Hacienda investiga las 800 mayores promociones inmobiliarias
La Agencia Tributaria ha solicitado requerimientos de información a las 800 juntas de compensación más importantes del país para controlar a los propietarios iniciales de tales promociones urbanísticas con el fin de prevenir el fraude en la vivienda.
La medida, junto con otras que saldrán adelante en los próximos meses, desarrolla parte del plan antifraude aprobado en febrero por la administración en lo referente a la actividad inmobiliaria, según informó ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. 'El objetivo de estos requerimientos es conocer en profundidad toda la vida de los desarrollos urbanísticos, desde su inicio hasta la entrega de llaves al particular, no como se hacía hasta hace un año en que la inspección concentraba el esfuerzo en la fase final' recalcó Pedroche.
Hacienda quiere controlar, de esta forma, todas las compraventas de derechos entre particulares previas a la escritura pública de la vivienda, operaciones que generan ganancias a los vendedores sin que hayan tributado.
Fuentes de Hacienda admiten que, en algunos casos, se tiene constancia de que se han llegado a dar hasta cuatro o cinco operaciones previas antes de la escrituración de una misma vivienda. El procedimiento consiste en vender el derecho de compra que se tenga en una promoción urbanística a otro particular a un precio más alto, antes de que finalice la construcción del inmueble o la venta final del resto de pisos anexos. La fuerte presión al alza de los precios de la vivienda favorece que estas operaciones privadas se repitan en un corto periodo de tiempo para obtener unas plusvalías sin pasar por el fisco. Al final del proceso, el comprador último escritura la vivienda ante notario y paga sus impuestos pero Hacienda ha perdido el gravamen referido a las operaciones anteriores.
El objetivo es conocer los desarrollos urbanísticos desde su inicio hasta la compra final de la vivienda
Los requerimientos de información a las juntas de compensación permitirán, según Pedroche, tener una información de los primeros propietarios en los planeamientos urbanísticos, con lo que se podrá seguir la pista de los inmuebles con más facilidad para cotejar los datos de los propietarios finales con los consignados antes del inicio de las promociones.
Hacienda no sólo está vigilando las juntas de compensación. 'En lo que va de año se han efectuado 16.000 actuaciones selectivas en el conjunto del sector inmobiliario', comentó ayer Pedroche en su comparecencia en el Congreso. Se trata de 'peinados' parciales sobre alquileres de inmuebles y compraventas de viviendas de segunda mano. En los próximos días, Hacienda dará a conocer los resultados globales de la lucha contra el fraude en lo que va de año, resultados que Pedroche avanzó ayer que son 'muy positivos'. Desde el PP, el portavoz Francisco Utrera le sugirió que haga caso a los empleados de la Agencia (inspectores y subinspectores) cuando le reclaman más medios para hacer su trabajo 'de forma eficiente'.
Entes para el desarrollo urbanístico
Las juntas de compensación son entidades urbanísticas que disponen de naturaleza administrativa, personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que no son otros que participar en la acción urbanística. Entre sus funciones se encuentra la de garantizar la cesión obligatoria de los terrenos y realizar a su costa la urbanización en los términos que fije el planeamiento urbanístico. Son responsables frente a los municipios de la completa urbanización, incluyendo los gastos que se deriven de ella, como el de la edificación de los solares. También calculan la compensación que los propietarios deben sufragar a los perjudicados por el derribo de construcciones cuando lo exija la ejecución del citado planeamiento. Son pues, figuras clave que conectan a los ayuntamientos con los promotores de las viviendas y sus propietarios.Las promociones están ligadas a otro tipo de fraude, asociado al blanqueo de dinero. La Policía detuvo la semana pasada a una red, en la que están implicados varios abogados, dedicada a blanquear fondos con la compra de 132 apartamentos en la Costa del Sol.