22.000 viviendas donde había un Campamento

Ayer comenzó el derribo de los viejos cuarteles en Madrid para iniciar unas obras que se prolongarán durante unos cuatro años

Un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el desarrollo de la denominada 'Operación Campamento', ayer comenzó otra vez la cuenta atrás de una de las operaciones urbanísticas más importantes de España con el acto simbólico en el que se procedió a la demolición de los cuarteles.

Gracias al acuerdo alcanzado por todas las Administraciones implicadas (Gobierno central, ayuntamiento y comunidad), nueve millones de metros cuadrados de uso militar darán paso, en dos fases, a un nuevo barrio con 22.100 viviendas y una población estimada en más de 50.000 personas.

Al contrario que en la Operación Chamartín, que continúa bloqueada por el desacuerdo entre Administraciones sobre los usos del suelo, en ésta, que data de principios de los noventa, el consenso ha sido posible por el impulso dado desde el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos. No obstante, el Departamento que dirige José Bono no ha explicado oficialmente a cuánto ascenderán las plusvalías que obtendrá con la venta de ese suelo, se ha limitado a indicar que se cederán a 'precios razonables'. Quienes sí parecen haber hecho números son los responsables de la Comunidad de Madrid.

La presidenta, Esperanza Aguirre, criticó que para construir las 2.000 viviendas protegidas que proyecta la región, va a tener que pagar el suelo 'al precio que paga cualquier otro promotor', lo que supondrá un desembolso de 33,6 millones de euros. Según Aguirre, las plusvalías de Defensa en toda la operación ascenderán a 360 millones, 'dinero que esperamos que se dedique a infraestructuras en beneficio de todos los madrileños'.

Dado que todavía falta por desarrollar todo el proceso urbanístico (aprobación del plan parcial, un proyecto de urbanización y otro de reparcelación antes de que comience de forma efectiva la edificación), los primeros cálculos estiman que las casas llegarán en cuatro años.

Al mismo tiempo está proyectada la construcción de un túnel de cuatro kilómetros con tres carriles por cada sentido que conectará la M-40 y la carretera de Boadilla con la M-30 bajo la A-5 (carretera de Extremadura), valorado en 617 millones que pagarán al 50% Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Madrid.

En transporte público, tanto Ayuntamiento como Comunidad han garantizado que esta vez las nuevas infraestructuras llegarán a la vez que los vecinos. Así, la prolongación de la línea 10 de metro ya tenía previstas nuevas estaciones y los responsables municipales han anunciado la implantación de nuevos trayectos de autobús con carril exclusivo por la A-5 y la reserva de suelo para construir un nuevo intercambiador de transportes.

Se crearán equipamientos sociales, educativos y deportivos, así como el mantenimiento de algunas instalaciones militares, como el Servicio Geográfico del Ejército, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro Deportivo de La Dehesa, el de San Jorge y el Colegio del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.