Los ciudadanos reclaman al Gobierno más ayudas para acceso a la vivienda
El 62,2% de los españoles considera que el Estado está dedicando muy pocos recursos a políticas de acceso a la vivienda, a pesar del esfuerzo de los últimos años y el que está previsto en los Presupuestos de 2006, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecha pública ayer.
La vivienda es, de hecho, la actuación política que está generando una mayor insatisfacción para la mayoría de los ciudadanos, por encima de otros servicios públicos que también se consideran deficitarios como la enseñanza, la justicia o la sanidad. Sólo el 23% de los encuestados cree que las administraciones están dedicando los recursos necesarios para facilitar el acceso a la compra o el alquiler de un inmueble. Además, el 66% estima que la posibilidad de acceso es, hoy por hoy, peor que hace tres años.
Los números saltan a la vista. Los ciudadanos reconocen al CIS que pagan al mes una media de 466 euros por la hipoteca que tienen contratada y que les faltan aún 15,2 años para que esté totalmente pagada. Esta cantidad de dinero (supera un tercio del sueldo bruto de muchos hogares), unido a la posibilidad de que suban a corto plazo los tipos de interés en la zona euro provoca que la vivienda se encuentre entre los mayores problemas que tiene el país, según reconocen los encuestados, sólo superado por la tasa de paro, el terrorismo y la inmigración.
Ayer mismo, el Instituto Nacional de Estadística publicó los últimos datos oficiales sobre créditos hipotecarios. En julio, el importe medio por hipoteca solicitado por las familias se situó en 138.184 euros, un 13,7% más que un año antes, fruto del continuo encarecimiento de los precios de la vivienda. Sin embargo, la demanda continúa fuerte. La mayoría de los que no acceden a un piso en propiedad señalan al CIS que no lo hacen porque su capacidad financiera no se lo permite, no porque no lo deseen.
No con un IVA más alto
Si los ciudadanos estiman que el acceso a la vivienda es un problema, no lo tienen claro a la hora de dar soluciones para financiarlo. Todos rechazan que se suban los impuestos para mejorar las ayudas públicas. Llama la atención cómo, en el caso de que se tuvieran que subir, son más los que prefieren que se eleve el gravamen del IRPF para financiar los servicios públicos que los que desean que se haga a través de un alza en el IVA, ligado más al consumo.
En general, la mayoría de los contribuyentes (51,4%) cree que el Estado les da mucho menos de lo que pagan individualmente en impuestos y cotizaciones. Sólo el 7,5% estima que les aporta más.
Tributos injustos
Además, una amplia mayoría (72,3%) piensa que los tributos no se cobran con justicia, es decir que, al final, acaban pagando más lo que menos renta tienen. La percepción del fraude fiscal va también en esa línea. Se reconoce el esfuerzo adicional de la actual administración en la lucha contra los incumplimientos tributarios pero el 75% del total resalta que en España existe 'mucho o bastante' fraude fiscal, en sectores como el inmobiliario, y que la situación no ha variado sensiblemente en los últimos cinco años.
En las relaciones con la Agencia Tributaria, sólo un 12,4% admite que le han revisado su declaración de la renta alguna vez en los últimos cinco ejercicios. Otro 71% considera poco probable que Hacienda le haga una revisión. El trato con la administración ha ido mejorando, gracias a los servicios de ayuda que prestan las delegaciones de la Agencia Tributaria.
Más gasto para las regiones pero bajo control estatal
El proceso descentralizador del gasto es visto con agrado por los españoles. Un 52% está dispuesto a que el Estado central gaste aún menos para que las comunidades puedan hacerlo en mayor cuantía. Es más, prefiere que parte de estos mayores recursos de las regiones se transfiera a los municipios, las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, para su mejor funcionamiento. Ahora bien, la mayor autonomía de los entes territoriales no está reñida con un control estatal sobre su gestión. Así, el 74,9% de los encuestados cree necesario que el Gobierno central mantenga algún tipo de control para evitar que los Ejecutivos regionales y los municipios se endeuden excesivamente. Actualmente esta función la realiza el Ministerio de Hacienda, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, proyectos de estatutos como el catalán contemplan una mayor autonomía financiera para el Ejecutivo regional en la emisión de deuda pública. Un 20% de los encuestados tilda de 'mala o muy mala' la situación política en España, pero la mayoría cree que la coyuntura económica no se verá afectada por ello a corto plazo.