El Tribunal de la UE armoniza la fiscalidad europea a golpe de sentencia
La UE no consigue avanzar en la armonización fiscal porque necesita la unanimidad de los 25 Estados miembros. Pero el Tribunal europeo está atendiendo las quejas de particulares y empresas contra las discriminaciones que genera la fragmentación actual. Mañana, los jueces se pronuncian sobre una petición de Marks & Spencer que puede costar 45 millones de euros al fisco británico.
El Tribunal de Justicia de la UE dictará mañana sentencia sobre una demanda de Marks & Spencer contra el Tesoro británico, que impidió a la multinacional deducirse las pérdidas de sus filiales en Alemania, Bélgica y Francia. Los ministros de Economía de la UE temen que, de nuevo, los jueces comunitarios avalen una reclamación fiscal, poniéndoles en la tesitura de afrontar demandas similares y de tener que reformar precipitadamente las normas impositivas para contener la hemorragia presupuestaria.
La Comisión Europea, que desde 1975 viene intentado de manera infructuosa una cierta armonización fiscal, en especial, del impuesto de sociedades, ya había advertido que la pasividad política propiciaría la intervención judicial. Sus presagios se han confirmado y, sentencia tras sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo está obligando a los Estados a suprimir las discriminaciones fiscales que soportan las ciudadanos y empresas con intereses económicos en varios países de la UE.
'El problema es que la armonización la está haciendo un colectivo como el de los jueces que no tiene criterios uniformes', se quejan fuentes del consejo de ministros de Economía de la UE. 'Cada sentencia va en una dirección distinta, según el ponente del caso y el análisis de la sala'.
La alarma ha empezado a cundir en varios países, como Reino Unido y Alemania. El asunto ha ganado espacio en la agenda de los ministros de Economía, que lo trataron de manera informal en junio, durante un almuerzo, y le dedicaron una parte de su reunión mensual en octubre.
La actual presidencia británica de la UE convocó entonces una reunión de altos cargos de Hacienda en Bristol, con el objeto coordinar la respuesta a la creciente intervención del tribunal. 'Es imposible blindarse contra los jueces', advierten fuentes próximas a la Comisión, que siguieron el encuentro. Estos expertos recuerdan que, a falta de avances legislativos en la armonización fiscal, el Tribunal se limita a aplicar los principios del Tratado de la UE, que establecen la libre circulación de capitales y prohiben la discriminación por razón de nacionalidad.
Los Estados piden al Tribunal que, al menos, limite el carácter retroactivo de sus sentencias, para no provocar una cascada de reclamaciones. España, en una reciente sentencia sobre la aplicación del prorrateo del IVA en actividades subvencionadas, no consiguió que los jueces admitiesen esa limitación temporal. Y las reclamaciones derivadas de ese fallo, según ha reconocido el ministro español de Economía, Pedro Solbes, pueden tener un serio impacto en el superávit fiscal español. España tiene además pendiente un caso sobre el trato fiscal discriminatorio a las primas de los seguros de vida contratados con entidades extranjeras.
Algunos países han iniciado ya reformas legislativas para paliar los efectos de las sentencias. Holanda tiene en marcha una reforma de su impuesto de sociedades en previsión de la sentencia de mañana sobre Marks & Spencer. Holanda teme que una victoria de la empresa permita a las multinacionales desviar las deducciones fiscales de sus pérdidas hacia los países con tipos más altos de imposición. Otra peligrosa consecuencia para una UE ampliada y con un creciente abismo entre la presión fiscal de los socios antiguos y los nuevos.
5.000 millones de euros por un solo fallo
Más de 40 casos relacionados con presuntas discriminaciones en la fiscalidad directa se están tramitando en estos momentos en el Tribunal de Justicia de la UE.La presión política de los Gobiernos para poner coto a las consecuencias económicas de esos expedientes se ha redoblado y este mismo mes han visto que, al menos en un caso alemán, el abogado general del Tribunal ha escuchado las quejas gubernamentales.El abogado propone a los jueces que declaren ilegal la legislación alemana que ofrece ciertas ventajas fiscales a los dividendos repartidos por empresas nacionales y se los niega a los de las extranjeras. Pero pide que se limite en el tiempo el carácter retroactivo de la sentencia porque podría dar lugar a unos reembolsos cercanos a los 5.000 millones de euros.El ponente reconoce que 'sin una limitación temporal, se correría el riesgo de serias repercusiones económicas'. La opinión del Abogado no es vinculante, pero los jueces la siguen en un 80% de los casos.La limitación temporal en este caso puede ser un alivio para Berlín. Pero las autoridades alemanes quieren también impulsar una solución más duradera mediante la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades en Europa.Bruselas prepara un proyecto legislativo en esa dirección, aun a sabiendas de que no todos los países lo secundarán. Pero Berlín y París no quieren seguir esperando al resto.