Los inspectores de Hacienda piden un registro de morosos
Los inspectores de Hacienda han presentado al Gobierno una batería de 50 medidas contra el fraude entre las que está la creación de un registro de defraudadores.
El Gobierno ha recibido una nueva petición. Esta vez de los inspectores de Hacienda que han solicitado la creación de un régimen especial para determinados contribuyentes defraudadores que reinciden en sus actuaciones, utilizando las 'lagunas existentes' en la Ley General Tributaria.
La lista negra estaría formada por personas o entidades que no comparecen reiteradamente en la administración a pesar de haber sido notificadas para ello, o contribuyentes que utilizan testaferros y sociedades pantalla para defraudar, amparándose en la tardanza de la administración en efectuar las inspecciones, dada la complejidad del procedimiento tributario.
Se trataría de crear un 'registro de contribuyentes en situaciones especiales' al que se le aplicaría una serie de medidas correctivas y preventivas. Entre ellas, figura la agilización de los trámites para investigar sus cuentas bancarias, un mayor plazo de prescripción de sus presuntas deudas tributarias, la prohibición de que puedan constituir más sociedades para seguir defraudando y de que puedan actuar como representante legal de una entidad.
La inscripción en este registro especial implicaría también su inscripción directa en el registro mercantil, para dar publicidad a sus actuaciones fraudulentas.
Esta propuesta se incluye dentro de una batería de 50 medidas contra el fraude fiscal, hechas públicas este viernes por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado en la clausura de su XV congreso anual, celebrado en Granada.
Reclamarán al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un endurecimiento de las sanciones y penas contra los bufetes de abogados y entidades financieras que colaboren en cometer actos fraudulentos contra la hacienda pública.
'Es de conocimiento público que determinadas entidades de crédito ofrecen en ocasiones productos opacos, diseñados a partir de una combinación de testaferros y paraísos fiscales, para captar dinero negro de los clientes. Entre la sanción a imponer se debería contemplar la inhabilitación de los directivos de las entidades que resulten condenados por este tipo de delitos', se añade en el documento en el que también se recoge la 'responsabilidad solidaria' entre los despachos de abogados que ayuden con técnicas de ingeniería fiscal.
Estas medidas se verían completadas con el aumento de cinco a 'ocho o diez años' del plazo de prescripción de los delitos fiscales y una fiscalía específica para delitos económicos, acompañada de tribunales especiales. En la lucha contra el blanqueo de dinero, los inspectores de Hacienda reclaman que se cree una oficina contra el fraude de carácter integral en un plazo de tres años.
Se trataría de que el actual Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) dependiente ahora del Banco de España se integre en la Agencia Tributaria a través de esta oficina, evitando así la 'descoordinación' actual entre ambos organismos.