Bruselas acusa a España de cerrar el mercado de las cementeras
La UE ha advertido al Gobierno español de que la norma sobre el sector cementero incumple la directiva comunitaria. El texto exige controles adicionales al cemento con la marca CE que levanta barreras ilegales de entrada en este mercado. Si no corrige el decreto del anterior Gobierno, amenaza con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
El cemento con la marca CE (Comunidad Europea) no tiene fronteras, al menos en el territorio comunitario. Pero España, según la Comisión Europea, está exigiendo ilegalmente que los cementos fabricados en otros países de la Unión acrediten de nuevo su calidad antes de poder comercializarse. El departamento comunitario de Empresa e Industria, que dirige el comisario europeo Günter Verheugen, ha advertido por escrito al Gobierno español de que esa exigencia contraviene la normativa comunitaria. Y amenaza con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia europeo si no se suprime ese control adicional.
El conflicto entre las autoridades nacionales y comunitarias arranca con el real decreto sobre instrucciones 'para la recepción de cementos' aprobado el 23 de diciembre de 2003 y publicado en el BOE un mes después. La Asociación Española de Importadores Independientes de Cemento (Aseince) envió una queja en abril de 2004 a la Dirección general de Empresas e Industria de la Comisión Europea. En ella denunció que esa norma provoca una barrera u obstáculo a la libre circulación, comercialización y utilización de cementos frente a lo que ocurre en el resto de países de la UE. Tras abrir la investigación, un año y medio después, Bruselas envió una respuesta en noviembre a la asociación, que tiene una cuota de en torno al 33% en importaciones españolas.
La Comisión Europea asegura que el real decreto español incumple la directiva europea sobre productos de construcción e impone requisitos ilegales a la comercialización de un material como el cemento cuya producción está cubierta por un estándar europeo (el EN 197-1:2000).
La CE emitirá un dictamen sobre el decreto del anterior Ejecutivo
Controles y seguros añadidos
La directiva establece la obligación de todos los Estados miembros de permitir la comercialización en su territorio de los materiales de construcción que hayan superado los controles de producción en otro país de origen. Bruselas, después de la investigación, refrenda la visión de la asociación denunciante, que agrupa a varias cementeras independientes, entre las que figuran Cementos La Unión, PSE, Cementos de Levante o Ademosa, entre otras. Así, la CE considera que la normativa española levanta barreras ilegales a la libre circulación de un producto del que España es el segundo consumidor per cápita de la Unión Europea (sólo por detrás de Luxemburgo, según los datos de la patronal europea del sector).
La asociación independiente confía en un dictamen de Bruselas que exija al Gobierno español un cambio en el texto legal para 'poner fin al incumplimiento' de la directiva, según fuentes de Aseince. Pero antes de esta resolución la UE deberá examinar la contestación que le envíe el Ejecutivo.
La Comisión acusa a España, en concreto, de definir de manera restrictiva el tipo de instalaciones que pueden calificarse como aptas para fabricar cemento, dejando fuera del mercado a los centros de producción que no aparecen en el listado del Decreto.
El papeleo exigido para despachar cemento en España tampoco es aceptable desde el punto de vista de la CE. Bruselas considera excesiva la documentación que se pide para comercializar cemento estandarizado, la cual incluye desde el albarán de entrega hasta certificados estadísticos mensuales sobre la producción del fabricante.
El decreto impone, por último, una serie de ensayos de identificación y control antes de la recepción del cemento que para la Comisión resultan incompatibles con la legislación europea. El artículo 11 del decreto señala que 'en el caso de los cementos comunes en posesión del marcado CE, no será necesaria la realización de los ensayos de control'. Pero a renglón seguido faculta al responsable de la recepción para imponer esos ensayos. Una discrecionalidad que parece encajar muy mal con la libertad de comercialización prevista en la directiva europea.
En el escrito enviado al Gobierno español, Bruselas también le da un toque de atención porque el decreto exige a los fabricantes 'un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de cinco millones de euros'.
El Ejecutivo comunitario vigila muy de cerca al sector cementero. Desde que le impuso una histórica multa en 1994 mira con lupa cualquier cambio que pueda contravenir el libre mercado.
El sector que recibió la mayor multa anticártel
1994 fue el peor año de la historia para las cementeras. Tras una larga investigación, la Comisión Europea impuso a cuarenta y dos empresas del sector y algunas patronales la mayor multa anticártel que jamás ha recibido ningún sector: 250 millones de euros. Entre las damnificadas había cinco españolas: Valenciana de Cementos (hoy en manos del gigante mexicano Cemex), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (la patronal Oficemen), Uniland, Hibalsa y Asland. La UE les acusó de formar un cartel secreto para defender sus cuotas de mercado. Las cementeras se movilizaron y seis años después la Corte de Primera Instancia de la UE rebajó a la mitad la histórica sanción, a 110 millones. Aunque en 2005 tuvieron peor fortuna y tras recurrir al Tribunal de la UE sólo redujo las multas a seis cementeras, ninguna española.