Los flecos sobre financiación retrasan el pacto
El Gobierno ofreció ayer a las fuerzas del tripartito catalán y a CiU aumentar la cesión del IRPF y de los Impuestos Especiales hasta el 50%, así como la obtención del IVA en fase minorista. También admitió la posible creación de una única agencia tributaria consorciada en Cataluña. ERC, Iniciativa y CiU esperan recibir una propuesta más ambiciosa para dar su visto bueno definitivo al Estatuto.
CiU y Esquerra Republicana han convocado reuniones de sus ejecutivas para hoy viernes con el fin de calcular en términos políticos el calendario y la escenificación del posible acuerdo. Se produce así, en el caso de CiU, una secuencia similar a la que se vivió el pasado mes de octubre en Cataluña cuando su líder, Artur Mas, amagó con vetar el Estatuto y sólo dio marcha atrás en el último minuto tras alcanzar un compromiso personal con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Está buscando CiU ahora acaparar el mismo protagonismo que entonces? El PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña así lo creen, pero los dirigentes de la coalición lo niegan y hacen descansar sus dudas sobre desencuentros de contenido relacionados, sobre todo, con la financiación y la definición de Cataluña. No se conforman con incorporar el término 'nación' al preámbulo del Estatuto y en ello arrastran a ERC.
Las exigencias de máximos relacionadas con la financiación no han sido satisfechas por el Gobierno en la propuesta verbal que éste trasladó ayer a la mesa de negociación. No obstante, aunque no hay posibilidades de que Cataluña tenga una agencia tributaria única que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos, el Gobierno dio ayer un paso adelante al admitir la posible creación de una única agencia que funcione consorciada con la del Estado.
La insistencia del tripartito catalán en la obtención de una agencia tributaria única guarda relación, en parte, con su interés en ingresar sin retrasos cada año la recaudación que le corresponde por el tramo cedido del Impuesto sobre la Renta, de un 33% en la actualidad. Con una agencia tributaria propia, la Generalitat tendría acceso a las cifras de recaudación a nivel nacional, lo que permitiría a la hacienda autonómica comprobar en tiempo real el crecimiento de los ingresos. El sistema tal y como está diseñado en la actualidad lleva a que el Gobierno prevea anualmente el crecimiento aproximado de los ingresos tributarios y que luego sea la Intervención General del Estado la que, con dos años de retraso, examine el comportamiento de los mismos. La liquidación, por tanto, a Cataluña y al resto de las comunidades de lo que les corresponde realmente por el tramo cedido de IRPF se está produciendo con 24 meses de retraso, algo que el tripartito catalán quiere resolver, máxime si se tiene en cuenta la disposición del Gobierno a aumentar la cesión de este Impuesto hasta el 50%. El tripartito espera que en los próximos días Hacienda mejore esta propuesta y acceda a que se cree una especie de ventanilla única a través de la que sea posible recaudar todos los impuestos, una oferta a mitad de camino entre la aspiración de la Generalitat a disponer de una agencia tributaria exclusiva que se ocupe de la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos y de la firme resistencia del Ejecutivo central a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desaparezca de Cataluña o, sencillamente, quede relegada a un segundo plano.
El Gobierno ofreció también ayer la cesión del IVA en fase minorista y elevar la cesión de los Impuestos Especiales que gravan la gasolina, el tabaco y el alcohol hasta el 50%, frente al 40% actual.
En los cálculos del Gobierno se cifra en 700 millones los recursos adicionales que se introducirían en el nuevo modelo de financiación cuando se generalice al conjunto de las comunidades autónomas, salvo las que disfrutan de régimen foral.
Aportación a la solidaridad
Las reservas expresadas ayer por CiU y ERC, sobre todo, tienen que ver con los efectos que tendría para su comunidad aceptar este aumento de la capacidad normativa sin tener antes de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) garantías suficientes sobre los beneficios que reportaría para Cataluña la modulación de los mecanismos de solidaridad.
Antes de contribuir a los fondos previstos en la ley, Cataluña ocupa el cuarto lugar en el ranking de renta, puesto que se dispara hasta el séptimo una vez saldada su contribución al resto del Estado.
El Ejecutivo admite poner límites a la contribución catalana a la solidaridad
El Ejecutivo central se comprometió ayer a establecer una cláusula para fijar límites a la contribución de Cataluña a la solidaridad, pero se produjeron discrepancias entre los negociadores sobre el redactado final.CiU, sobre todo, recela también del compromiso que les expresó el Gobierno para que el Fondo de Suficiencia, dotado cada año con más de 20.000 millones de euros, sólo se destine a nivelar los servicios que las distintas comunidades prestan, sobre todo, en el campo de la enseñanza y la sanidad. En todo caso, la aspiración del tripartito es tener que aportar cada vez menos a dicho fondo.Por si fallaran las previsiones, las fuerzas del tripartito también exigieron ayer al Gobierno que explicite en el Estatuto la garantía de que Cataluña recuperará el retraso acumulado en las inversiones del Estado. Iniciativa per Cataluña considera razonable que el porcentaje inversor se acerque lo más posible al 18%, el mismo en el que se cifra la aportación de esta comunidad al Producto Interior Bruto estatal.
Avances decisivos en casi todo el bloque de competencias
El Ejecutivo central y los cuatro partidos catalanes involucrados en la negociación cerraron ayer un principio de acuerdo sobre la práctica totalidad del bloque de competencias incorporado al Estatuto.En concreto, se produjeron avances decisivos sobre algunas de las competencias más polémicas como las de inmigración, enseñanza de cero a tres años, inspección de trabajo y el traspaso de la gestión de ferrocarriles de cercanías. Con respecto a puertos y aeropuertos, la Generalitat disfrutará también de amplias competencias exclusivas, aunque la presencia del Estado quedará asegurada en las infraestructuras de interés general mediante el correspondiente consorcio.Uno de los principios de acuerdo más significativos consistió en reconocer la competencia ejecutiva de la Generalitat en la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña, en coordinación con la competencia del Estado en materia de entrada y residencia de inmigrantes residentes en España.