Infraestructuras

Una empresa pública vigilará las obras en las que haya capital privado

El Ministerio de Fomento tiene prácticamente concluido su proyecto estrella para el próximo año: la Sociedad de Infraestructuras del Transporte Terrestre. Este organismo, de capital 100% público, controlará la gestión de las nuevas obras de carreteras y ferrocarril que se financien con recursos extrapresupuestarios, tanto públicos como privados.

Los responsables del proyecto están cerrando aún algunos detalles del mismo, como el nombre definitivo que tendrá la entidad o quién será su máximo responsable.

No obstante, fuentes conocedoras de esta iniciativa creen que quien más opciones tiene para dirigirla es Josefina Cruz, actual secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

El objetivo de esta sociedad es controlar las nuevas obras en carreteras y ferrocarril que se financien con recursos extrapresupuestarios, ya sean públicos o privados. 'Será la encargada de vigilar, por ejemplo, que se cumplan todas y cada una de las condiciones establecidas en los contratos de cada nueva concesión que se firme', aseguran las mismas fuentes.

La empresa pública, que será presentada próximamente, parte con una dotación económica inicial de 500 millones de euros correspondientes a este año, tal y como anunció el presidente del Gobierno en julio pasado, a los que podrán sumarse otros 300 ó 400 el próximo ejercicio.

La idea surgió en las constantes conversaciones mantenidas entre representantes del Gobierno y de las principales constructoras. La ministra Magdalena Álvarez enseguida se interesó por el proyecto y consultó a Moncloa sobre la idoneidad de llevarlo a cabo.

Finalmente, Presidencia optó por encargar la elaboración de la sociedad al Ministerio de Economía y Hacienda, aunque también estuvo de acuerdo en que Fomento mantenga un papel determinante, según sostienen las mismas fuentes.

Así, la nueva sociedad será la encargada de estudiar las necesidades de tráfico que existen en los dos modos de transporte: carreteras y ferrocarril; licitar los contratos de obras, hacer el control de calidad de las mismas y, por supuesto, captar el mayor volumen de financiación privada posible en el mercado, tal y como reconocía recientemente la propia ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Este tipo de sociedades ya existen en el Reino Unido y EE UU y, según las fuentes del sector constructor consultadas, funcionan 'relativamente bien'.

En el caso de los británicos, la agencia controla cómo se desarrollan los múltiples proyectos que están en marcha en el país bajo fórmulas de colaboración público privada (conocidas en España con las siglas CPP). Mientras, en EE UU, la sociedad también se dedica a estudiar por qué se producen los colapsos de tráfico y qué posibles soluciones deberían ponerse en marcha para mitigarlos.

'En la iniciativa que prepara ahora el Ministerio de Fomento también se contempla la realización de estudios para conocer dónde se concentran los mayores problemas de saturación de las carreteras españolas 'y de decidir, entre otras cuestiones, si es o no más rentable habilitar todos los carriles de la autovía Madrid-Valencia en un único sentido en determinados días del año y desviar el resto de flujos por otras carreteras o ampliar esa infraestructura', sostienen fuentes cercanas al proyecto.

Precisamente la remodelación de las autovías más antiguas, también conocidas como de primera generación, es uno de los primeros trabajos en los que tome partido esta nueva sociedad.

El proyecto, que prevé actuar sobre más de 1.500 kilómetros de la A-I Madrid-Burgos; la A-II Madrid-Barcelona; A-IV Madrid-Bailén y A-V Madrid-Badajoz, supondría un desembolso para las arcas públicas de más de 2.000 millones de euros, aunque es probable que llegara a movilizar una inversión total de 4.500 millones.

Su elevado coste y la dificultad que entraña encontrar una fórmula de financiación que no vulnere los principios de Eurostat y no comprometa demasiado el objetivo de estabilidad presupuestaria ha retrasado constantemente su puesta en marcha y, por ende, ha encarecido el proyecto.

Sin embargo, no por ello se ha renunciado a llevarlo a cabo y ya se ultima su fórmula de financiación: contrato concesional de 20 años.

Desde el sector constructor, sólo se ponen objeciones al hecho de que será difícil captar fondos privados para la construcción de grandes líneas ferroviarias, 'ya que ahí es imposible recuperar la inversión, sólo es viable entrar en la explotación y el mantenimiento'.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 prevé una inversión de 248.892 millones, de la que el 60% procederá del presupuesto, el 20% del capital privado y el otro 20% de fórmulas de pago público-privadas.

No más Mintra y Madrid Calle 30

La necesidad de fiscalizar o controlar de manera exhaustiva cómo se gasta cada euro del erario público y si va o no destinado a alguna sociedad y de qué naturaleza es la misma no surge por el capricho de los nuevos dirigentes del Ministerio de Economía y Hacienda, sino como respuesta a experiencias pasadas, tales como el 'caso Mintra' o el más reciente de Madrid Calle 30.

La empresa Mintra, que pertenece a la Comunidad de Madrid, es la propietaria de las infraestructuras del metro y está llevando a cabo las obras de su ampliación, fue considerada por parte de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, como sociedad pública al no cumplir con uno de los criterios básicos para ser calificada como compañía de mercado. Eurostat recordó la pasada primavera al Gobierno regional de Madrid que Mintra no generaba suficientes ingresos como para hacer frente a su elevado nivel de inversiones, ya que Bruselas establece que esta clase de entidades deben de autofinanciarse en un 50%.

Como consecuencia de esa resolución, las cuentas madrileñas debían sumar a su deuda otros 2.500 millones de euros procedentes del balance de Mintra. Meses después, el Ejecutivo regional sigue ultimando qué solución dar a este conflicto para minimizar el impacto sobre sus cuentas de esa mayor deuda y evitar límites a su capacidad inversora.

Este verano se ha conocido la decisión de Eurostat sobre Madrid Calle 30, la sociedad del Ayuntamiento encargada de la reforma de la circunvalación M-30, que costará un total de 4.000 millones. Ni siquiera la entrada de un socio privado en el capital de la entidad ha disuadido a Bruselas, que concluyó que la empresa no es de mercado, sino de la Administración.

Autovías antiguas

Uno de los primeros proyectos de los que podría encargarse la nueva sociedad sería la gestión de la remodelación de las autovías de primera generación, actuación prevista sobre unos 1.500 kilómetros de carreteras con un coste de más de 2.000 millones de euros.