La Junta de Gobierno de Toledo pospone la adjudicación de la gestión de aguas
La Junta de Gobierno de Toledo decidió ayer posponer su decisión sobre la adjudicación de la gestión de la concesión de la explotación del servicio público de abastecimiento de agua de la ciudad -un contrato valorado en 238 millones de euros-, informó un portavoz del ayuntamiento manchego.
La decisión de la Junta se produjo a pesar de que anteriormente la mesa de contratación había optado por adjudicar la gestión a la unión temporal de empresas formada por la castellonense Facsa y la sociedad Gravesa, controlada por empresarios de la región y dirigida por el presidente de la Cámara de Comercio de Toledo, Fernando Jerez.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la decisión de la mesa de contratación no fue tomada por unanimidad, de ahí que la Junta de Gobierno estimara conveniente retrasar la decisión sobre la adjudicación. La mesa de contratación -integrada por concejales, un representante de la secretaría del ayuntamiento, un ingeniero municipal y un interventor municipal- no tiene poder de decisión, al contrario de la Junta de Gobierno local.
Las mismas fuentes consultadas apuntan que la decisión de la Junta ha podido estar motivada por la polémica creada en torno al proceso de adjudicación.
Al concurso convocado por el Ayuntamiento de Toledo (PP) se presentaron Acciona y Pridesa (filial de la alemana RWE); Valoriza (Sacyr); Aquagest (Aguas de Barcelona); Aqualia (FCC) y Facsa y Gravesa. Al menos Sacyr y Acciona han trasladado al Ayuntamiento de la ciudad sus dudas sobre la oferta presentada por Facsa y Gravesa, por considerar que no cumplen con los requisitos exigidos y estimar que estas empresas han presentado una propuesta basada en previsiones irrealizables.
Sacyr ha llegado a solicitar la suspensión del proceso, sin indicar el nombre de las empresas que supuestamente habrían presentado una oferta poco conveniente para el consistorio, pero destacando que 'la disparidad de criterios al evaluar las propuestas presentadas puede dar lugar (...) a sobrevaloraciones implícitas de ofertas claramente contrarias a los intereses del Excelentísimo Ayuntamiento'.