Toledo asiste a un polémico concurso de 238 millones para la gestión del agua
El Ayuntamiento de Toledo tiene previsto adjudicar hoy un concurso valorado en 238 millones de euros para la gestión del agua y alcantarillado de la ciudad. Acciona y Sacyr, entre otros grandes grupos, han denunciado la presencia de una oferta que no cumple con los requisitos y que puede resultar ganador.
Aguas revueltas en Toledo. La ciudad manchega asiste estos días a un truculento concurso por la gestión y explotación del servicio público de abastecimiento, distribución de agua y alcantarillado para los próximos 25 años y valorado en 238 millones de euros.
El Ayuntamiento de la ciudad tiene previsto anunciar hoy el ganador del concurso, según indicaron ayer fuentes del organismo público. Al mismo se han presentado las siguientes compañías: Aqualia (FCC); Aguas de Barcelona; Valoriza (Sacyr); Pridesa (filial de la alemana RWE) junto con Acciona y la unión temporal de empresas Facsa y Gravesa. Fuentes cercanas al proceso en marcha indican que ha sido el proyecto presentado por Facsa y Gravesa el que ha levantado ampollas entre el resto de concursantes, hasta el punto de que algunas de las compañías que aspiran a gestionar el agua de Toledo han elevado alegaciones denunciando irregularidades en el proceso ante la impresión de que serán Facsa y Gravesa las que resulten adjudicatarias del concurso.
En un documento al que ha tenido acceso Cinco Días Acciona y Pridesa manifiestan que esta agrupación de empresas 'no reúne los requisitos de solvencia, tanto técnica como económica requeridos por el pliego de condiciones del concurso'. Acciona y Pridesa han trasladado al alcalde de Toledo, José Manuel Molina García (PP), sus temores: 'Nos resulta difícil entender cómo dos empresas Facsa y Gravesa dadas de alta en las actividades de extracción de arenas y gravas para la construcción y energía eléctrica puedan ser consideradas aptas para concurrir a una licitación de gestión de aguas de la magnitud de la convocada por el Ayuntamiento de Toledo', dice la misiva enviada.
Las compañías, indican las fuentes consultadas, consideran que la oferta de Facsa y Gravesa tiene truco: el canon ofrecido por estas dos empresas al Ayuntamiento es superior al del resto en función del crecimiento estimado de la población de Toledo. Facsa y Gravesa apuntan un crecimiento anual del 6%, frente a la estimación del 4% del resto de ofertantes, lo que justifica un mayor volumen de inversiones. Si estas dos empresas ganaran el concurso y las previsiones de crecimiento de población no se desarrollaran según lo previsto, el precio de ajustar las inversiones correría a cargo del Ayuntamiento o del contribuyente, no de las compañías en virtud de la Ley de Contratos del Estado y del régimen de Equilibrio financiero de los Contratos de Concesión.
'En definitiva', dice otro texto trasladado al Ayuntamiento de Toledo por parte de Sacyr y al que también ha tenido acceso Cinco Días, 'podría darse el caso de que alguna oferta estuviese transfiriendo su riesgo económico al Ayuntamiento'. La compañía solicita en su escrito declarar desierto el concurso y apunta que la oferta de Facsa y Gravesa incluye que La Casera, el mayor consumidor de agua de Toledo, va a quintuplicar sus consumos desde el primer año. 'Se supone', dice Sacyr, que si las hipótesis no son plausibles 'se habrá detectado en los correspondientes informes de los técnicos intervinientes'.
El interés de la Cámara
La Cámara de Comercio de Toledo sería una de las grandes protagonistas de resultar ganadora la oferta presentada por Facsa y Gravesa, porque el presidente del organismo, Fernando Jerez Alonso, es presidente también de la empresa Cerámica San Javier, dedicada a la fabricación y venta de ladrillos, que a su vez es, según datos del RegistroMercantil, administrador único de Gravesa, constituida en 2002. Gravesa cuenta, según los datos registrales, con un solo empleado y unos ingresos de 700.000 euros en 2003, único balance que aparece registrado. La Cámara de Comercio de Toledo admitió ayer a este diario la presencia de su presidente en el concurso por la gestión del agua. Por otro lado, la castellonense Facsa, controlada por la familia Gimeno, facturó el pasado año cerca de 32 millones de euros, logró cinco millones de beneficio y cuenta con un fondo de maniobra negativo de 2,9 millones.