Las empresas deberán implantar un canal para denunciar irregularidades
El borrador de Código Unificado contiene numerosas novedades. Entre ellas, la sugerencia de que los comités de auditoría de las sociedades cotizadas establezcan y supervisen un mecanismo que permita a los empleados comunicar de forma anónima o confidencial las irregularidades que adviertan en la empresa.
Endesa, Telefónica, Telefónica Móviles, Repsol, BBVA o Santander ya tienen establecidos canales específicos para que los empleados puedan denunciar de forma anónima las posibles irregularidades que desde el punto de vista de los estados financieros o los comportamientos poco éticos puedan detectar en el desarrollo de su trabajo. Para todas ellas, que cotizan en el mercado estadounidense, se trata de una exigencia legal impuesta por la Sarbanes-Oxley. La norma les obligaba a poner en marcha de este tipo de canales de denuncia desde el pasado mes de agosto.
Pero la sugerencia de poner en marcha este canal que se ha introducido en el borrador del Código Unificado dentro de las recomendaciones que corresponden al buen funcionamiento del comité de auditoría puede hacer que su implantación se extienda como un elemento más de gestión dentro de las sociedades cotizadas. El canal de denuncias de irregularidades es una herramienta mediante la que el legislador estadounidense ha pretendido evitar la aparición de escándalos del tamaño de los sufridos por empresas como Enron o Worldcom, que salieron a la luz pública precisamente por denuncias internas. Y a pesar de su utilidad se trata de un elemento sobre el que los autores del Código Unificado reconocen que se ha debatido mucho y se han escuchado muchas opiniones.
La puesta en marcha de un canal de denuncias está avalada por los resultados. De acuerdo con algunos estudios como el llevado a cabo en EE UU por la Association of Certified Fraud Examiners, las empresas que ya disponían de este tipo de canales en EE UU antes de la entrada en vigor de la ley sufrían menos fraudes que las que no lo tenían. Además, de acuerdo con un estudio elaborado por Ernst & Young, cerca del 40% de todos los fraudes que sufren las compañías se previenen o se detectan por denuncias anónimas.
Sin embargo, el término anonimato o confidencial es uno de los puntos calientes que han ocasionado un mayor número de deliberaciones sobre la recomendación de establecer un canal para la denuncia de irregularidades. Los autores del Código reconocen que si el canal es confidencial y no anónimo, 'la medida es muy limitada'. Según los expertos, los empleados españoles no confían demasiado en este tipo de canales. No se fían de su verdadera confidencialidad o anonimato y tampoco llegan a involucrarse en la defensa de intereses comunes.
Precisamente para garantizar en mayor medida el anonimato Endesa decidió externalizar su canal de denuncia de irregularidades. En este caso, aunque la responsabilidad de la tramitación de las denuncias se mantiene en el comité de auditoría, es una empresa ajena, una sociedad estadounidense denominada Ethiscspoint, la encargada de canalizar las posibles denuncias que puedan interponer los empleados de la eléctrica.
Auditoría interna
La recomendación del Código Unificado para que el comité de auditoría establezca un mecanismo que permita a la plantilla comunicar situaciones irregulares en la empresa tiene mucho que ver con la mayor importancia que los autores del borrador de código de buen gobierno quieren adjudicar al comité de auditoría. El nuevo código recomienda además a las empresas disponer de un servicio de auditoría interna que estará bajo la supervisión del comité de auditoría y debe velar por el buen funcionamiento de los sistemas internos de información y control. El código insiste en la conveniencia del departamento de auditoría interna ya que añade que 'si la sociedad no dispusiera de dicho servicio, deberá evaluarse la conveniencia o no de crearlo'.
Telefónica lleva el buen gobierno a un manual
Las empresas que cotizan en el mercado estadounidense temblaron con la llegada en 2002 de la Ley Sarbanes-Oxley y criticaron su exceso de rigor, su intervencionismo y los extremados costes que suponía la puesta en marcha de un buen número de nuevos requisitos para garantizar la transparencia de la gestión y la fiabilidad de la información financiera. Sin embargo, las sociedades que ya aplican la ley reconocen no sólo los beneficios logrados para el buen gobierno, sino también para la mejora de la gestión interna de la empresa y la eficiencia de los procesos. Así lo aseguran, por ejemplo, Jesús Aisa, subdirector general de auditoria interna de Telefónica y Rafael del Río, director de auditoría financiera de la misma empresa. Sin embargo, también afirman que la puesta en marcha de todos los requisitos establecidos en la ley de buen gobierno de EE UU no son sencillos. Por eso decidieron sistematizar los procesos exigidos en la norma e incluirlos en un manual que elaboraron bajo la supervisión de su auditor (entonces Deloitte).La obra, de cerca de 800 páginas, tiene por objetivo servir de ayuda para la planificación y poner en marcha un sistema de control interno para el reporte de la información financiera. Y entre otros aspectos explica cómo poner en marcha el canal de denuncias que la empresa que preside César Alierta puso en marcha el pasado mes de julio. Pero el Manual de control interno para el reporte de la información financiera de Telefónica tiene la intención no sólo de servir de guía dentro de la empresa. Sus autores también creen que se trata de una excelente herramienta que quieren poner a disposición de otras empresas que, como la suya, deba aplicar por ley o por decisión propia, los requisitos que en materia de control interno establece la Sarbanes-Oxley.