El CES pide a Trabajo que concrete la prestación de dependencia y la financiación
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer el dictamen del anteproyecto de la Ley de Dependencia y valoró el texto remitido por el Gobierno, aunque pidió que se concreten las prestaciones básicas, garantizando la equidad interterritorial, y el nivel del copago por parte de los usuarios.
El informe del CES, organismo consultivo en el que participan empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, fue aprobado con 42 votos a favor y 5 en contra, mientras que el representante de ELA, Mikel Noval, y varios miembros de las organizaciones de consumidores anunciaron votos particulares.
Según el dictamen, el sistema nacional de atención a las personas dependientes que creará la ley supone 'un avance fundamental en el proceso de modernización del sistema de protección social'.
No obstante, es necesario que se precise en el texto el contenido mínimo de las prestaciones y servicios que garantizará la Administración General del Estado, de modo que 'responda a los criterios de suficiencia' y satisfaga de manera digna las principales necesidades de las personas dependientes en todo el territorio nacional.
Tras el debate, se aprobó también una enmienda para que el Gobierno delimite en la ley los criterios generales que permitan determinar, en un posterior desarrollo reglamentario, la participación de los usuarios en el pago de las prestaciones.
El CES avala que la implantación del sistema de atención a las personas dependientes se haga de forma gradual, pero pide que se especifique que la financiación será 'estable, suficiente y sostenida en el tiempo', 'asegurando la corresponsabilidad de todos los implicados'.
Por otra parte, destaca la necesidad de que, a la hora de planificar los recursos, junto al volumen de población dependiente se tenga en cuenta el peso de la población rural y sus dificultades de acceso a las prestaciones, 'a fin de lograr el reparto equitativo de las recursos y la igualdad real en el acceso'.
El dictamen llama también la atención sobre la importancia de que se articule el régimen de cooperación y de financiación entre la Administración y las Comunidades, de modo que el desarrollo del sistema se dote de 'eficiencia y efectividad' a través de los convenios que se suscriban.