Los mayores de 50 años podrán deducirse hasta 10.000 euros por planes de pensiones
La deducción fiscal por I+D+i se mantiene hasta 2011 y se crea una nueva para investigadores
El Gobierno aprobó este viernes la esperada reforma fiscal, que engloba al impuesto sobre la renta y al de sociedades, y por el que contribuyentes individuales y empresas se ahorrarán entre 4.000 y 4.500 millones de euros en su conjunto a partir de enero de 2007, según calculó ayer el vicepresidente económico, Pedro Solbes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La novedad más importante respecto al borrador que hizo público el Ejecutivo en enero es un aumento de 8.000 a 10.000 euros en las aportaciones anuales con bonificación fiscal permitidas a planes de pensiones complementarios a la Seguridad Social, sólo para el caso de mayores de 50 años.
El texto hecho público por el Gobierno en enero recortaba sustancialmente las aportaciones a estos planes (tienen derecho a una reducción en la base imponible del IRPF). Hoy por hoy, a partir de 52 años se permiten aportaciones adicionales de forma gradual que pueden alcanzar los 24.000 euros para mayores de 65 años, aportaciones que el Gobierno considera excesivas porque, en su opinión, benefician a los contribuyentes con rentas más altas, que son los que pueden destinar un mayor porcentaje de su renta al ahorro.
Ahora, la presión ejercida por la patronal Inverco ha dado sus frutos y el Gobierno ha suavizado el límite impuesto en primer lugar (8.000 euros anuales con independencia de la edad que se tenga).
Además, los mayores de 50 años podrán aportar a planes hasta un 50% de sus rendimientos de trabajo (en el borrador se había fijado un 30% que es el que opera como norma general).
El texto aprobado este viernes flexibiliza también el rescate del dinero después de la jubilación. Este se podrá hacer en forma de renta (periódicamente) o de capital (de una sola vez). Esta última opción se había eliminado en el borrador, algo que se granjeó también las críticas de Inverco. Ahora bien, Hacienda ha eliminado la bonificación fiscal del 40% que existe hoy en el caso del rescate en forma de capital. Esta circunstancia provocará que los contribuyentes estén, a partir de 2007, más incentivados en rescatar el dinero de forma periódica porque, de lo contrario, como reconocía el viernes Solbes, si deciden sacar sus ahorros en un solo año tributarán al tipo máximo de gravamen.
Además, Hacienda permitirá que los jubilados con rentas activas (procedentes de pequeños trabajos como conferencias o clases magistrales) puedan continuar efectuando aportaciones a estos planes hasta el momento en que decidan iniciar el cobro de las prestaciones (podrá ser a los 65 años o más tarde). 'El perceptor definirá en todo momento cuando quiere cobrar sus ahorros', destacó Solbes. Estos cambios fueron recibidos con agrado el viernes por Inverco aunque su director general, Ángel Martínez-Aldama, indicó que confían en que durante el trámite parlamentario de las leyes se mejore aún más estas concesiones para no perjudicar a un sector que lleva ya acumulado (en prestaciones) cantidades superiores a los 40.000 millones de euros.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido mejorar las deducciones que se aplican en el IRPF por tercer y cuarto hijo, que pasan a 3.600 y 4.100 euros, con un incremento del 64 y 78%, respectivamente sobre la situación actual. En el borrador del IRPF, el Gobierno ya había introducido incrementos sustanciales en las deducciones por hijos y dependientes en general. Sin embargo, el hecho de aplicar un cambio técnico en estas deducciones (pasan de ser consideradas como mínimo exento a rentas con un gravamen a tipo cero) había provocado un perjuicio a los contribuyentes con mayor renta y muchos hijos.
Con este cambio, según Solbes, se corrige esta situación para que 'ninguna familia salga perdiendo con el nuevo IRPF, por el tratamiento de los hijos', aunque algunas, saldrán más beneficiadas (quienes cuenten con menor renta).
El nuevo IRPF, que afecta a más de 15 millones de contribuyentes, busca en general un mejor trato para las rentas salariales. Hacienda calcula que la rebaja media será del 6%. Este porcentaje se elevará al 17% para los contribuyentes con ingresos menores a los 17.000 euros. Un 60% de contribuyentes tendrá un tipo único de gravamen del 24%.
El número de tramos de la escala de gravamen se reduce de cinco a cuatro. El tipo marginal máximo se recorta del 45% al 43%. El tipo mínimo actual (15%) desaparece pero se elevan considerablemente los mínimos personales y familiares (ver gráfico) sin gravamen. El mejor trato a las rentas del trabajo no sólo se producirá por la elevación de los mínimos exentos. Además, se ensancharán los tramos actuales. El Gobierno ha optado, en vez de variar los tipos de gravamen intermedios (24%, 28% y 37%) variar los tramos de renta a los que se aplican cada uno de ellos. Por ejemplo, el tipo marginal del 37%, que ahora se aplica entre 26.842 y 46.818 euros de ingresos, se aplicará a partir de enero entre 32.360 y 52.360 euros.
En el caso de la reforma del impuesto de sociedades, el Gobierno incorporó ayer dos novedades importantes. Por un lado, mantendrá la deducción por inversiones en I+D+i hasta el 31 de diciembre de 2011, eso sí, con una reducción anual del 3%. En un principio, esta deducción era una de las elegidas para desaparecer del impuesto (el Gobierno ha decidido eliminarlas todas menos las de carácter técnico). Sin embargo la presión de la patronal CEOE, (se ha quejado de que hay muchas empresas en esta tesitura) ha permitido que el Ejecutivo reconsidere parcialmente esta situación. Además, el Gobierno ha aprobado para el sector industrial una ayuda no fiscal. Consiste en una bonificación del 40% de las cuotas de la Seguridad Social para el personal investigador que se incorpore a las empresas. Los empresarios podrán optar por esta bonificación o por la deducción fiscal por I+D tradicional, hasta 2011, pero no podrán acogerse a las dos a la vez. Además, los incentivos fiscales para actividades culturales se mantendrán hasta 2014.
