El Gobierno sube los impuestos del tabaco para frenar el consumo de las marcas baratas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una subida de los impuestos que se aplican a la venta del tabaco. El objetivo del Gobierno es combatir el mayor consumo de cigarrillos que se ha registrado en los últimos meses, sobre todo entre la gente joven, como consecuencia de la irrupción en el mercado de marcas de cigarrillos baratos.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha dicho que el objetivo de este real decreto no es recaudatorio, sino que busca frenar el consumo asociado a las marcas de bajo coste que la industria tabacalera ha sacado a la venta para contrarrestar la Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en todos los centros de trabajo y en determinados establecimientos de ocio desde el pasado 1 de enero.
La subida afecta a la parte del impuesto conocida como ad valorem, que se incrementa en un punto porcentual, pasando del 54,95 al 55,95%. Una subida que se unirá al incremento del impuesto específico hasta los 6,20 euros por cada 1.000 cigarrillos, dos euros más que hasta ahora. El Gobierno no puede intervenir en la fijación de los precios del tabaco, ya que, según las normas europeas, son establecidos libremente por los fabricantes. Sin embargo, el Ejecutivo sí puede modificar la fiscalidad sobre este producto, aunque el traslado o no del aumento a los precios de venta al público es una decisión que corresponde a los fabricantes.
El éxito que han cosechado las marcas baratas desde su irrupción en el mercado -que motivó que pese a que el precio del tabaco subiera en 2005 un 6,3%, el consumo de tabaco, en lugar de descender continuó aumentando-, han llevado al Gobierno a tomar medidas como ésta.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la norma "responde a razones de tipo sanitario", ya que "parece justo que un producto que ocasiona un grave perjuicio para la salud y que por tanto tiene que tener una fiscalidad adecuada", ha dicho.
"Cruzada antitabaco"
Muy distinta es la percepción que de esta subida tienen los fumadores, que se sienten perjudicados y perseguidos por el Ejecutivo. Para el director del Club de Fumadores por la Tolerancia la "cruzada antitabaco" iniciada por el Gobierno socialista no responde únicamente al interés por la salud de los ciudadanos, sino que tiene detrás otras motivaciones. Según Garrido, la actuación del Ejecutivo en esta materia responde a las expectativas de determinados "sectores muy interesados en que la gente deje de fumar, colocándoles entre la espada y la pared para que acudan desesperados a comprar un tratamiento para abandonar su adicción".
Además, se ha mostrado "atónito" ante el hecho de que en menos de tres meses el Gobierno haya aprobado dos subidas de impuestos que afectan al tabaco y se haya puesto en marcha una Ley Antitabaco "de las más restrictivas de Europa".