'Vamos a prohibir la especulación con el suelo'

La ministra de Vivienda asegura que la nueva ley de suelo que ultima el Gobierno acabará con la especulación y reservará más terrenos para VPO. Además, se muestra convencida de que contará con el respaldo del PP

Cerrado el capítulo del consenso y elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, el curso político arranca para la titular de este Departamento, María Antonia Trujillo, con dos retos pendientes: la reforma de la ley estatal de suelo y la puesta en marcha de la Sociedad Pública de Alquiler. La ministra se muestra convencida de que en materia de suelo habrá pacto, incluso con el PP, y que sentará las bases para acabar con la especulación que alimenta la actual espiral de precios. En alquiler, Trujillo recuerda que sólo el anuncio de que se iba a poner en marcha una agencia pública ha servido para incrementar la oferta, tanto de los particulares, como del resto de administraciones.

¿Cree que será posible el consenso en la futura ley estatal de suelo cuando buena parte de las transferencias están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos?

Lo que hicimos antes del verano fue sentarnos a hablar y fijar unas directrices, unos planteamientos básicos sobre sostenibilidad, transparencia y eficiencia a través de la agilización del proceso urbanístico y aunque el PP presentó su pacto de suelo alternativo, todos estábamos de acuerdo en los planteamientos generales, que son los que ahora deberán plasmarse en la ley.

Pero, ¿qué elementos contendrá la legislación para posibilitar que los precios del suelo no continúen con su escalada actual?

En la nueva ley de suelo se van a regular los derechos y deberes del ciudadano, no del ciudadano propietario. El Gobierno anterior legisló en varias ocasiones sobre suelo, lo liberalizó y no sólo no bajó su precio, sino que se ha encarecido como nunca antes. La clave es que el PP consideraba el suelo como bien exclusivamente económico y patrimonial, cuando tiene un fuerte componente social y natural.

La nueva normativa no tendrá nada que ver sobre lo que había hasta ahora. Nosotros vamos a actuar estableciendo reservas de terrenos para vivienda protegida, regularemos los aprovechamientos urbanísticos, la formación de los patrimonios de suelo público, cambiaremos el sistema de valoraciones de suelo, de tal manera que no anticipe plusvalías y se limite al valor real. Lo que hace falta es voluntad política para llevar a cabo todos estos cambios.

¿Cómo se articulará ese cambio del sistema de valoraciones? ¿Se va a establecer un precio fijo o una horquilla de lo que valen los solares en función de su clasificación? ¿No temen que se genere un mercado negro?

Es que precisamente eso es lo que ya prohíbe la Constitución, que se tasen las expectativas, que se especule con el suelo. Y nuestras medidas, tanto en el pacto como en la futura ley van dirigidas a prohibir la especulación, porque ése es uno de nuestros objetivos fundamentales.

Lo que se va a valorar ahora es el precio real de cada suelo, no la expectativa. Si una persona tiene un patatal, deberá vender como tal, no con la expectativa de que en un plazo determinado ese solar puede ser residencial.

Después de su experiencia en el ámbito autonómico al frente de la Consejería de Fomento de Extremadura y ahora desde el Estado en el Gobierno central, ¿cree que las competencias que ostentan las regiones en materia urbanística son demasiado amplias?

Sé de la complejidad que plantea esa situación en algunas cuestiones urbanísticas, pero el hecho de que algo sea complicado no quiere decir que no se pueda consensuar. Lo que hace falta es voluntad política para intentar llegar a acuerdos, tal y como hechos hecho con el Plan de Vivienda y como trataremos de hacer con la ley del suelo.

Lo acabamos de ver durante el proceso de negociación del Plan de Vivienda 2005-2008. Si opinan más de 60 colectivos y 17 comunidades autónomas es normal y me parece razonable que se produzcan opiniones discordantes. Pero lo más importante es que el documento aprobado es el más consensuado, participativo y social de la democracia española. Y ése es el objetivo que perseguimos con la futura ley de suelo. De hecho, el borrador que estamos ultimando no va a plantear ningún problema para las comunidades autónomas. Es más, probablemente podrá reconocer más el hecho autonómico que la legislación actual.

Yo creo que las comunidades autónomas tienen unas competencias en materia urbanística muy claras que no afectan para nada a las competencias del Estado en la legislación del suelo.

¿Es su departamento partidario de que la reforma de la ley del suelo vaya pareja a la implantación de un nuevo sistema de financiación local?

Sí, el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando en ese proyecto porque por primera vez un partido como el socialista se ha comprometido a trabajar para resolver el problema de la financiación local. Porque si algo hizo el PP fue asfixiar económicamente a los municipios.

Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque en la ley de suelo hablamos de aprovechamientos urbanísticos, de reservas de solares para vivienda protegida y en estos temas será vital contar con la opinión y el consenso de los ayuntamientos.

¿Contemplará la nueva legislación un aumento de las cesiones gratuitas de suelo que deben realizar los promotores a los municipios desde el 10% actual al 15%, tal y como reclama el presidente de la FEMP, Francisco Vázquez?

æpermil;sa es una propuesta que existe, que está encima de la mesa y estamos valorando. La ley actual establece una horquilla que va desde el 0% al 10% y deja libertad a su vez a las regiones para que establezcan ellas la cuantía. Yo creo que, volviendo al debate sobre la conveniencia de que parte de las plusvalías generadas por el urbanismo reviertan en la sociedad. Por eso estamos valorando la posibilidad de aumentar ese porcentaje.

