El PSOE empieza a sondear las enmiendas al Estatuto catalán
La semana que viene está previsto que se abra el plazo de enmiendas al Estatuto catalán, y para entonces el PSOE quiere tener estudiado qué aspectos concretos del texto aspira a reformar. Su intención es llevar los acuerdos previamente despejados a la Comisión Constitucional.
Tras la admisión a trámite del proyecto de Estatuto se abre un calendario de varios meses para su reforma en el que el Gobierno buscará que haya las menores tensiones posibles. Una vez que la semana que viene, previsiblemente, la Mesa y la Junta de Portavoces decidan la apertura del plazo de enmiendas, los dirigentes de las fuerzas políticas que forman parte del tripartito, más los de Convergencia i Unió, iniciarán una ronda de reuniones para explorar hasta dónde se pueden encajar los cambios que proponga el Gobierno. El PSOE ya ha iniciado por su cuenta este estudio, pues su propósito es llevar a la Comisión Constitucional una reforma previamente 'cocinada' que ofrezca al PP las menos bazas políticas posibles.
'No vamos a convertir la Comisión Constitucional en un campo de batalla. Las principales discrepancias hay que despejarlas antes', afirmó ayer un dirigente socialista que participará en estas negociaciones.
El estudio que está efectuando el PSOE tiene como base el dictamen de los cuatro catedráticos de Derecho Constitucional elaborado para el partido antes del debate de toma en consideración del Estatuto. La negociación más compleja será la del modelo de financiación, pues el que ha sido incorporado al Estatuto procede, sobre todo, de los criterios que impuso Convergencia i Unió para dar su voto favorable a la reforma en el Parlamento autonómico.
ERC y CiU creen que hay margen para negociar los tributos de titularidad estatal
La negativa del Gobierno a transferir a la Generalitat la gestión de los impuestos de IVA y Sociedades, expresada ya en público por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y por el vicepresidente Pedro Solbes, ha sido puesta en cuarentena por Esquerra Republicana y Convergencia i Unió. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, mantuvo ayer que éste será uno de los principales focos de negociación y expresó su confianza en que el Gobierno terminará cediendo. En este contexto, recordó que la cesión del 15% del IRPF, seguida en 1996 de un porcentaje del 33% con el PP en el Gobierno, causó al principio una gran conmoción que con el tiempo se disolvió como un azucarillo. Este último es un argumento que también ha sido compartido en público por Zapatero.
El líder de CiU, Artur Mas, fue todavía más allá y advirtió ayer en el Congreso que si desnaturaliza el modelo de financiación no habrá Estatuto. 'Si el sistema de financiación no sale bien, no podremos decir que el Estatut ha salido bien. Este tema para nosotros es fundamental', afirmó.
Flexibilidad y prórrogas
El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, dio a entender durante una comparecencia en el Congreso que el Gobierno actuará con flexibilidad en esta negociación.
En las conversaciones informales mantenidas por los diferentes grupos parlamentarios afines al Gobierno se ha acordado que los plazos que establece el Reglamento para la presentación de enmiendas no serán un problema ya que se echará mano de sucesivas prórrogas para facilitar así las negociaciones. El presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, está de acuerdo. De hecho, está previsto que dicha Comisión no entre en el análisis de las enmiendas parciales al Estatuto hasta bien entrado el mes de febrero.
La discusión dentro de la Comisión será complicada en sus diferentes trámites ya que se tendrán que poner de acuerdo los representantes designados por el Parlamento de Cataluña con los de las Cortes Generales. Incluso, pudiera suceder que en caso de que no hubiera acuerdo entre las dos partes, se elevara el dictamen a la Comisión Constitucional, aunque en todo caso el Parlamento de Cataluña podría decidir en cualquier momento la retirada del Estatuto.
Precisamente, estos peligros son los que quiere evitar el PSOE, aunque da por descontado que habrá momentos de máxima tensión provocados, sobre todo, por la necesidad de Convergencia i Unió de 'escenificar sus diferencias'.
El trámite parlamentario hasta llegar al referéndum
El Parlamento catalán designará una delegación que participará en los debates de la Comisión Constitucional.Una ponencia conjunta elaborará un informe con el conjunto de enmiendas, que será sometido a debate por la Comisión Constitucional y por la delegación del Parlamento catalán, en reunión conjunta. El dictamen será votado de forma separada.Si se alcanzase un acuerdo sobre el conjunto del dictamen, el texto resultante sería entregado al presidente del Congreso para su posterior tramitación.
Si transcurriera un plazo de dos meses sin que se haya alcanzado acuerdo, la Comisión Constitucional se pronunciará sobre las enmiendas al articulado que se hayan presentado y lo elevará para su debate en el pleno de la Cámara.
El texto resultante del acuerdo entre la Comisión Constitucional y la delegación del Parlamento catalán o, en su caso, el dictamen de la Comisión Constitucional, será sometido a una votación final del pleno del Congreso, que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros para su aprobación.
El proyecto de Estatuto entrará en el Senado, donde también hay un procedimiento especial para su reforma, similar al que rige para el Congreso.
El pleno del Congreso debatirá las enmiendas al texto que haya introducido el Senado. El Estatuto resultante se comunicará al Parlamento de Cataluña, que dispondrá de un plazo de 10 días para, si no está de acuerdo, retirar la iniciativa.
El Congreso aprobará definitivamente la reforma estatutaria en una nueva sesión plenaria, mediante la votación del carácter orgánico de la ley.
La celebración del referéndum en Cataluña pondrá fin a todo el proceso.