El Gobierno suprime la 'acción de oro' de las empresas privatizadas
El Gobierno derogará el sistema de control y blindaje que se reserva el Estado sobre algunas empresas privatizadas, conocido como acción de oro. El Consejo de Ministros decidió el viernes remitir al Congreso un proyecto de ley, que será tramitado por la vía de urgencia y que suprimirá el régimen vigente en Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa y Móviles.
La Comisión Europea lanzó el pasado mes de julio un ultimátum: si España no cumplía la sentencia de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegal la normativa sobre la acción de oro, el Ejecutivo comunitario denunciaría al Estado español ante esa instancia judicial. Cinco meses después de aquella advertencia, el Gobierno español ha tomado nota y ha dado el primer paso para la abolición de este régimen de control, denunciado por ser contrario a la libre circulación de capitales en la Unión Europea.
'Hoy se quieren zanjar definitivamente los problemas surgidos, cumplir la sentencia del tribunal europeo y evitar las posibles sanciones', explicó la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes. 'En la actual situación', dijo Fernández de la Vega, los controles públicos en estas compañías 'resultan ya innecesarios' y su mantenimiento 'podría suponer un lastre' para el funcionamiento de las empresas que 'en este momento están privatizadas'.
La supresión de la acción de oro será tramitada como ley en el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes un proyecto de ley por el que se derogará el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, establecido por la ley de 23 de marzo de 1995. El texto suprime también las dos disposiciones de ejecución y desarrollo de la citada norma -incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 30 diciembre de 2003- ya que la Comisión Europea manifestó al Ejecutivo español en julio que tampoco eran conformes al derecho comunitario. Con la nueva normativa 'finaliza un proceso de transición', aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno.
El Ejecutivo cree que el control de las empresas privatizadas resulta 'innecesario'
La eliminación de la golden share, que nunca ha llegado a ser utilizada, supone en la práctica adelantar la fecha de expiración de este régimen en empresas que en su día fueron públicas y que tienen en sus manos servicios públicos: Repsol (cuya acción de oro finalizará en febrero de 2006), Iberia (3 de abril de 2006), Telefónica (18 de febrero de 2007) y Endesa (8 de junio de 2007).
Estas empresas quedarán así desprotegidas del Estado frente a entradas en su capital del grupos extranjeros con participaciones no financieras superiores al 10%. Además, tras eliminar el control del Estado, las compañías podrán disponer libremente de activos estratégicos, una limitación que ya fue flexibilizada tras las modificaciones introducidas por el Gobierno del PP en la ley inicial.
En los últimos años, varias empresas han quedado liberadas de este régimen. El último caso fue el de Indra, cuya acción de oro caducó el pasado marzo, sin que el Gobierno ejerciera ningún tipo de prórroga. Antes ocurrió lo mismo con Tabacalera, totalmente liberalizada cuando se transformó en Altadis. La finalidad de este sistema era proteger el cumplimiento de los servicios públicos de las empresas privatizadas.
El conflicto entre el Ejecutivo español y la Unión Europea por la normativa sobre la golden share se remonta varios años. La Ley 5/1995, promovida por el entonces y actual ministro de Economía, Pedro Solbes, recibió en 2003 una demoledora sentencia en contra por parte de la máxima instancia judicial de la UE. El tribunal declaró ilegal el derecho de veto del Gobierno español sobre las decisiones de determinadas empresas privatizadas, al considerar que 'menoscaba gravemente la libra circulación de capitales y puede reducirla a la nada'. En aquel momento, la acción de oro afectaba a las empresas Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa.
A raíz de aquel fallo judicial, el Gobierno del Partido Popular introdujo en 2003 cambios a la normativa, con el fin de permitir la adquisición de participaciones financieras superiores al 10%, siempre que el comprador renunciara a participar en el control o gestión de la empresa, además de exigir notificación previa en determinados casos. Repsol fue la única compañía que quedó fuera de esta flexibilización del régimen de control, excepción que buscaba eliminar la posibilidad de compras hostiles de la petrolera.
Los retoques introducidos en la normativa de 1995, sin embargo, no convencieron a la Comisión Europea, que desde entonces ha repetido en varias ocasiones su disconformidad con la normativa.
Aunque dé comienzo el trámite parlamentario de la ley para derogar la acción de oro, no se puede descartar la intervención de la Comisión Europea instando al Gobierno español a que agilice el proceso.
El caso de Endesa
El fin de la acción de oro tiene que ser tramitado en el Congreso y por tanto no afecta aún a la opa de Gas Natural sobre Endesa, señala Efe. Gas Natural deberá solicitar permiso al Gobierno para entrar en Endesa, y el Gobierno podría, en teoría, vetar la operación.