"Hay que avanzar en la liberalización de la energía y las telecos"

El PP ha apostado en su convención por una reforma fiscal más agresiva que la del Gobierno y por ofrecer pactos de Estado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y el futuro energético.

Ha trabajado a fondo en las propuestas económicas debatidas en la convención clausurada ayer y va a ser el encargado de pilotar sus conclusiones.

¿En que cambia la convención el discurso económico del PP?

Vamos a centrarlo en la competitividad. Nos preocupan las empresas españolas más abiertas a la competencia exterior. El problema de la balanza por cuenta corriente empieza a ser dramático y es el momento de tomar medidas de choque, aunque no caben reformas estructurales aisladas. Apostamos por una mayor estabilidad macroeconómica y una política fiscal más agresiva que fomente la localización de proyectos industriales en España.

'Prescindir de la opción nuclear puede causarle daños irreversibles a la economía española'

¿Qué medidas concretas defiende para los dos principales desequilibrios de la economía española?

Para combatir la inflación es necesario que la negociación colectiva vincule los salarios a la productividad. Sindicatos y empresarios tienen que esforzarse en esta dirección. Hay que incentivar los aumentos de productividad en un momento en el que el crecimiento a través de incrementos de población se va a terminar porque la economía va a llegar a su tope máximo de absorción de mano de obra. En segundo lugar, no se puede dar marcha atrás en la liberalización de los mercados, como acaba de suceder con las tarifas eléctricas. Hay que abrir los mercados energéticos y de telecomunicaciones. Además, para facilitar las exportaciones hace falta afrontar una reducción muy importante del Impuesto sobre Sociedades porque todos los países de la OCDE están en una senda de reducción de tipos. También se necesita un mayor control del gasto público para garantizar la continuidad del superávit presupuestario. Por último, hay que estimular desde el IRPF el ahorro de las familias para financiar el desarrollo de la economía ya que las futuras subidas de tipos van a encarecer este ahorro y el crecimiento de algunos países va a demandar financiación comunitaria ajena para desarrollar sus proyectos.

¿Qué tratamiento proponen en su reforma fiscal para las plusvalías?

No necesitan cirugía. Nuestra reforma funcionó razonablemente bien y están bien tratadas. La reforma fiscal propuesta por el Gobierno puede distorsionar los mercados. Nosotros no abordamos el tratamiento de las plusvalías y nos concentramos en la reducción de los tipos de Sociedades y en la apuesta por las amortizaciones aceleradas para inversiones en elementos productivos.

¿Cuál es el tipo ideal para Sociedades?

Proponemos la aproximación a los países de la OCDE bajando 10 puntos, hasta el 25%, el general y hasta el 20% el de las pymes. Hay países en la UE, sobre todo los de la ampliación, que están con tipos muy por debajo de estos porcentajes. En todo caso, nosotros no estamos en condiciones de hacer una reducción como la irlandesa, con tipos al 12%, porque desde el punto de vista presupuestario sería insostenible.

¿Han calculado el gasto fiscal que podría asumir en estos momentos el Estado?

Depende de las políticas que hagamos. Si le damos 800 euros al mes a cada emigrante como propone Rafael Simancas líder de la Federación Socialista Madrileña, pues no habría margen para nada. En todo caso, con el horizonte de crecimiento de la recaudación que tenemos habría margen para que el Estado asumiera un gasto fiscal de entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Nosotros daríamos prioridad al fomento del ahorro y al Impuesto de Sociedades porque el IRPF ya ha tenido dos reformas que han rebajado la presión fiscal individual. Lo que no entendemos es que el Gobierno presuma de aumentos en la recaudación de 10.500 millones y no rebaje la presión fiscal efectiva, sobre todo a las empresas.

Acaban de ofrecer al Gobierno pactos de Estado sobre política energética y financiación autonómica.

Sí, de esta última va a depender el músculo financiero del Estado para acometer las políticas de ordenación general de la economía y los recursos de las comunidades para prestar servicios esenciales. Hay que pactar un sistema de financiación para un horizonte largo. También hace falta un gran debate nacional serio y desapasionado sobre el sector energético para garantizar el crecimiento económico y el cumplimiento de los objetivos de Kyoto. Si España quiere garantizar el crecimiento no puede prescindir de ninguna fuente de energía. Prescindir de la opción nuclear puede causarle daños irreversibles a la economía española.

'El pacto de las pensiones no ha saltado por los aires'

El máximo responsable de política económica del PP considera urgente abrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que, a su juicio, debería empezar por aclarar la fecha en la que la Seguridad Social podría empezar a ser deficitaria. 'El PP quiere poner en marcha cuanto antes esta discusión ya que se manejan muchas fechas posibles por parte de los expertos'. 'A partir de ahí', añade Arias Cañete, 'habrá que hacer propuestas para la reforma del sistema, pues es un pacto que no ha saltado por los aires. Sería nefasto que no hubiera unidad de acción en este campo'.Cañete también es partidario de que el Gobierno promueva la reforma del mercado laboral, ante el estancamiento de las conversaciones que mantienen al respecto empresarios y sindicatos. 'Las indexaciones automáticas al crecimiento de los precios en un contexto tan inflacionista pueden afectar gravemente al crecimiento', mantiene. A su juicio, la normativa vigente 'está haciendo demasiado atractivos los contratos temporales'. De ahí que la convención clausurada ayer apostara por acercar el coste del despido de los diferentes contratos para combatir la temporalidad. 'No obstante', matiza, 'no se trata tanto de abaratar el coste del despido como de acercar los niveles de protección de manera que la normativa no desincentive la contratación fija'.

Dos criterios para el relevo de Caruana

En primer lugar, que tenga peso en el Banco Central Europeo. La otra condición es que conozca a fondo el funcionamiento del Banco de España. Estos son los dos criterios que, en opinión de Miguel Arias, deben regir el próximo relevo de Jaime Caruana al frente de esta institución. 'Nos gustaría un gobernador que tuviera peso y respeto en el concierto europeo, pero también tiene que conocer el Banco por dentro porque éste necesita reformas, entre ellas reforzar las áreas de supervisión e inspección'. 'Hoy', recuerda, 'las cajas de ahorro tienen una dimensión económica y un peso de sus carteras industriales que antes no tenían'.