El catastro será gestionado por un consorcio
El modelo de financiación que el Gobierno pretende impulsar incluirá el traslado a las comunidades autónomas de la máxima capacidad normativa en el IRPF, el IVA minorista, algunos impuestos especiales y los tributos cedidos. La foto final del sistema no se conocerá hasta que haya entrado en el Congreso buena parte del rosario de reformas estatutarias que se avecinan, aunque el Estatuto catalán marcará las líneas de trabajo fundamentales. El catastro será gestionado a través de un consorcio de nueva creación
La experiencia demuestra que las comunidades han hecho un uso muy pobre de la capacidad normativa que disfrutan sobre los tramos de los impuestos cedidos, pero es a partir de ahora cuando la situación puede cambiar ya que con los últimos traspasos de la sanidad y la educación, sumados a los que incorpora en distintas materias el Estatuto catalán, prácticamente todas las comunidades alcanzarán sus techos competenciales. A partir de ahí, el Gobierno opina que no podrán buscar soluciones a sus insuficiencias financieras mediante el aumento de los recursos procedentes del Estado, aunque el año pasado se produjo una excepción, que costó 1.600 millones, para cubrir los movimientos de población en el terreno sanitario.
Con estos precedentes, el Ejecutivo central ha concluido que el futuro modelo de financiación debe trasladar a las comunidades la máxima capacidad normativa en el IRPF, el IVA minorista y los impuestos especiales no ligados a la fabricación, como fuentes de ingresos propios a través de los impuestos cedidos y de los que compartirán con el Estado. El camino a seguir, pues, será el que ya está abierto con el denominado céntimo sanitario, que permitirá a los distintos territorios ajustar los ingresos a sus gastos sin pelear contra el Gobierno central por lograr mayores recursos.
Los únicos límites que se impondrá el Gobierno en la transferencia de la capacidad normativa vendrán dictados por el sentido común, de ahí que haya excluido de la lista el Impuesto de Sociedades, casi imposible de territorializar, además del IVA no minorista, y también por la progresiva armonización impositiva que se irá dando en la UE. En breve, el Gobierno comenzará a negociar en Bruselas la posibilidad de ceder a las comunidades el IVA en fase minorista, decisión que llevará su tiempo puesto que se requerirá el acuerdo a 25. Esta es sólo una de las vías abiertas por el futuro Estatuto catalán. Hay otras de interés.
Gestión de Impuestos. La reforma procedente de Cataluña sienta las bases para que el conjunto de las comunidades gestione los tributos que se puedan territorializar, lo que excluye el de Sociedades, el IVA y los especiales de fabricación. No obstante, el Gobierno ha dejado expedito el camino para delegar también la gestión de otros impuestos cuando su naturaleza así lo aconseje. Esta ambigüedad es fruto del desacuerdo con CiU. Una capitulación del Ejecutivo en este sentido hubiera supuesto, por ejemplo, que entre Madrid y Cataluña gestionaran el 60% del Impuesto sobre Sociedades. Para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos estatales no cedidos que se recauden en Cataluña se creará antes de mediados de 2008 un consorcio en el que participarán de forma paritaria la Hacienda estatal y la futura Agencia Tributaria de Cataluña. El Gobierno aspira a que en este mismo consorcio se gestionen también los impuestos cedidos.
Rendimientos. Uno de los criterios que han movido al Ejecutivo a aumentar el porcentaje de cesión de impuestos (50% de IRPF, 50% de IVA y 58% de especiales) descansa en las distorsiones creadas por el fuerte aumento de la inmigración (8% de la población residente) en la aplicación del modelo de financiación vigente desde 2001. Al poder obtener mayores ingresos propios, las comunidades afrontarán de forma más inmediata el agravamiento de problemas derivados de las prestaciones sanitarias o educativas, capítulos que en algunas de ellas absorbe el 80% de su presupuesto. Con este sistema, en los ingresos pesará más el crecimiento económico de cada territorio que el del Estado.
Solidaridad. En el Gobierno se observa con satisfacción la disponibilidad de Cataluña a contribuir con sus recursos a la solidaridad con el resto del Estado. El Estatuto introduce el criterio de capacidad fiscal a la hora de regular el nivel de dinero destinado a financiar sus servicios y admite que estos recursos puedan ajustarse para garantizar la igualdad de prestaciones básicas en el resto de los territorios.
Inversiones. El Estatuto catalán introduce la garantía de que la inversión estatal en infraestructuras se equipare durante siete años a la participación relativa del PIB de esta comunidad con relación al del Estado. Como se excluye el Fondo de Compensación Interterritorial y los fondos estructurales, el resultado será que comunidades como Andalucía recibirán al final mayores porcentajes de inversión que Cataluña.
Catastro. Un consorcio en el que participarán el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se ocupará de su gestión. Con ello se garantizará la plena disponibilidad de las bases de datos para todas las administraciones públicas y la unidad de la información.
Tribunales económico-administrativos. Cuando entre en vigor el nuevo sistema de financiación, las comunidades autónomas dispondrán de órganos propios para revisar las reclamaciones de los contribuyentes contra decisiones dictadas por las agencias tributarias que ellas mismas creen.
Una reforma sin fecha fija
El alumbramiento del nuevo modelo de financiación no estará exento de sobresaltos, más allá de los que pueda deparar aún el Estatuto catalán. El Gobierno tiene que poner primero de acuerdo a las comunidades gobernadas por el PSOE y esperar después la respuesta de los siete territorios que gobierna el PP, donde es posible que se produzcan, como en las carreras ciclistas, algunas escapadas en solitario. En la sede popular de Génova, 13, se miran con lupa los movimientos de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, una de las más beneficiadas por el modelo incorporado al Estatuto catalán.El Ejecutivo medirá la temperatura de estas comunidades en el Consejo de Política Fiscal convocado para el próximo martes, en el que se analizará el futuro del IRPF y se constituirá el grupo de trabajo comprometido por Zapatero en la Conferencia de Presidentes para diseñar el nuevo sistema de financiación.Los plazos establecidos en el Estatuto de Cataluña para la aplicación de los principios del nuevo modelo dan de sí hasta mediados de 2008 si se da por buena la celebración del referéndum antes del verano. La carrera que el Gobierno afrontará hasta entonces tendrá las siguientes paradas: reforma fiscal (pendiente de negociar con los socios parlamentarios), elecciones locales y autonómicas (mayo de 2007) y comicios catalanes (noviembre de 2007). Las legislativas, que coincidirán con las europeas y las andaluzas, tocan en marzo de 2008.