Tarifas claras para el gas y la electricidad
La noticia sobre la fuerte subida de las tarifas del gas natural, cuya entrada en vigor se ha retrasado a la próxima semana por razones de agenda oficial, ha sido aprovechada por el Partido Popular asegurar que el Gobierno ha tomado posición en la opa por Gas Natural (cuya cotización subirá, auguran) frente a la malhadada Endesa, cuyos ingresos dependen de una subida (siempre más triste) de las tarifas eléctricas. Sin embargo, al margen de que, tal como recordaba hace unos días la presidenta de la Comisión de la Energía, Maite Costa, la metodología por la que se calculan las tarifas gasísticas fue aprobada por el anterior Gobierno del PP, las cosas casi nunca son lo que parecen.
Así, una subida del 3% de la tarifa eléctrica para 2006, la que dicen que está estudiando Industria, estará falseada si, finalmente, el Gobierno reconoce también el déficit de tarifa de 3.500 millones que las eléctricas prevén acumular en este ejercicio.
La desviación tarifaria se produce cuando los ingresos de la generación son inferiores al precio fijado en el decreto que cada fin de año aprueba el Gobierno. Para unos, por una previsión errónea de los costes de producción; para otros (los que atribuyen a las eléctricas poderes manipulatorios sobre los precios del pool), por una clara voluntad de las propias compañías.
Si, como todo apunta, el Gobierno reconoce finalmente ese déficit (lo hará, probablemente, en lo que concierne al coste del combustible) y decide evitar que el fenómeno se vuelva a reproducir el próximo año, las tarifas eléctricas subirían en 2006 incluso más que las del gas en 2005 que, en el caso de los grandes clientes, ha llegado hasta el 30%. Sólo para impedir que el déficit de ingresos se repita en 2006, a un precio medio del pool de 48 euros MW (el que ahora cotiza), la tarifa eléctrica tendría que aumentar un 24%.
Algo que no ocurrirá de golpe, pero sí progresivamente, pues Gobiernos y compañías eléctricas han perfeccionado a lo largo de los años diversos mecanismos para evitar subidas impopulares de la tarifa, pero sin dejar de esconder en ella sobrecostes que se han diferido en el tiempo. De hecho, en una tarifa eléctrica hipotecada y parcheada como la española, sólo el 60% corresponde a los costes de la energía. Sirva un ejemplo: los incrementos de los dos últimos años, que no han llegado al 2%, sólo han servido prácticamente para absorber el déficit de tarifa reconocido a finales de 2003 (1.300 millones), que fue titulizado.
La próxima revisión de las múltiples tarifas del gas (que oscilará, según ha reconocido Industria, entre el 6% y el 18%) va a resultar muy impopular; puede tener efectos sobre la inflación y proporcionará metralla a quienes apoyan a Endesa frente a la opa, pues, ciertamente, beneficia a Gas Natural, abastecedor casi único de un mercado regulado que, en todo caso, sólo representa el 16% del total, proporción que no se da en el mercado eléctrico. Conviene recordar, por otra parte, que los precios del gas en el mercado liberalizado, que afectan más directamente a la generación de electricidad, pues en él compran el combustible las centrales de ciclo combinado, serán todavía un 20% superiores a la media que va a resultar de la subida que el Gobierno prevé aprobar la próxima semana.
Sin embargo, nadie puede negar que la fórmula para revisar las tarifas del gas tienen la virtud de la claridad, frente a las inescrutables tarifas eléctricas. Llegados a este punto, si el PP interpreta la subida del gas como una toma de partido del Gobierno por Gas Natural, debería hacer, en justicia, la misma lectura política de apoyo a Endesa si, finalmente, se reconoce el rampante déficit de 3.500 millones, de los que, algo más de un 44% corresponde a la eléctrica opada. ¿O dirá que también beneficia a Gas Natural como hipotética propietaria de Endesa?
Pero si la cuestión es que la metodología de las tarifas del gas refleja en exceso los costes de los combustibles o dejan poco margen de maniobra al Gobierno (aunque alguno tiene) y que la que se aplica para calcular la de la luz adolece de lo contrario, el Gobierno debería corregir dichas diferencias. La opa o el Estatuto no son razones para una parálisis decisoria en un sector que se encuentra manga por hombro.
Los que han dado la bienvenida a la opa de Gas Natural alegando que puede ser aprovechada como marco o instrumento para la reforma pendiente, hacen de la necesidad virtud, ya que el Gobierno prometió un 'proceso ordenado' de cambios en el mercado de la electricidad, tras el debate que se materializó en el Libro Blanco, y no una reforma forzada en la horma de una opa hostil sobre la primera compañía del sector. Con el agravante de que en la oferta colabora Iberdrola, que fue la empresa que más resistencia opuso a los cambios propuestos en el libro.
Hay quien no considera una mera coincidencia el hecho de que sólo una semana después de la publicación del documento, a finales de julio, Gas Natural iniciara el diseño de la oferta, algo que no tenía previsto un mes antes, según acaba de reconocer su principal accionista, La Caixa, que el 30 de junio vendió un 3% de su participación en Endesa.
Sea como fuere, el ministerio tiene encima de la mesa importantes cuestiones (económicas y relacionadas con el suministro) que no pueden esperar ni al fin de una opa que se vislumbra larga ni a la aplicación del contenido del Libro Blanco. Por el momento, Industria ha aprobado hace escasos días las normas técnicas del gas, cuya entrada en vigor ha pasado sin pena ni gloria, pero que pueden evitar los serios problemas de suministro del pasado invierno.