaron 180 millones de archivos musicales descargados, en 2004 sumaron 270 millones, y el año pasado llegaron los 500 millones de descargas ilegales.

El cine ha tardado más en sufrir la competencia ilegal de internet, pero ya no tiene escapatoria ya que el boom de la banda ancha ha hecho que se popularicen las descargas de archivos de vídeo, que ahora son mucho más rápidas. Según un estudio de GFK, en 2004 se distribuyeron 14 millones de copias ilegales de películas a través de internet y cerca de 4 millones de videojuegos, una cifra que se considera que será superior en 2005.

La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) suma a estos datos los 37 millones de copias que se realizan amparándose en el derecho de la copia privada para vender o regalar entre amigos o compañeros, además de las ventas del top manta, que a pesar de descender aún suponen unos 10 millones de copias.

'El mercado del cine puso 45 millones de películas en el mercado el año pasado, y se calcula que paralelamente se comercializaron 70 millones de copias piratas', apunta José Manuel Tourné, presidente de la FAP, para quien la situación que se vive en España sólo se puede frenar si se logra la colaboración de los proveedores de servicios sin necesidad de una autorización judicial, una iniciativa que se está intentando regular en Europa pero que en España no ha sido recogida en la reforma de la Ley de Propiedad de Intelectual.

Los datos sobre el alquiler de películas también reflejan el avance del fenómeno de la piratería digital. En la primera mitad del 2005 se detectó una caída del 46% de los alquileres realizados. 'Este es un fenómeno que se preveía hace cuatro años cuando ya sabíamos que nuestro negocio no debía depender exclusivamente del alquiler de películas', asegura Mansuet Guixá, director de Expansión de The Big Orange, la cadena que va hacerse con los centros que Blockbuster ha dejado en España.

'Al final vamos a desechar un 20% de los establecimientos. Nos quedaremos con unos 52', explica Guixá, que dice que sólo se han descartado aquellos que eran excesivamente caros o se solapaban en ubicación.

La estrategia de The Big Orange ha pasado por transformarse en un centro de ocio, donde se alquilan películas y videojuegos, pero también se encuentran libros, juegos de mesa y todo tipo de merchandising. El grupo factura un total 20,6 millones de euros y el alquiler de películas sólo supone la mitad de las ventas.

Parece que la evolución de los videoclubes pasa por la especialización y la diversificación. En Madrid han surgido centros orientados a cinéfilos como Séptimo Arte o Ficciones donde se encuentran títulos alternativos a los éxitos comerciales. En Barcelona ya hay locales especializados en cine de Bollywood en barrios con gran población paquistaní.

El desarrollo de la sociedad de la información a cualquier precio

Los defensores de la propiedad intelectual creen que el gobierno está priorizando el avance de la sociedad de la información frente a la protección de los derechos de autor. La revisión de la ley de propiedad intelectual no ha recogido ninguna de las peticiones de la SGAE y la FAP. La ley sigue exigiendo que haya una actividad comercial para perseguir al pirata digital y obliga a que cualquier intervención del proveedor de servicio proceda de una autorización judicial. 'La directiva europea dice que el proveedor tiene una responsabilidad si es consciente de que se está usando sus redes para estos fines. Bastaría que colaborasen con sólo mandar una carta de advertencia a sus usuarios', opina Tourné.