Multa ejemplar de la CNMV a un 'chiringuito' financiero
La CNMV hizo públicas ayer 14 sanciones por faltas graves o muy graves. Entre ellas, estaba la mayor multa impuesta por el supervisor en los últimos dos años: 900.000 euros al chiringuito financiero Carlton Birtal, con sede en Barcelona.
La sanción a Carlton Birtal, empresa que ofrecía servicios de inversión sin estar habilitada para ello, consta de tres multas de 300.506 euros cada una, impuestas a la propia sociedad y a los dos administradores de ésta, John Lewis y Reed Benson. En total son 901.500 euros, la mayor multa impuesta por la Comisión desde 2004, cuando sancionó con 973.000 euros a Asinfi Class, otro chiringuito financiero. Las sanciones son firmes por la vía administrativa, pero recurribles por vía judicial.
La CNMV ya había advertido sobre esta sociedad en 2003, de forma preventiva, y en 2004 anunció la apertura de expediente sancionador por 'el desarrollo habitual de la actividad de recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos'. También requirió a la compañía que cesara en su actividad.
Sin embargo, ayer mismo la página web de Carlton (www.carltonbrital.com) ofrecía servicios de asesoramiento de inversiones, y explicaba en un apartado el contencioso con la CNMV. Según Carlton, la sociedad sólo canalizaba el papeleo entre los clientes y los vendedores finales de los activos.
Paralelamente, la CNMV publicó ayer otras dos sanciones, a las firmas de valores DL Corporation (agencia de valores) y Investment Corporation CJ (sociedad gestora de carteras). En el caso de DL Corporation se han impuesto 24.000 euros por realizar actividades de financiación sin estar habilitada y otros 9.000 por mantener déficit en los saldos de inversiones de bajo riesgo de clientes. Otros 16.000 euros por estos mismos conceptos han sido impuestos a Enrique Capella, miembro de consejo de administración. A Investment Corporation se le ha multado con 12.000 euros por realizar sin permiso actividades de financiación más otros 6.000 por este mismo motivo que deberá pagar su administrador, que es también Enrique Capella.
Finalmente, la Comisión ha sancionado con entre 6.000 y 12.000 euros a otras 12 personas o entidades del mercado por no comunicar de forma correcta cambios en la participación accionarial de sociedades cotizadas. Se trata de Arnhold & Bleichroeder, accionista de Corporación Financiera Alba con un 10,9%, Carlos Colomer, consejero de Indo y con un 3,44% del capital, Juan José Rosillo, consejero de Indo con un 0,064% del accionariado, Imatosgil Inversiones, que tiene el 13,75% de La Seda, Inversiones El Piles, con el 16,83% y un puesto en el consejo de Duro Felguera y Liberty Investments, que tiene el 2,15% de Miquel y Costas. Otras sanciones se han impuesto a accionistas de Urbar Ingenieros: Cameo Enterprise, Rafael Salama, InterAtlantic Capital, Inverfuente, Kredietbak.
Una laguna pendiente de arreglo
La frontera que divide el asesoramiento de la prestación de servicios de inversión es la que divide una actividad sin regular con otra sujeta al escrutinio de la CNMV. Al no existir una figura legal que regule la función de asesoría de inversiones, ésta es libre y puede ser prestada por cualquier persona física o jurídica, que fácilmente puede pasar a prestar los servicios de inversión para los que habría de habilitarse en la CNMV. Como, además, la Comisión no tiene potestad para intervenir en sociedades no registradas, no puede cerrar un chiringuito financiero, y el procedimiento administrativo de sanción puede demorarse durante años. Así, aunque el número de chiringuitos financieros disminuye de un año para otro, éstos siguen siendo una lacra del sistema dado que algunos siguen ofreciendo sus servicios pese a estar ya bajo la lupa del supervisor. El año pasado el regulador recibió 677 consultas sobre este tipo de entidades. Los expertos esperan que la aplicación de la directiva de mercados e instrumentos financieros ponga fin a esta situación. El texto deberá incluir el asesoramiento dentro del ámbito de servicios sometidos a autorización administrativa. Ello solucionará una laguna legal que, además, complica la situación a las entidades que pretenden dedicarse exclusivamente a la asesoría, dado que su actividad se termina entremezclando con la de los chiringuitos.