Fomento retrasa el gran negocio de las autovías
Las constructoras tendrán que esperar algo más de lo previsto para pujar por los primeros contratos de remodelación de las autovías más antiguas. El Ministerio de Fomento les acaba de transmitir que los plazos se alargan por los trámites pendientes, entre ellos con Medio Ambiente. No pone fecha, pero el sector cree que puede aplazarse hasta después del verano.
Los mayores contratos que se han licitado nunca en conservación de carreteras, por más de 1.800 millones, sufren otro retraso. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció a las principales constructoras hace dos semanas que el plan para poner a punto las autovías más antiguas de la red se ponía en marcha de forma inmediata, pero los obstáculos medioambientales que se habían salvado tienen que concretarse, además de faltar otros trámites. Aunque ha eludido poner una fecha, el ministerio ha dado a entender que esto supone meses y así lo acaba de transmitir al sector.
Las constructoras que se dedican al negocio de conservación de carreteras llevan años reclamando y esperando el nuevo plan para adjudicar por concesión la mejora y mantenimiento de las llamadas autovías de primera generación, la A-1 Madrid-Irún, A-2 Madrid-Barcelona; A-3 Madrid Valencia y A-4 Madrid-Córdoba. Consideran que las actuales concesiones están obsoletas.
Pero con el último mensaje recibido por el ministerio, se esfuma la posibilidad de tener los concursos en marcha antes del verano, como contaba el sector de acuerdo con la marcha de los trámites de Fomento. Varias patronales cuentan con que puede aplazarse hasta septiembre. Oficialmente, el ministerio afirma que no hay retrasos, que tampoco hay plazos previstos y no descarta que algún concurso salga antes de julio.
Los contratos, por casi 2.000 millones, son uno de los planes estrella de carreteras para este año
La idea de Fomento es repartir la red autovías antiguas en unos 18 tramos, 11 de los cuales ya habían recibido el visto bueno de Medio Ambiente para no pasar por una declaración de impacto ambiental (DIA). Pero esto debe plasmarse en un expediente ratificado con informes autonómicos. Además, el ministerio debe sacar a información pública el proyecto, las condiciones finales y permitir alegaciones. Los trámites difícilmente pueden acabar antes de junio, según fuentes del sector.
El proyecto, previsto como uno de los planes estrella de la licitación en carreteras para este año, no lo será tanto por la inversión prevista (más de 1.800 millones de euros), que también, sino por la fórmula de financiación elegida: un sofisticado peaje en sombra. Con este mecanismo es la administración licitadora, y no el usuario, el que paga al concesionario por la realización de una obra o la prestación de un servicio. La novedad de este peaje en sombra, cuyo objetivo es no engrosar los ajustados números de las cuentas públicas, es que se abonará a los adjudicatarios según el cumplimiento de objetivos previos, con lo que las empresas concesionarias obtendrán mayores beneficios cuanto mejor sea su gestión al frente de la infraestructura a su cargo, ya que no tendrán ningún pago mínimo garantizado.
En España se ha utilizado hasta ahora para costear la construcción de nuevas autovías pagando a los concesionarios según los tráficos previstos, lo que permite a la Administración diluir su efecto en las arcas públicas durante varios ejercicios presupuestarios. Ahora pretende utilizarse para la remodelación de infraestructuras ya existentes y atendiendo a criterios como el estado de conservación, la correcta iluminación de la vía, o los tiempos de respuesta en caso de accidente. La iniciativa no descarta que en un futuro sean las adjudicatarias quienes gestionen directamente los flujos de tráfico de estas carreteras hasta tal punto de ser ellas y no la Dirección General de Tráfico quienes decidan qué carriles cortar o duplicar en operaciones salida para paliar los atascos.
Demanda Las empresas especializadas luchan por defender su hueco
Desde que el actual Gobierno tomó la determinación de impulsar la reforma y el mantenimiento de las autovías más antiguas de la red, las empresas especializadas en este negocio remueven cielo y tierra por defender su hueco en lo que consideran su parcela natural.Es un intento, que viene de lejos, de hacer frente a la presión de las grandes constructoras en el mercado. Todas tienen una división de conservación de carreteras y compiten con un enjambre de sociedades de menor tamaño también volcadas en ese negocio.Las asociaciones del sector piden que en las condiciones de los contratos se respete este hueco para las especializadas. Aparece en algunos borradores manejados, pero aún no está aprobado el criterio definitivo, según fuentes del sector.El plan de reforma de estas autovías, que requerirán obras de mejora, están pendientes desde 1999, con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento, y la financiación ha sido el aspecto que ha ido demorando año tras año su consecución.Una vez decidido el impulso, en un primer momento se pensó que podría ser un proyecto de la recién creada Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre), poco después se descartó esa idea.