De la Rosa se enfrenta a 38 años de cárcel por el grueso del 'caso KIO'
El juicio por las dos piezas principales del caso KIO dará esta semana un paso decisivo cuando el jueves, si no hay retrasos de última hora, se inicie en la Audiencia Nacional la declaración de los acusados en la vista oral que se sigue por las operaciones Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-Acie.
El principal encausado es el financiero catalán Javier de la Rosa, para el que la fiscal anticorrupción Belén Suárez pide 38 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y falsedad. Entre los implicados también se encuentran el ex abogado del grupo Torras Juan José Folchi, el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y el ex consejero delegado de Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega.
De momento, la semana pasada las defensas de los acusados plantearon las llamadas cuestiones previas, en las que las partes proponen los testigos y las pruebas que se tendrán en cuenta en el juicio.
De la Rosa, que ejerce su propia defensa junto a su hija Gabriela, solicitó la suspensión del juicio hasta que no se tome declaración a sus antiguos superiores en KIO (agencia oficial de inversiones de Kuwait) y pidió al tribunal que declararen como testigos tanto el consejero delegado de la constructora FCC, Rafael Montes, como los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos), ya que entiende que pueden aclarar algunas de las actuaciones que se juzgan.
Este miércoles, el proceso continúa en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la exposición de cuestiones previas por parte de la Fiscalía y las acusaciones, que previsiblemente rechazarán las alegaciones principales de las defensas.
La última palabra sobre todas estas propuestas (incluida la petición sobre Montes y los Albertos) la tiene el tribunal, que preside el magistrado Javier Gómez-Bermúdez, que probablemente acuerde el jueves inicio del juicio en sí, con las declaraciones de los procesados.
Si el trámite de cuestiones previas se prolongara más de lo previsto, la decisión final se tomaría, a más tardar, el próximo día 21.
La responsabilidad civil por las dos operaciones que ahora se juzgan puede superar los 378 millones de euros, de los más de 450 millones de euros en que se cifra el caso KIO en su conjunto.
El asunto, del que ya se han juzgado las operaciones Icsa-Inpacsa y Wardbase , se abrió después de la suspensión de pagos que la agencia kuwaití llevó a cabo en España tras la descapitalización del grupo Torras, su buque insignia en el país y cuyo vicepresidente ejecutivo era De la Rosa.
Desvío de fondos
En este juicio oral, los magistrados tienen que determinar la legalidad de la operación Pincinco, por la que el empresario catalán y el que fuera presidente de KIO Fahad al Sabah desviaron 300 millones de dólares de la agencia kuwaití en beneficio propio, aprovechando la invasión del país petrolero por Irak en 1990.
Por su parte, la operación Oakthorn consistiría en la sustracción de 105 millones de dólares de Torras por parte de De la Rosa y de Al Sabah en 1989 y 1990, a través de una sociedad radicada en Jersey.
El tribunal también analizará la presunta manipulación de la cotización de Prima Inmobiliaria, cuyo valor se mantuvo de forma artificial durante más de dos años con fondos propios del grupo Torras.
Por toda esta pieza del caso, el fiscal pide 14 años de cárcel para De la Rosa y Folchi por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y manipulación para alterar el precio de las cosas. También están imputados Lasso de la Vega (11 años de prisión), Prado y Colón de Carvajal (5 años) y el ex director financiero de Torras Miguel Soler (2 años).
Además, reclama el enjuiciamiento de la esposa de De la Rosa, Mercedes Misol, el ex consejero de Torras Manuel Guasch, el empresario Enrique Sarasola, el ex parlamentario de CiU Jaume Camps, así como de Santiago Tomeu y Arturo Piñana, antiguos empleados del financiero catalán.
La segunda pieza de la causa que se juzga en la Audiencia Nacional es la Quail- Acie' por el presunto desvío de 65,4 millones de Torras a través de una empresa de De la Rosa (Quail) y la desaparición de otros 6,3 millones del grupo a través de su filial Acie.
Por estas actuaciones, la fiscalía pide 24 años de prisión para De la Rosa, Folchi y Soler, por apropiación indebida y falsedad.
Las fechas. Trece años de un proceso
Suspensión de pagos El grupo Torras (participado en un 80% por la kuwaití KIO) presenta expediente de suspensión de pagos en un juzgado de guardia de Madrid, con un pasivo de 240.000 millones de pesetas (1.442,4 millones de euros).KIO presenta querellaKIO se querella ante el Juzgado Central de instrucción número 3 de Madrid contra los responsables de Torras: De la Rosa, Núñez Lasso de la Vega, Miguel Soler, Folchi, Narciso de Mir, Fahad al Sabah y Fuad Jaffar.Cambio de instructor La magistrada Teresa Palacios asume la instrucción del caso KIO en sustitución del juez Miguel Moreiras, responsable del asunto desde 1994 y sancionado por revelación de secretos sumariales.Condena confirmada El Tribunal Supremo confirma la condena dictada por la Audiencia Nacional el 18 de diciembre 2002, que obliga a De la Rosa a cumplir cinco años y medio de cárcel por la operación Wardbase.Ingreso en prisiónDe la Rosa ingresa de forma voluntaria en la cárcel de Alcalá Meco, evitando la presencia de los medios de comunicación. En prisión coincide con Mario Conde, condenado por el caso Banesto.Segunda sentencia La Audiencia Nacional condena a tres años de cárcel a De la Rosa por un delito de apropiación indebida en la segunda pieza que se juzga del caso KIO, relacionada con las papeleras Icsa e Inpacsa.æscaron;ltimo Juicio oral Se inicia la vista oral por las dos piezas principales que quedan por juzgar de la trama de KIO (Pincinco y Quail), por las que De la Rosa se enfrenta a una posible condena de 38 años de cárcel.
Los 72 millones de la papelera
En marzo de 2004, la Audiencia Nacional volvió a condenar a tres años de cárcel a De la Rosa, en esta ocasión por la segunda pieza de la operación conocida como Icsa-Inpacsa.En este caso, los tribunales investigaron el destino final de las plusvalías de 72 millones de euros obtenidas por la venta, en 1988, de la papelera Icsa por parte del grupo Torras a la irlandesa Smurfit.La operación se inició en concreto en 1987, cuando Torras vendió la papelera Icsa a Inpacsa por 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros), un precio muy inferior al de su valor real.Tras llevar a cabo esta transacción, Torras procedió a la venta del 45% de Inpacsa.En abril de 1988, el grupo vendió Icsa a Croesus y, paralelamente, los administradores de Inpacsa vendieron Ipsa en subasta.En total, se consiguieron 72,12 millones de euros por la empresa, que fueron desviados a las cuentas particulares de los condenados.
La operación 'Wardbase'
De la Rosa fue condenado a cinco años y medio de prisión en 2002 por la primera pieza que se juzgó del caso KIO, la llamada operación Wardbase.Según los hechos probados, en 1998, el grupo Torras se hizo con una participación mayoritaria en la empresa Celulosa de las Ardenas y se comprometió a construir una planta papelera en Bélgica, que debía entrar en funcionamiento en 1992.Ese año, De la Rosa decidió desviar fondos de Torras hacia Manuel Prado y Colón de Carvajal, con quien mantenía 'fuertes vínculos personales y financieros'.Así, transfirió 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros) a una cuenta en el Banco de Ginebra a nombre de Prado, 'quien aceptó recibir esos fondos, para después darles un destino que no se conoce'.Para realizar esta operación, el financiero se sirvió de la empresa belga y de Wardbase, sociedad de Torras en Londres a la que usó para simular la prestación de unos servicios de asesoramiento.