Cientos de miles de personas protestan en Francia contra el contrato para jóvenes
Francia vivió ayer una nueva jornada de movilización en contra del nuevo contrato para jóvenes, que el Gobierno pretende imponer. Cientos de miles de personas salieron a las calles pidiendo una reforma de este contrato, a lo que el Ejecutivo se muestra inflexible. Las huelgas tuvieron un impacto limitado e irregular en el transporte.
Los primeros datos sobre esta jornada de protesta contra el contrato de primer empleo (CPE) daban cuenta de decenas de vuelos suspendidos, esencialmente interiores, y algunas ciudades en las que el tráfico de metro y autobús se había visto afectado por la protesta, pero en ningún caso paralizado. La convocatoria de paro lanzada por tres sindicatos no mayoritarios obligó a anular 47 vuelos en Lyon (algo más del 10%), y unos 20 en Toulouse y Marsella. En los dos aeropuertos de París, los retrasos era de una hora, como media.
Tampoco hubo problemas en el transporte metropolitano en París, pero sí se registraron dificultades, no generalizadas, en Marsella, Lyon o Nantes. Las programaciones de los medios de comunicación públicos registraron también algunas alteraciones. Con el apoyo de la oposición de izquierdas, todos los sindicatos, así como las asociaciones de estudiantes habían convocado esta segunda jornada de movilización en un mes para exigir la retirada del CPE, que ultima su trámite parlamentario. Ese contrato, destinado a los menores de 26 años en empresas de más de 20 trabajadores, permitirá al empresario poder despedir al joven en cualquier momento durante los dos años que dura el contrato sin tener que dar una justificación, por lo que sus críticos dicen que agrava la precariedad y ataca el derecho laboral. Los sindicatos, que salieron debilitados de la anterior jornada de protesta contra el CPE el pasado 7 de febrero en la que dijeron haber reunido a 400.000 manifestantes, saben que para presionar al Ejecutivo conservador a que retire el CPE harán falta mucho más de 500.000.
Sobre todo porque el primer ministro, Dominique de Villepin, ha querido desde el principio mostrarse firme en implantar el CPE, que no fue negociado con los interlocutores sociales y cuya tramitación parlamentaria aceleró con prerrogativas excepcionales.