Por lo demás, la reforma de sociedades fija una reducción gradual de cinco puntos (del 35% al 30%) en el tipo general del impuesto y de otros cinco puntos (del 30% al 25%) para el tipo especial de pymes. Se hará gradual, a punto por año hasta 2011, al igual que la eliminación de la mayoría de las deducciones. A pesar de esto último, Solbes indicó que las empresas se ahorrarán 'un 20% de media' con la reforma. El ahorro global se situará entre 2.000 y 2.500 millones, una vez incorporadas las nuevas medidas del viernes.
Por otro lado, el Consejo de Ministros estudió un informe sobre la reforma de Defensa de la Competencia y aprobó el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como consejero del Banco de España. Carlos Ocaña le sustituirá como secretario de Estado de Hacienda. Dolores Beato, será secretaria general de Hacienda. Se crea también una nueva Secretaría General de Política Económica, que ocupará Ángel Torres.
La presión ejercida por los colectivos de familias numerosas ha tenido sus frutos. El Gobierno incorporó el viernes una ampliación sustancial (superior al 60%) de las deducciones fiscales en el IRPF por tercer y cuarto hijo. El texto incorpora fuertes aumentos en las ayudas por ascendientes a cargo y minusválidos.
Dependencia. Igualdad de trato fiscal con los planes de pensiones
El anteproyecto de ley del IRPF aprobado el viernes equipara fiscalmente los planes de ahorro para personas dependientes con los planes de pensiones a la Seguridad Social.Esto supone un aldabonazo a todos los productos ligados a la dependencia. Por tanto, las aportaciones que se realicen en beneficio de dependientes (los que no se pueden valer por sí mismos) tendrán derecho a reducción en la base imponible del impuesto, con un límite de 8.000 euros anuales (como los planes de pensiones), en términos generales.Además, el Gobierno crea un incentivo fiscal para todo aquel que desee abrir un 'plan de ahorro individual' (nueva figura).
Ahorro. æscaron;nico tipo de gravamen, del 18%, para todos los productos
La reforma del IRPF supondrá una revolución para el ahorro. Todos los productos (depósitos bancarios, libretas de ahorro, seguros, dividendos y plusvalías) pasan a tributar a un tipo único del 18%, con independencia del plazo en que se generen.En el caso de las plusvalías (ahora tributan a tres puntos menos, al 15% si se generan a más de un año) se consolidan los derechos adquiridos.Los dividendos disfrutarán de una exención para los primeros mil euros. Sin embargo, se elimina la exención actual por doble imposición. Expertos como los del Registro de Economistas (REAF) consideran que esto último beneficia más a las rentas más altas.
Vivienda. Se mantiene el límite máximo de deducción de 9.015 euros
El nuevo IRPF deja casi igual el trato por compra de vivienda habitual (se permite una deducción sobre una base máxima de 9.015 euros anuales). No obstante, fija un porcentaje único de deducción del 15% sobre esa base, por lo que se eliminan los porcentajes incrementados actuales (20% y 25%) para los primeros años. Eso sí, se respetan los derechos adquiridos hasta el 20 de enero (fecha en que se hizo pública la reforma), por lo que los contribuyentes con hipotecas anteriores a esa fecha podrán seguir disfrutando de esos porcentajes incrementados.Por otro lado, el texto que llegará al Congreso no incluye incentivos al alquiler de vivienda para inquilinos, como se había estudiado.
Una nueva ley para luchar contra el fraude fiscal
El Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de ley de prevención del fraude fiscal con el objetivo de introducir medidas normativas que perfeccionen la lucha 'contra los que no pagan a Hacienda', en palabras del vicepresidente económico Pedro Solbes. El texto incorpora más de 30 medidas en muchos sectores, destacando el inmobiliario y las tramas del impuesto sobre el valor añadido. Estas son las principales que servirán para ampliar la labor actual de la inspección de la Agencia Tributaria:Las escrituras públicas de compraventa de un inmueble deberán incluir los medios de pago utilizados. El Ministerio de Hacienda pretende obtener pistas de quienes utilizan la vivienda para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas o, simplemente, ahorrarse los impuestos que deben pagar por la compra de un piso.Alquileres. Se introduce la obligación de incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica (recibos de la luz). Esta referencia permitirá sacar a la luz a los propietarios de viviendas que no declaran los ingresos que obtienen por alquilar una casa.Facturas falsas. Se aplicará una retención del 3% en las facturas emitidas por determinados empresarios en estimación objetiva (módulos) por los bienes y servicios prestados a otros empresarios o profesionales. Hacienda fijará un límite en términos absolutos a esa retención, en el desarrollo reglamentario de la ley. Se pretende reducir al mínimo la proliferación de facturas falsas entre pequeños profesionales y empresarios.Registros. Se establece que la revocación del número de identificación fiscal (NIF) por Hacienda impedirá acceder a los registros públicos y no se podrán hacer abonos o cargos en las cuentas.Tramas. Se introduce la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.Paraísos fiscales. Se considerará residente en España a las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal cuando su actividad o activos principales estén en España.Operaciones vinculadas. En este tipo de operaciones (compraventa de bienes y servicios internos entre grupos de empresas), Hacienda determinará el valor de la operación, teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad en cuestión documente suficientemente el valor declarado.Tribunales. Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien de verdad tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la Administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.Ocultación de bienes. Se extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplan las órdenes de embargo impuestas por la autoridad.