Estatuto catalán

Moncloa objeta el capítulo financiero

Dos días después de que el Parlamento catalán aprobara la reforma de su Estatuto de autonomía, el Gobierno central se ha mostrado más preocupado por la amenaza a la unidad de mercado, la gestión de los aeropuertos o el sistema de financiación, que por temas que califica de 'simbólicos' como el pretendido estatus de nación.

Para el Gobierno, el meollo del Estatuto desde el punto de vista político es el debate sobre el término 'nación', algo que se cree que tiene un enorme potencial simbólico. Fuentes gubernamentales aseguran que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene 'muy pensada', pero también 'muy guardada' la posible salida a este punto.

En el Ejecutivo piensan que la discusión sobre este punto acabará en acuerdo mediante enmiendas de una y otra parte para hacerlo compatible con el artículo 2 de la Constitución de 1978, que habla de la indisoluble unidad de la nación española. Sin embargo, el Ejecutivo observa puntos de colisión muy claramente identificados, como los relativos a la ordenación económica, la unidad de mercado (elemento considerado fundamental por Zapatero), posiblemente la Seguridad Social y los aeropuertos, aunque en este último aspecto se considera razonable que se tienda hacia una gestión compartida.

Zapatero identificó ayer en León algunas de las cuestiones que han de modificarse en la propuesta de Estatuto, como la financiación, las competencias y la relación entre el Estado y la Generalitat. El presidente se mostró convencido de que el nuevo Estatuto no supone un cambio de modelo de Estado. Zapatero adelantó que el PSOE fijará claramente su posición en un documento (que el Gobierno asegura que 'dará muchas pistas' sobre la posible solución de algunos problemas) antes de que el texto del nuevo Estatuto sea admitido a trámite en el Congreso. Fuentes gubernamentales subrayan que su intención es que sea directamente la Ejecutiva del partido la que fije esa posición, y no el Comité Federal o el Consejo Territorial.

Los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Parlamento de Cataluña, en el mejor de los casos, no acabarán antes de la primavera que viene, con lo cual la aprobación del mismo por las Cortes se daría en junio o septiembre y el referéndum de aceptación en noviembre de 2006.

El jefe del Ejecutivo está convencido, según las fuentes citadas, de que si se logra finalmente un acuerdo para la reforma del Estatuto, se recibirá con total normalidad y no pasará nada.