Centro Asegurador sufre un varapalo judicial en su recurso
Un juez ha desestimado el recurso presentado por Centro Asegurador en contra de una sentencia por un siniestro múltiple de 2002. La compañía, que actualmente no puede emitir pólizas, acudió al concurso de acreedores para evitar pagar una indemnización de 11 millones. La Audiencia de Barcelona ha elevado a cerca de 22 millones el pago que deberá afrontar.
Centro Asegurador recibió ayer un revés inesperado y que complica aún más la situación financiera en que se encuentra. El juez de Barcelona desestimó el recurso de apelación presentado en contra del pago de una indemnización de 11 millones por un siniestro en una acción pirotécnica en 2002 en el que hay 104 personas damnificadas. La sentencia, a la que ha tenido acceso Cinco Días, eleva hasta cerca de 22 millones la cuantía a la que deberá hacer frente la compañía y cuestiona en varias ocasiones los argumentos utilizados por la aseguradora en su defensa. Centro Asegurador tiene 100.000 asegurados y gestiona más de 50 millones en primas.
La póliza de responsabilidad civil fijaba un límite de 150.000 euros por siniestro pero las indemnizaciones establecieron un pago de 60.000 euros por perjudicado, más los intereses y un recargo del 20%. Centro Asegurador, bajo la mirada del regulador desde hace años por problemas de solvencia, no provisionó los 11 millones de la sentencia por considerarla 'excesiva'. Sin embargo, el juez estima en segunda instancia que 'en caso de que un sólo siniestro hubiera producido distintas víctimas les sería aplicable el límite por víctima también pactado'.
La sentencia señala que parte de la argumentación presentada por la defensa de Centro Asegurador a través de Roca Junyet Abogados no ha podido ser contrastada ya que la aseguradora no 'aportó el contrato de seguros en su integridad, como expone en su propio escrito de recurso'. Además, en diversas ocasiones apunta a que 'la documentación aportada resulta incluso contradictoria', 'con firmas ilegibles' o 'mecanografiados con distinta impresión'.
Fuentes de Centro Asegurador señalaron que la compañía estudia las medidas que piensa adoptar a partir de ahora y si acudirá al Tribunal Supremo o presentará un recurso de casación.
Desde la Dirección General de Seguros (DGS), sin embargo, se considera que la sentencia, confirma la gestión 'nefasta' en la entidad. El pasado mes de junio la DGS elevó a 30 millones el desfase patrimonial en la aseguradora, un tercio del cual corresponde a la indemnización por el accidente pirotécnico En abril, el regulador de seguros reformuló las cuentas de 2003 de la entidad, incrementando hasta 10 millones de euros las pérdidas de este ejercicio, frente a los 1,2 millones que reflejaban las cuentas oficiales.
El juzgado de lo mercantil de Madrid que gestiona el concurso voluntario de la aseguradora deberá ahora determinar si el proceso continúa. Fuentes del sector señalan, sin embargo, que no cabe otra opción para la entidad que la liquidación, un proceso que se llevaría a cabo a través del Consorcio de Compensación de Seguros.
Un enfrentamiento personalizado
La crisis de Centro Asegurador ha tenido como protagonista al ex presidente de la entidad, Carlos González Baylin, y el director general de Seguros, Ricardo Lozano. Desde el regulador se ha señalado en diversas ocasiones que la aseguradora trataba de llevar a cabo una campaña de desprestigio público que en ningún caso podía favorecer al sector. Desde Centro Asegurador, sin embargo, se ha acusado a Lozano de parcialidad en el proceso. La aseguradora acusó a la DGS de haber puesto impedimentos para que sus clientes percibieran las prestaciones una vez que se impusieron las medidas de control especial -traba de bienes, emisión y producción de pólizas-. A finales de octubre, Centro se refirió a 'una campaña de acoso y derribo' y denunció que la DGS le impedía pagar a los abogados que le defienden en el concurso voluntario.
Bajo la mirada de diversos reguladores
Los problemas financieros de Centro Asegurador no comenzaron en 2002. La entidad, que gestionaba entre otras parte de las pensiones de Altadis o Endesa, atraviesa serias dificultades financieras desde hace años. En 1984 se enfrentó a su primer gran revés en el negocio de derivados y nunca logró llegar a fortalecer del todo sus cuentas. Una compleja carrera financiera que incluye planes de saneamiento, ofertas de venta de carteras, conflictos familiares, cambios de consejeros y enésimas ampliaciones de capital. Pero las medidas aplicadas por los supervisores conseguían, hasta ahora, devolver a la entidad a los requisitos de solvencia necesarios para continuar con su actividad. æpermil;ste fue el caso bajo la dirección de la anterior directora general de Seguros y actual presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos. La aseguradora, se enfrenta ahora, sin embargo, a una situación más compleja y cuya salida no se vislumbra sencilla.Las implicaciones esta vez, además, podrían tener repercusiones para los miembros del consejo, junto al entonces presidente, Carlos González Baylín, y su hermana, Carmen González Baylín, propietaria del 90% del capital.En concreto, la DGS abrió el pasado mes de abril expediente a los miembros del consejo de Centro Asegurador. Los expedientes, referidos al ejercicio 2003, implican a todos los miembros del grupo de dirección, entre los que se incluye a Luis Salazar Simpson, presidente de Auna y consejero de la Mutua Madrileña, y Fernando Asúa, que entonces eran miembros del órgano -lo abandonaron en agosto de 2004 y febrero de 2005, respectivamente-. En el caso de prosperar los expedientes, podrían suponer, entre otras cosas, la 'separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración en cualquier entidad aseguradora'.La imposición de sanciones graves o muy graves, según los casos, podría tener consecuencias directas para Salazar Simpson o Asúa, ya que las legislaciones que corresponden a sus actuales responsabilidades en el sector financiero, presuponen la 'honorabilidad' y 'el respeto a las leyes mercantiles'.