La reestructuración de RTVE diseñada por el Gobierno prevé un recorte del 39% de su plantilla
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado hoy a los sindicatos los detalles del Plan de Saneamiento de Radiotelevisión Española (RTVE), que prevé el despido de 3.133 trabajadores mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, lo que equivale al 39% de su plantilla fija.
El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, recalcó a finales del año pasado la urgencia de llevar a cabo la reforma para cumplir así una de las condiciones impuestas por el Gobierno para otorgar este año al Ente un subvención de 575 millones de euros este año (frente a los 78 del anterior). Esa cantidad equivale a la diferencia anual entre lo que gasta RTVE y lo que ingresa.
Esta medida, tachada de ¢excepcional¢ por el Gobierno, estaba condicionada a la puesta en marcha del plan de saneamiento, ideado en principio para racionalizar los gastos, aumentar los ingresos, impulsar la productividad y remodelar las plantillas. Respecto a esta última cuestión, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda ya señalaron a EL PAÍS en septiembre que el plan acarrearía un fuerte recorte de personal.
A finales del curso pasado la plantilla de RTVE sumaba 9.369 empleados (8.258 fijos y 1.111 contratados). El recorte anunciado a los sindicatos está fijado en 3.133 trabajadores, puesto que el documento estima en 4.855 el número de profesionales necesarios en el Ente Público: 3.220 en Televisión Española, 1.148 en Radio Nacional de España y 487 en el Centro Corporativo y en los servicios compartidos por la corporación.
El plan señala que, para lograr una estructura ¢más sólida y eficaz, adaptada a las exigencias del mercado audiovisual y capaz de ofrecer un servicio público de calidad¢, se llevará a cabo un Plan de Empleo que se negociará antes con los sindicatos. UGT y CC OO ya rechazaron en septiembre el plan del Gobierno. ¢No es aceptable que se condicione el pago de una deuda generada por los Gobiernos del Partido Popular y del PSOE y se pretenda que las consecuencias caigan sobre el empleo y los trabajadores¢, explicaron a través de un comunicado en septiembre.