El Gobierno suprime el derecho de veto que mantenía sobre Repsol, Iberia, Telefónica y Endesa
El Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley que deroga la llamada 'acción de oro' (golden share) que mantiene el Estado en algunas empresas públicas privatizadas desde marzo de 1995, después de que el Tribunal de Justicia de la UE emitiera el 13 de mayo de 2003 una sentencia en la que afirmaba que este instrumento es contrario a la libertad de capitales en el seno de la UE.
De esta forma, la ''acción de oro'' que todavía posee el Gobierno en Repsol-YPF (que expira en febrero de 2006), Iberia (abril de 2006), Telefónica (febrero de 2007) y Endesa (junio de 2007) desaparecerá una vez que el proyecto de Ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor, aunque es muy probable que en el caso de las dos primeras compañías la golden share caduque antes de que el texto se apruebe.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que con este proyecto de Ley el Gobierno quiere "zanjar definitivamente" los problemas surgidos con Bruselas, cumplir con la sentencia y evitar así posibles sanciones.
Además, afirmó que el Gobierno considera "innecesario" el control publico que mantiene en estas empresas, ya que todas ellas han sido privatizadas, e incluso estima que dichos controles pueden suponer un "lastre" para las compañías sometidas a ellos.
Bruselas obligaba a derogar la 'acción de oro'
El conflicto con las autoridades europeas por la golden share se remonta al 13 de mayo de 2003, cuando el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia que obligaba al entonces Gobierno del PP a derogar la 'acción de oro' sobre estas empresas, instrumento que permite al Ejecutivo español vetar determinadas compras accionariales en empresas recién privatizadas amparándose en el interés general.
Tras la sentencia, España modificó la Ley en diciembre de 2003, pero la Comisión estimó que las modificaciones introducidas no suponían la ejecución plena de la sentencia del Tribunal; y en consecuencia, el 7 de julio de 2004 remitió al Gobierno español una carta de requerimiento en la que solicitó más información.
La Comisión consideró insatisfactoria la respuesta de las autoridades españolas porque, a su juicio, las modificaciones propuestas no supondrían la plena ejecución de la sentencia del Tribunal.
Posteriormente, el Gobierno del PSOE en febrero de este año remitió al Tribunal otra propuesta de cumplimiento de la sentencia que suavizaba los mecanismos de control sobre estas empresas, pero que seguía manteniendo la ''golden share''. En julio, el Tribunal rechazó la citada propuesta y volvió a solicitar a España que derogase la ''acción de oro'', para lo que le daba un plazo de tres meses, que expiró el pasado 13 de octubre.
Evitar una multa de hasta 50 millones de euros
Fuentes de Economía explicaron que a partir de esa fecha España se arriesgaba a recibir una multa que podía llegar, según la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, hasta los 50 millones de euros, lo que ha motivado que el Gobierno haya aprobado la derogación del blindaje que todavía mantiene en Repsol-YPF, Endesa, Telefónica e Iberia.