'Cataluña debe gestionar el IVA y el impuesto de sociedades'

Ha participado de cerca en la elaboración del Estatuto catalán y el mensaje que intenta transmitir es, sobre todo, tranquilizador. En su opinión, las competencias fiscales que incorporara el texto 'ni son inconstitucionales ni rompen nada'

La entrevista tiene lugar horas antes de que se reúna con el presidente del Gobierno para abordar el debate del miércoles en el que el Estatuto iniciará su andadura parlamentaria.

Si el modelo autonómico que incorpora el Estatuto se generalizara llegaríamos, quizás, a un Estado anoréxico.

No, porque no hay que confundir Estado con Gobierno central. Lo que pedimos desde Cataluña no es ni siquiera lo que tienen muchos de los países federales. Alemania o Bélgica no son países anoréxicos. Nuestras peticiones van en la línea federal, pero se quedarán muy lejos aún de lo que son estos países.

'No hay un solo artículo que prevea la ruptura de la caja de la Seguridad Social'

Pero, incluso en los ejemplos que me pone hay una Hacienda central fuerte y el Estado conserva competencias esenciales.

Pero es que el Estatuto no supone ninguna cesión de la titularidad de los tributos estatales. Lo que planteamos es que exista una agencia tributaria propia en Cataluña, como la han pedido en la comunidad valenciana, en Andalucía o en Baleares, para gestionar los recursos. Pero quien determinará la base imponible o el tipo efectivo seguirá siendo el Estado. No proponemos la desaparición del Ministerio de Hacienda. Sólo aspiramos a que Cataluña participe en las decisiones que afectan a la capacidad normativa. La idea de que los impuestos pasan a Cataluña y el Estado no tiene nada que decir es falsa. La propia Constitución reconoce que los impuestos son de competencia estatal y la posibilidad de que el Gobierno central transfiera la gestión a las comunidades autónomas.

Pedro Solbes ha dejado claro que la negociación puede tener recorrido con el IRPF, pero nunca con Sociedades e IVA.

Eso habrá que discutirlo. En estos momentos, tenemos el 35% del IVA. Alemania, que no es un Estado débil, tiene transferido a los lander el Impuesto de Sociedades. El hecho de que Cataluña pueda gestionar estos impuestos y participar en una cierta capacidad normativa, ni es inconstitucional ni rompe nada. Debe hacerlo. Otra cosa es que se esté de acuerdo políticamente o no. Lo que no puede seguir ocurriendo es que Cataluña, como el resto de las comunidades, tengan información tributaria con tres años de retraso y, por tanto, hagan los Presupuestos a ciegas.

¿Cómo se formulará la agencia tributaria catalana?

El Gobierno catalán sería el primer interesado en que se gestionara bien. En el Estatuto no se define qué colaboración tendría con la del Estado. Yo, personalmente, defiendo una fórmula de consorcio, entre otras razones porque es imposible luchar contra el fraude fiscal desde Cataluña.

¿Hay unanimidad al respecto en el tripartito?

Bueno, en el Estatuto lo que se dice es que se establecerán fórmulas de colaboración o de convenio, pero no se dicen cuales. Y no se precisó por la negociación final con Convergencia i Unió. En todo caso, no queremos una Agencia tributaria independiente.

¿Por qué les enfada tanto que se compare el modelo de financiación que proponen con el del Concierto vasco?

Porque hay muchas diferencias. En el caso del País Vasco se paga un cupo y no existe solidaridad. En nuestra propuesta dejamos claro que las comunidades más ricas tienen que ser solidarias, aunque no definamos fórmulas. Defendemos que todas las comunidades con un mismo esfuerzo fiscal puedan prestar los mismos servicios. Planteamos una asignatura pendiente que es definir el modelo de solidaridad porque ahora no existe criterio. En la práctica, queremos que un ciudadano de Almería, otro de Gerona y otro de Orense puedan tener los mismos servicios, independientemente de que su comunidad sea más rica o no. Y eso debe definirse multilateralmente. Queremos, pues, un principio de solidaridad pactado, transparente y justo para todo el mundo.

