La Generalitat busca comprador para AEG
La Generalitat de Cataluña busca una fórmula para vender la factoría de AEG Motores Eléctricos ubicada en Terrassa (Barcelona), cerrada por orden judicial desde el pasado lunes. El consejero de Trabajo e Industria de la administración catalana, Josep Maria Rañé, afirmó en declaraciones a TV-3 que su departamento ha iniciado contactos para vender la factoría y 'salvar gran parte de los puestos de trabajo'.
Rañé destacó que 'estamos estudiando a través de la Agencia Catalana de Inversiones diferentes alternativas para encontrar nuevos socios o compradores para la factoría'. AEG, que cuenta con una plantilla de 280 empleados, es propiedad del grupo italiano Lafert, que compró en 1999 al grupo alemán originario la marca y varias factorías de motores industriales, incluida la española.
Lafert ha consumado en estos últimos cinco años el traslado de la factoría del centro urbano de Terrassa, vendiendo los terrenos. En este sentido, el consejero de Industria reconoció que la compañía utilizó esta operación para financiar la construcción de una nueva factoría más moderna, 'por lo que todos creímos que la continuidad del centro de producción era un hecho'.
La compañía italiana presentó un expediente de regulación para 124 trabajadores en marzo pasado, alegando la competencia de productores asiáticos, mientras los sindicatos señalaron que era la propia empresa la que desviaba fabricación a plantas de Europa del Este, dejando sólo dos líneas de montaje en Terrassa.
Hace un mes la compañía cambió de estrategia y pidió la liquidación total y la rescisión de todos los contratos alegando que no tenía fondos para pagar a proveedores. El titular del juzgado Mercantil número dos de Barcelona dictó la semana pasada el cierre de la factoría, que se hizo efectiva este lunes. Un centenar de trabajadores se encerró en las instalaciones.
Josep María Rañé puntualizó que con la nueva Ley Concursal 'sólo podemos tratar de ayudar en lo que podamos porque todo el poder lo tiene el juez'. CC OO ya ha presentado un recurso contra la orden de cierre, reclamando que se inicie el período de consultas con los trabajadores, que la Ley establece en 30 días.