Zapatero emplaza al Gobierno a pasar a la ofensiva contra el PP
Ni un ataque del PP sin respuesta. Esta es la consigna trasladada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sus ministros y a los dirigentes del PSOE. Su objetivo es recuperar el terreno electoral perdido en los últimos meses.
La respuesta ofrecida el pasado jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, por sus críticas a los Presupuestos de 2006 y su referencia a las deudas del PSC con La Caixa, no fue casual. Caruana había vertido las mismas críticas de naturaleza macroeconómica el pasado 10 de octubre en el Congreso, donde incluso expresó serias reservas a la propuesta del Estatuto catalán, y obtuvo la callada por respuesta del Gobierno. Ni Solbes ni el resto de los ministros se atrevieron a responderle. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Sobre todo, aseguran fuentes gubernamentales, 'la firme decisión del presidente de pasar a la ofensiva ante la caída de popularidad en las encuestas y, también, ante el desasosiego provocado en las filas del PSOE por la pasividad del Gobierno ante la goleada que le ha marcado el PP en el debate territorial'.
Las mismas fuentes confirman que las alarmas se dispararon mucho antes de que el CIS difundiera el pasado día 16 el último barómetro con intención de voto, en el que el PP recortaba distancias con el PSOE hasta situarse sólo dos puntos por debajo, la menor diferencia desde las últimas elecciones generales (marzo 2004). Encuestas internas del partido ya apuntaban esta misma tendencia, incluso más acentuada todavía. Zapatero obtenía en este sondeo oficial su peor nota y era superado por cuatro de sus ministros, entre ellos los dos vicepresidentes y el titular de Defensa, José Bono.
La encuesta se realizó entre los días 21 y 28 de octubre, en plena tormenta política en torno a la reforma estatutaria de Cataluña. El Gobierno es consciente de que ésta es la asignatura pendiente que más le ha desgastado frente a su propio electorado. Por eso, confirman fuentes del Ejecutivo, la prioridad número uno del PSOE es evitar que continúe la sangría de apoyos en un momento en el que la estrategia del líder del PP, Mariano Rajoy, de movilizar a su electorado y mantener el favor de los nueve millones y medio de ciudadanos que le votaron hace veinte meses, se ha demostrado acertada.
Para conseguir este objetivo hay que pasar a la ofensiva. Esto es lo que tratan de hacer el Gobierno y la dirección del PSOE desde hace una semana por sugerencia directa de José Luis Rodríguez Zapatero, convencido de que la mejor forma de recuperar las posiciones previas a la llegada al Congreso de la propuesta de Estatuto catalán es tomar la iniciativa sin dejar que el PP marque la agenda.
Montilla y la educación
La primera reacción ha sido encabezada por los dos vicepresidentes, los que mejor imagen tienen en el Gobierno y los que más se han distinguido en el Parlamento en la defensa del ministro José Montilla, y también por la dirección del PSOE, donde la mayoría de sus miembros se han implicado personalmente en la explicación por toda España de la reforma educativa promovida desde hace meses por la desconocida ministra María Jesús San Segundo.
En el Gobierno preocupa el enfrentamiento con el PP por esta reforma porque puede hacerla inútil. No en vano, los populares gobiernan en siete comunidades autónomas. Sin embargo, en el PSOE se confía en que la campaña de explicación que ahora se ha iniciado ayude a movilizar a su electorado, tanto o más que el choque que se mantiene con la jerarquía eclesiástica. Según explica un destacado dirigente socialista: 'se trata de contener la avalancha del PP porque no hay elecciones hasta dentro de año y medio'.
La reforma fiscal, ligada al Estatuto
Zapatero busca que el nuevo curso político que se abrirá después de Navidad esté lo más despejado posible para empezar a enviar al Parlamento iniciativas de calado como la futura ley de Dependencia, proyecto estrella de marcado carácter social, o la propia reforma fiscal. Para conseguirlo, tendrá que alcanzar primero un principio de acuerdo sobre el Estatuto enviado desde Cataluña, con el fin de que cuando sea discutido en la Comisión Constitucional, en febrero, genere la menor crispación posible.Este calendario está obligando al Gobierno a acelerar los contactos con los principales partidos de Cataluña antes de las vacaciones navideñas. En su agenda se da por descontado que se producirán serios roces con Convergencia i Unió, que obligarán a Zapatero a tomar de nuevo la iniciativa, como hizo en la recta final de la discusión estatutaria en el Parlamento catalán mediante sus encuentros con Artur Mas.Los contactos entre Solbes y el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, están siendo constantes y buscan un pacto sobre el modelo de financiación. A través de otra vía paralela, en la que participa el ministro José Montilla, Zapatero quiere encauzar el acuerdo sobre las competencias exclusivas que el Estatuto reserva a la Generalitat. El desencuentro sobre la definición de Cataluña se ha orillado hasta el final por una simple razón de estrategia política: sería el pretexto que utilizarían CiU y ERC para romper la negociación en caso de que no alcanzaran un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación, que es el asunto clave.Hasta que el Gobierno no tenga perfectamente definido qué modelo de financiación se incorpora al Estatuto catalán y en qué terminos se hace, no expondrá con detalle los aspectos cruciales de la reforma fiscal en la que trabaja el Ministerio de Economía desde hace meses. Una cosa va ligada a la otra y condiciona, además, la tarea del grupo de trabajo que se constituirá en enero dentro del Consejo de Política Fiscal para alumbrar la reforma del sistema general de financiación.