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo por la ruptura de la caja de la Seguridad Social que comportaría el Estatuto.

Pues no hay ni un solo artículo en el que se contemple esto. Lo único que se reconoce es la competencia de la Generalitat para poder complementar las pensiones no contributivas.

Otro aspecto que levanta ampollas es el de las competencias exclusivas.

Pedimos algunas nuevas, como las de inmigración, y las de puertos y aeropuertos, porque parece inverosímil que las comunidades no puedan participar en la gestión de estas infraestructuras. Estas transferencias se harían a través del artículo 150.2 de la Constitución y, por tanto, el Estado delegaría sus competencias. Un segundo bloque afecta a competencias que ya son exclusivas de Cataluña, pero que en los últimos 25 años se han devaluado. Por ejemplo, el actual Estatuto nos reconoce competencias exclusivas en comercio interior, pero aún se discute si las ferias que no son internacionales o los horarios comerciales los tiene que fijar el Estado. Se trata de blindar aquello que ya fue declarado exclusivo de Cataluña en 1979. Lo importante es definir un espacio que evite conflictos y que facilite que podamos hacer políticas propias.

Con este esquema, ¿no ve riesgo real de que se rompa la unidad de mercado?

No. La unidad de mercado funciona cuando no hay impedimentos para la libre circulación de mercancías. No veo ningún artículo que rompa esto. Además, la unidad de mercado no es una competencia del Estado, pues es un principio que sirve para todos, también para las comunidades autónomas. Nosotros ni ponemos trincheras ni somos unos irresponsables. Tenemos una voluntad clarísima de europeizar Cataluña.

Curriculum Vitae

Joan Saura Laporta, 55 años. Trayectoria: Ingeniero técnico, comenzó su carrera política como teniente de alcalde del Ayuntamiento de L?Hospitalet de Llobregat (1979-1991). Fue diputado en el Parlamento de Cataluña (1988-1995) y con posterioridad en el Parlamento nacional, donde fue portavoz de Presupuestos de Iniciativa per Cataluña. Es presidente de IC y ha participado desde el primer momento en la elaboración del Estatuto.

'No hay más intervencionismo en las cajas de ahorro'

Saura mantiene que no hay en el Estatuto llegado a las Cortes 'un solo nuevo control ni una sola medida nueva de intervención'. Y coge como ejemplo las cajas de ahorro. 'En la autoorganización, en lo que concierne al número de consejeros o a como se nombran, defendemos que se puede hacer desde Cataluña, pero tenemos claro que la política financiera debe estar compartida con el Estado, al igual que las inspecciones. Aquí no hay más intervencionismo', apunta.'Ahora hay una ley de bases', prosigue Saura, 'sobre la que se inspiran las medidas de autoorganización de las cajas, que pasaría a ser de Cataluña, pero no hay un nuevo elemento de intervención, sino que cambia la administración. Además, la ley de cajas que hay en Cataluña es la menos intervencionista. Haciendo un repaso somero, hay muchas otras leyes de cajas que sí desbordan intervencionismo', apunta.El consejero catalán no convierte la definición de Cataluña en un dogma. 'Está claro que el concepto de nación tiene muchas acepciones. Lo importante es que no se lea una voluntad de constituirse en Estado y de separarse de España. Nación no es sinónimo de soberanía ni de Estado', asegura. 'Lo que dice el Estatuto', añade, 'es que Cataluña se define como nación y que se auto constituye como comunidad autónoma en el marco de la Constitución y del Estado español. Otra cosa es que Esquerra Republicana, como partido independentista, no renuncie a defender su proyecto político. Insisto, hay que superar la idea centralista de que un Estado es una nación y también la de los independentistas de que una nación es un Estado', concluye.