Confirmada la multa a los productores de envases de vidrio por pactar precios
La Audiencia Nacional ratificó ayer la sanción de 900.000 euros que el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso a los fabricantes de envases de vidrio por impedir el libre mercado en el sector.
La Audiencia Nacional desestimó ayer el recurso presentado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (Anfevi) y Ecovidrio, asociación sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado. De esta forma, la Audiencia confirma la sanción de 600.000 euros a Anfevi y de 300.000 euros a Ecovidrio que el Tribunal de Defensa de la Competencia les impuso en septiembre de 2003 por abuso de la posición de dominio en el mercado.
Competencia consideró probado en su resolución de 2003 que la patronal del vidrio pactaba precios y repartía el mercado a la hora de comprar los envases que recogía Ecovidrio. Fabricantes y recicladores decidían los precios para mejorar sus cuentas e impedir que nuevos competidores entraran en el mercado.
La multa del Tribunal de la Defensa de la Competencia a Ecovidrio se impuso porque, según la resolución, los fabricantes convenían un precio para cada kilo de vidrio reciclado y establecían acuerdos para repartirse los mercados regionales y nacionales.
La Audiencia Nacional ha ratificado los hechos probados de la sentencia de Competencia y ha desestimado el recurso presentado por las demandadas. Las asociaciones tienen diez días desde la publicación de la sentencia para recurrir el fallo de la Audiencia ante el Tribunal Supremo. Las afectadas han rehusado hacer declaraciones al respecto y no han confirmado si presentaran dicho recurso ante la autoridad competente y bajo que argumentos.
Ambas resoluciones de las distintas instancias tienen su origen en la denuncia presentada en 2002 por la compañía Revisa, una pequeña empresa recuperadora de vidrio propiedad de Francisco Fernández, de 41 años. Revisa vio perjudicados sus intereses por las conductas que Competencia sancionó. Fernández asegura que las 'malas prácticas empresariales' de ambas asociaciones le 'obligaron a dejar el negocio' en el año 2000.
Fernández empezó a recuperar vidrio en el noroeste español en 1988, 'cuando los concejales de medio ambiente aún se planteaban si tenían que cobrarme por poner contenedores de reciclado en los pueblos'. Cuando 12 años más tarde se vio obligado a echar el cierre a su empresa, tenía acuerdos con 260 ayuntamientos y con proveedores de la envergadura de Coca Cola. 'Dos años antes de la denuncia, escribimos a la vidriera para decirle que éramos conscientes de que estaban llevando a cabo las actuaciones pertinentes para sacarnos del mercado. No nos dejaban vender el vidrio que recogíamos y tampoco contestaban a nuestras peticiones formales de pertenecer a Ecovidrio', explica Fernández. El único interés del empresario cuando termine todo es reclamar que le resarzan por lo que 'conforme a derecho le corresponde, ni una peseta más ni menos'.