Reforma fiscal

La 'fiscalidad verde' condiciona el apoyo a la reforma tributaria

La reforma fiscal que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, espera enviar al Congreso a mediados de mes tendrá que contar con el respaldo de los principales socios del Gobierno para salir adelante. Izquierda Verde-Izquierda Unida, que ya gestiona la cartera de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña, acentuará, sobre todo, la necesidad de avanzar en la fiscalidad ecológica. Sus propuestas están recogidas en un documento que en breve remitirá a Hacienda.

Impuestos sobre algunos productos. Entre los que podrían gravarse, IV-IU propone los fertilizantes químicos, los pesticidas, las bolsas de plástico o los envases de un solo uso. Se podrían aplicar dos vías: con diferenciaciones en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o mediante impuestos específicos sobre estos productos. En este ámbito, el documento se decanta por actuar primero a nivel estatal.

Impuestos turísticos. IV-IU considera que aunque son tributos recaudadores, tienen mucho que ver con los problemas medioambientales. Los sobrecostes de gestión pública de los servicios relacionados con el agua o los residuos en los que incurren ayuntamientos con una gran actividad turística se convierten, según esta fuerza política, en un gran argumento para defender este tipo de imposición.

Tributos sobre segunda vivienda. La Ley de Haciendas Locales admite la posible imposición de recargos específicos en el impuesto sobre bienes inmuebles sobre viviendas desocupadas. Según IV-IU, el único modo de clarificar la base impositiva sería establecer un impuesto o recargo sobre cualquier tipo de vivienda no habitual. El documento defiende también la creación de impuestos autonómicos sobre campos de golf, pistas de esquí, parques temáticos y otras infraestructuras de gran impacto sobre el territorio.

Reforma del IBI. Este impuesto debería modularse en función de la certificación energética de los edificios. Los que tengan baja calificación tendrían un recargo en el impuesto de bienes inmuebles. Los ingresos que se obtuvieran se destinarían a reforzar las políticas de fomento del ahorro energético.

Tasas sobre residuos. En el informe que IV-IU trasladará a Hacienda se propone hacer obligatorio el establecimiento de estas tasas por parte de todos los ayuntamientos, sin excepción.

Movilidad motorizada. La actual legislación regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a partir de la categoría, el tamaño y la potencia de los coches. IV-IU propone la revisión de este tributo para que la cuota del mismo esté ligada a la contaminación y al consumo, como es el caso del impuesto alemán equivalente.

Deducciones en sociedades. El informe plantea su revisión. El actual impuesto prevé dos tipos de deducciones de objetivo ambiental por una cuantía del 10% de la inversión. Las primeras afectan a las partidas destinadas a reducir la polución. IV-IU pide su supresión y la creación de impuestos específicos sobre la contaminación a la atmósfera, a las aguas y a la generación de residuos industriales que integren las desgravaciones ahora incorporadas al Impuesto de Sociedades.

Cambios en el IVA. La estructura actual del impuesto ya prevé la diferenciación fiscal mediante tres tipos impositivos: el normal, el reducido y el superreducido, que en España son del 16, del 7 y del 4%, respectivamente. Siempre condicionado a la aceptación de Bruselas, el portavoz de IV-IU, Joan Herrera, defiende la introducción de criterios medioambientales en este impuesto. Bienes como las bicicletas, deberían beneficiarse del tipo más bajo. En cambio, este tipo debería elevarse para los fertilizantes y los plaguicidas.

Precios de servicios regulados. El documento elaborado por los expertos de IV-IU a partir de la experiencia europea, propone actuar sobre la estructura de las tarifas o los precios públicamente regulados de servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas natural. La subida de estos precios ayudaría, en opinión de esta fuerza política, a fomentar el ahorro energético.

Unos tributos ensayados en las autonomías

Hay comunidades autónomas que ya están aplicando algunos impuestos ecológicos. Los tributos sobre contaminantes atmosféricos como los grandes focos de emisión de óxidos de azufre y nitrógeno, ya operan en Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Comunidades como Andalucía y Madrid también han establecido impuestos sobre residuos industriales. La capital de España tiene fijado un impuesto sobre residuos de la construcción y sobre vertidos de residuos urbanos. En Cataluña se plantea extender este último gravamen a la incineración.

Por otra parte, los cánones del agua están generalizados y en diversas comunidades existen algunas empresas obligadas a pagar según los parámetros de contaminación, como es el caso de Cataluña. También hay una experiencia en Castilla-La Mancha de imposición sobre la generación de energía nuclear, y sobre el almacenamiento de residuos de larga actividad. En Andalucía funciona un impuesto sobre los residuos de baja y media actividad que entran en el depósito de El Cabril.

Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Cataluña propondrá al Ministerio de Economía, durante el debate de la reforma fiscal, que fomente la generalización de la imposición ambiental sobre emisiones contaminantes y residuos. Se plantea, no obstante, cual debe ser en cada caso el papel relativo del Gobierno central y de las comunidades en este proceso. Una posibilidad, según esta fuerza política, sería que el primero se limitara a no obstaculizar y a fomentar las iniciativas autonómicas, ya que las regiones tienen capacidad legal para avanzar en este terreno. Otra alternativa sería acordar que los impuestos existentes se enmarcasen en leyes estatales de fiscalidad ambiental que unificasen técnicamente los impuestos, fijando los tipos impositivos o estableciendo, simplemente, un mínimo de imposición sobre el cual las autonomías podrían decidir aplicar recargos autonómicos.

La armonización de este tipo de impuestos parece especialmente defendible, según Izquierda Verde, para afrontar aquellos problemas medioambientales que no son locales y se presentan de forma similar en todo el territorio o cuyo marco regulador fundamental escapa a las competencias de las comunidades autónomas. La generación de energía nuclear es, a juicio de IV, un buen ejemplo.