Avances en la negociación sobre el reparto de competencias
El Gobierno consiguió este viernes que los partidos catalanes con los que negocia el Estatuto acepten rebajar la competencia compartida que habían previsto otorgar a la Generalitat sobre crédito, banca y seguros, por lo que prevalecerá en todo caso el artículo 149 de la Constitución, que deja en manos del Estado, con carácter exclusivo, todos los aspectos que afectan a la legislación básica sobre el sistema financiero. El pacto previo al respecto entre el PSOE y CiU resultó determinante.
La propuesta de Estatuto llegada al Congreso cede a la Generalitat un amplio bloque de competencias compartidas sobre ordenación crediticia, legislación bancaria y de seguros que afectarían a todas las entidades que tengan domicilio en Cataluña. Entre estas facultades se incluye la inspección y sanción así como la supervisión y control de participaciones significativas. Lo que consiguieron este viernes Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, en nombre del Gobierno, es condicionar todas estas facultades al precepto constitucional que establece como competencia exclusiva del Estado la ordenación de todo el sistema de crédito que afecta a banca y seguros. Se trata de un acuerdo en el que el pacto previo con CiU ha sido determinante.
El criterio aplicado por el Gobierno en este aspecto de la negociación es similar al que rige para el resto de los capítulos económicos del Estatuto. Así, en el análisis de las competencias que examinaron ayer todas las fuerzas implicadas en el Estatuto durante una reunión conjunta celebrada en el Congreso, se detectaron dos escollos importantes: el de la regulación de los horarios comerciales en Cataluña, aspecto sobre el que la Generalitat exige competencia exclusiva, y el de la legislación sobre las cajas de ahorro, donde el Estatuto da plenos poderes al Gobierno catalán sobre la organización de estas entidades. Rubalcaba y Caamaño defendieron en el primer caso la prevalencia de la legislación básica estatal mediante la apelación a la necesaria unidad de mercado. En el segundo, anteponen la Constitución a la aspiración de la Generalitat a legislar sobre los órganos rectores de las cajas establecidas en su territorio, su estatuto jurídico, el régimen jurídico de su creación o la supervisión del proceso de emisión y distribución de las cuotas participativas. Este fin de semana ambas partes se cruzarán alternativas, ya que el Ministerio de Economía considera que estos aspectos que el tripartito califica de organizativos afectan de lleno a la unidad financiera.
Este viernes también se produjeron acuerdos sobre las competencias exclusivas que el Gobierno tripartito catalán y CiU reclaman en el ámbito de la agricultura, las cooperativas, la economía social, las fundaciones y la cultura. Este fin de semana se abordarán en encuentros bilaterales el resto de las competencias, hasta 58 en total, que reclama la Generalitat.
El amplio capítulo de la financiación, cuya negociación está también en estado muy avanzado, terminará de despejarse probablemente la semana que viene si se alcanza un acuerdo sobre dos asuntos centrales: la futura agencia tributaria catalana y la regulación de la contribución de Cataluña a la solidaridad con el resto de los territorios. El pacto sobre el aumento de la capacidad normativa es ya un hecho.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha sido tajante en la advertencia de que el Gobierno no permitirá la desaparición de Cataluña de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los flecos políticos pendientes
Definición como nación. Aunque no se atrevan a decirlo en público, todas las partes aceptan su inclusión en el preámbulo y su retirada del articulado. Habrá acuerdo en este punto si también lo hay en el de financiación.Competencias sobre Justicia. ERC, IC y CiU han acordado negociar la semana que viene con el Ministerio de Justicia las facultades exclusivas incorporadas en este ámbito al Estatuto. A partir del lunes se cerrarán también acuerdos sobre infraestructuras.
El Gobierno confía en cerrar el acuerdo global la próxima semana
Si Pasqual Maragall y el disparatado formato de la negociación lo permiten, habrá acuerdo global sobre el Estatuto la semana que viene. Esta es la previsión realizada este viernes por un alto dirigente del PSOE, consciente de que a José Luis Rodríguez Zapatero le urge tener la foto del acuerdo antes de que el día 21 se reúna con el comité federal de su partido, integrado por más de doscientos miembros.Rubalcaba, Caamaño y Fernández Ordóñez están tejiendo uno de los consensos más complicados de los últimos años ya que se sientan con formaciones políticas que compiten por el mismo espacio electoral. Este es el caso, sobre todo, de Convergencia i Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que en algunos casos queda pactado de forma bilateral con uno de estos partidos queda invalidado en las reuniones multilaterales. La unidad de acción reeditada por Maragall en aspectos claves del Estatuto también está retrasando el acuerdo.
Las circulares del Banco de España, fuera de las facultades compartidas
Si finalmente prospera el nuevo Estatuto catalán, como es previsible que ocurra, el Gobierno central tendrá bastante más difícil la invasión de las competencias compartidas con la Generalitat. Pero, al mismo tiempo, la definición de estas competencias se regirá por la Constitución. De ahí la satisfacción compartida que este viernes mostraron los partidos catalanes y el Gobierno por este pacto.Gracias al mismo, el artículo 111 del texto procedente de Cataluña incorporará un mínimo común normativo en preceptos con rango de ley a partir del cual el Estado establecerá las bases de las competencias compartidas con la Generalitat. Los representantes del Gobierno dejaron ayer claro que se producirán algunas excepciones en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el propio Estatuto. La mayoría de estas excepciones afectarán al ámbito económico como, por ejemplo, a las circulares del Banco de España.