Argentina corta el grifo del móvil a sus funcionarios
La provincia de Buenos Aires controla el uso del celular e internet para ahorrar gastos
La provincia de Buenos Aires, con un tercio de la población argentina, el tamaño de Italia y una suspensión de pagos que arrastra desde 2001, procura recortar gastos superfluos y mejorar la productividad de sus trabajadores. Y entre otras medidas ha prohibido por decreto a sus funcionarios que empleen los móviles de propiedad estatal para bajarse tonos y melodías, participar en concursos televisivos o donaciones, así como utilizar internet para chatear, descargar música o visitar sitios pornográficos. Quien viole la disposición podrá ser suspendido hasta por un año y deberá pagar multas si ha ocasionado al Estado alguna gasto innecesario.
En 2002, en plena crisis argentina, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, ya limitó el uso de coches oficiales, viajes al exterior, publicaciones y telefonía: sólo permitía que tuviesen móvil a costa del erario público los subsecretarios de Estado y sus superiores. No obstante, la provincia más grande de Argentina cuenta en la actualidad con 2.462 celulares, que implican un gasto de 500.000 euros por mes. Fuentes del Gobierno bonaerense admitieron que estaban registrándose en forma creciente 'abusos' en los gastos extra de móviles, es decir, fuera de los que son llamadas o mensajes de texto.
Aquel que use un móvil oficial para que su timbre suene al ritmo de la última canción de moda o para pasarse la noche intentando ganar sorteos televisivos deberá pagar al mes siguiente esos gastos adicionales y será sometido a un sumario administrativo. Aunque la medida sólo afecta al poder Ejecutivo provincial, el Gobierno bonaerense ha recomendado que se imite en el Legislativo, el Judicial y los 134 ayuntamientos del distrito.
La provincia más rica de Argentina no puede excederse en gastos porque, aunque el país canceló el pasado martes su deuda de 9.574 millones con el Fondo Monetario Internacional, aún debe 124.300 millones, según la consultora MVA-Macroeconomía. Entre sus acreedores figuran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, sobre todo, particulares y entidades financieras privadas.
Solá tampoco quiere que sus empleados pierdan tiempo navegando por internet. En Argentina no existen estadísticas de cuántas horas malgastan los trabajadores en el uso de la red para cuestiones personales -en EE UU alcanza una hora diaria-, pero el 53% reconoce que realiza consultas personales desde la oficina y el 43% que chatea. Desde noviembre, los funcionarios bonaerenses podrán recibir sanciones administrativas y hasta ser denunciados ante la justicia por daños y perjuicios si incumplen la normativa.
'Se acepta que los usuarios aprovechen en forma limitada los elementos informáticos para un uso personal que derive en su mejor capacitación, jerarquización y/o especialización de sus conocimientos', dice el decreto, que aclara que esta utilización particular no deberá interferir en el trabajo y habrá de acotarse a horas fuera de la jornada laboral.
Sólo se permitirá chatear o utilizar la mensajería instantánea con 'expresa autorización por escrito del administrador' y sólo se podrá acceder a 'material obsceno, discriminatorio, delictivo, ilegal o que de cualquier manera afecte a la moral o las buenas costumbres' cuando el usuario esté habilitado. Pero, además, los funcionarios tampoco podrán obtener ninguna ganancia económica personal, difundir ideas políticas, movilizaciones, captar el voto o realizar cualquier otro tipo de práctica partidaria; lo que se contrapone con la costumbre argentina de emplear recursos públicos con fines políticos.