El Gobierno destina 12.600 millones a la Ley de Dependencia
El Gobierno quiere que las comunidades autónomas aporten unos 12.600 millones de euros para la implantación del sistema nacional de atención a personas dependientes entre 2007 y 2015. El Gobierno central aportará otros 12.638 millones para la puesta en marcha del sistema. Los beneficiarios abonarán casi el 40% del coste total del sistema en función de su capacidad económica.
El Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentó ayer el Anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta norma define los servicios y las prestaciones que recibirán las personas que no pueden valerse por sí mismas en su vida diaria. La ley determina también los grados de dependencia y los criterios básicos para su valoración.
La puesta en marcha del sistema será gradual, entre 2007 y 2015, y tendrá un coste aproximado de unos 50.000 millones de euros. La mitad de esta cantidad será financiada por las administraciones públicas. En concreto, Caldera precisó ayer que el Gobierno central aportará 12.638 millones entre 2007 y 2015 y espera que las comunidades autónomas aporten una cantidad similar. El resto será aportado por los beneficiarios, siempre en función de su nivel de renta y patrimonio.
La ley, aún pendiente de aprobación parlamentaria, estipula que 'la aportación de la comunidad autónoma será, al menos, igual a la que realice la Administración General del Estado'. El Gobierno central establecerá convenios de financiación con cada una de las comunidades en función de las necesidades de cada región.
El anteproyecto crea un consejo territorial del Sistema Nacional de Dependencia para articular la cooperación autonómica, un órgano presidido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y encargado de fijar el Plan de Acción Integral, que se desarrollará en los citados convenios anuales con las Comunidades. Si bien, el Ejecutivo no ha desarrollado aún todo esto con las comunidades ya que les acaba de remitir el anteproyecto y mantendrá con ellas una primera reunión el 18 de enero.
A partir de 2015
Una vez implantado el sistema, a partir de 2015, el coste anual de la atención a dependientes será de unos 9.000 millones de euros anuales, lo que supone alrededor del 1% del PIB. El reparto de la financiación será igual que durante la implantación del sistema: las administraciones públicas costearán alrededor del 60% (la mitad el Gobierno central y la otra mitad las comunidades) y el 40% restante los beneficiarios (ver Cinco Días del 21 de noviembre).
El anteproyecto especifica también que 'el sistema deberá contar con un contenido común de prestaciones y servicios, de los que habrán de disponer todas las comunidades autónomas'. Si bien este catálogo de atención común a todo el territorio será garantizado y financiado íntegramente por el Gobierno central.
La norma deberá atravesar ahora la tramitación parlamentaria en la que podrá sufrir modificaciones. Según Caldera, el Gobierno ya cuenta con el apoyo de IU y ERC.
Cómo funcionará el nuevo modelo
¿Cómo funcionará el Sistema Nacional de Dependencia?. Las personas que tengan dificultades para realizar las tareas de la vida diaria deberán ser evaluadas y el reconocimiento del derecho a la prestación y/o los servicios se acreditará por parte de la Administración Autonómica donde resida el solicitante.El segundo paso será hacer efectiva las prestaciones reconocidas a la persona en situación de dependencia. Para ello, los servicios sociales que determine cada comunidad, y una vez escuchado al beneficiario o a su familia, tendrán que elaborar un Programa Individual de Atención. Este programa determinará los servicios y las modalidades de intervención más adecuados al beneficiario.Según ha manifestado el propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el sistema dará prioridad a la prestación de servicios (como teleasistencia, ayuda a domicilio, centras de día y de noche o residencias) y sólo si no hay más remedio se entregará una ayuda económica, que siempre estará vinculada a la compra de un servicio en el sector privado.El anteproyecto de ley establece tres grados de dependencia. El grado 1 o dependencia moderada será cuando la persona necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria; el grado 2 o dependencia severa se reconocerá cuando la persona requiera ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día; y el grado 3 o gran dependencia se otorgará cuando por la pérdida de autonomía mental o física, la persona necesita la presencia indispensable y continua de otra persona. Cada uno de estos grados se dividirá en dos niveles.El calendario de implantación indica que el primer año, 2007, se reconocerán las prestaciones a los beneficiarios del grado 3 (niveles 1 y 2). El segundo y tercer año, a los del grado 2 (nivel 2); el tercer y cuarto año, al grado 2 (nivel 1); el quinto y sexto año, a quienes sean valorados en el grado 1 (nivel 2), mientras que en el séptimo y octavo años de implantación se atenderá a los del grado 1 (nivel 1).