El desencuentro sobre El Prat obligará a pactar su gestión en una ley ajena al Estatuto
La dificultad para poner de acuerdo a los partidos involucrados en la elaboración del Estatuto catalán sobre la futura gestión del aeropuerto de El Prat llevará muy posiblemente a sacar esta negociación de la Comisión Constitucional y a postergarla hasta la elaboración de una futura ley estatal. Así lo propuso ayer el Partido Socialista de Cataluña con el acuerdo de Convergència i Unió, formaciones que siguen encontrando en el Gobierno una férrea oposición a que la Generalitat disponga de mayoría en el consorcio encargado de gestionar el aeropuerto de Barcelona.
En el PSC y en CiU ha ganado terreno la idea de preservar el pacto alcanzado con el Gobierno para la obtención de competencias exclusivas sobre los puertos y aeropuertos que no son de interés general y dejar para más tarde la solución del contencioso sobre El Prat.
Con este ánimo, el portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, defendió ayer la introducción en el Estatuto de una disposición adicional con una referencia a una ley posterior donde se fije la fórmula definitiva de gestión de El Prat.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, calificó ayer de 'forzado, dudoso y un poco precipitado' el acuerdo alcanzado por José Luis Rodríguez Zapatero con el líder de CiU, Artur Mas, y reivindicó un papel para la Generalitat en la gestión aeroportuaria.
Por un acuerdo político
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, abogó por buscar un 'acuerdo político' con los partidos catalanes sobre el aeropuerto de El Prat para que después sean 'los que saben de aeropuertos' quienes 'pacten el sistema de gestión'. En su opinión, si no se alcanzara este acuerdo político, el Estatuto no se vería afectado.
El contencioso preocupa al Gobierno porque Esquerra Republicana amenaza con dilatar el debate del Estatuto en el Senado, donde el PSOE contaba inicialmente con que no se presentarían enmiendas. En este supuesto, el trámite parlamentario pondría difícil la celebración del referéndum el 18 de junio, como pretende el Gobierno, con lo que se facilitaría al PP la posibilidad de seguir erosionando al Ejecutivo a cuenta del Estatuto.