¿Cuándo podrá iniciarse el trámite parlamentario del nuevo texto normativo?

El objetivo es que entre en el Parlamento antes de que finalice este periodo de sesiones. Todo dependerá de cómo discurra la búsqueda del consenso, ya que son muchos los colectivos implicados: comunidades autónomas, ayuntamientos, el sector de la promoción y la construcción, los medioambientalistas.

No olvidemos además que la elaboración de una nueva ley del suelo ha sido pedida por todos, incluido el PP, por expertos del sector y por ello las expectativas que se han generado son numerosas.

¿Y no teme que, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el suelo se convierta en un elemento de confrontación política?

Soy consciente de que el suelo juega un papel muy importante en las políticas públicas, como es la política de vivienda. Yo desde luego voy a trabajar por conseguir el acuerdo de todos y creo que lo vamos a lograr.

Y en el mejor de los escenarios posibles, una vez logrado ese gran pacto de Estado, ¿será posible conocer de verdad en manos de quién está el suelo en España?

Como ocurre en algunos territorios, Extremadura entre otros, se está trabajando para la creación de un sistema de información urbano mediante el cual, y unido a los datos que ofrece el Catastro, se pueda conocer en cada momento quién es el propietario de cada suelo y en qué situación se encuentra su parcela.

Además, vamos a presentar en breve el Atlas del Suelo de España, un documento que contiene todos los grandes parámetros de este mercado y cómo se ha transformado en los últimos cinco años. Este tipo de iniciativas dan transparencia y seguridad al mercado porque permiten conocer dentro de los planes de crecimiento de las ciudades cuánto le queda por construir y qué solares hay disponibles, por ejemplo. De hecho, hay ya comunidades y ayuntamientos que tienen toda esa información digitalizada con el fin último de que los ciudadanos puedan acceder a ella a través de Internet. Y dentro de esta línea hay que recordar las iniciativas que ha adoptado el Gobierno con su patrimonio de suelo. Ahora mismo se ha puesto a disposición del mercado terreno para más de 30.000 viviendas protegidas y se va a continuar en esta senda, creando ciudad y no guetos, por lo que se entremezclan todas las distintas tipologías de pisos protegidos que ha introducido el plan de vivienda.

Usted se ha manifestado partidaria de reformar la fiscalidad que grava la vivienda. ¿Va a haber cambios significativos como recuperar la desgravación del inquilino?

Sigo defendiendo la neutralidad de la fiscalidad que grava la compra de vivienda y la del alquiler, pero eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía y Hacienda e irá enmarcado en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ultima el Gobierno.

¿ Sería partidaria de aplicar un impuesto sobre las viviendas vacías con el objetivo de que sus propietarios se decidieran a sacarlas al mercado?

Creo que existen otras maneras de incentivar que todas esas casas vacías puedan salir al mercado para su venta o su alquiler sin necesidad de incrementar los impuestos. Trabajaría con todas las administraciones implicadas para darle una solución.

Otro de los proyectos pendientes, incluso desde la pasada legislatura, es la aprobación del Código Técnico de la Edificación. ¿Cuándo podrá estar listo para su aplicación?

Nos lo encontramos en un cajón sin haber cumplido siquiera el trámite de haberlo enviado a Bruselas, a las regiones y a determinados sectores de interlocución que no fueron oídos. Eso se hizo y ahora está en el Consejo de Estado pendiente de dictaminar.

¿Cuándo se publicarán las nuevas estadísticas de suelo y actividad que prepara el ministerio con información de notarios y registradores?

Hacer una estadística donde no existía nada es difícil. No obstante, se está trabajando en ello y van a ser el referente no sólo en cuanto a precios, sino en otros indicadores que ya se seguían antes y, sin embargo, se optó por sacarlos de las publicaciones oficiales. Tenemos un calendario y con él trabajaremos para ofrecer cada vez más información. Somos un Ministerio pequeño y al tiempo queremos ampliar nuestra estructura orgánica.

Ha sido un año complejo y en muchas ocasiones ha dado la sensación de que su ministerio ha estado bajo bastante presión y ha sido objeto de numerosas críticas. ¿Alguna vez se planteó dimitir?

En absoluto. Yo tengo muy buen talante, aguante y además soy perseverante y tengo un compromiso con la ciudadanía en el que creo firmemente. Tengo voluntad política y siempre me ha caracterizado que soy una política arriesgada en el sentido de que quiero sacar adelante proyectos, no que me tire a la piscina o trabaje de forma insensata.

'El aumento de la oferta ya es una realidad'

¿Cómo ha sido el arranque de la Sociedad Pública? ¿Qué acogida ha tenido entre propietarios e inquilinos? ¿Se puede hablar de éxito?Desde su puesta en marcha el pasado mes de junio se ha iniciado una campaña de captación de los agentes colaboradores o APIS para captar las viviendas que se alquilarán. Así, la Sociedad Pública va a gestionar un patrimonio de pisos privados y también otro patrimonio público de los distintos Ministerios. En la actualidad, entre unos y otros contamos con una bolsa de casi 1.500 casas, la mayoría de ellas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga. A partir de octubre iniciamos la campaña de captación de inquilinos. Teniendo en cuenta que en agosto se ha estado trabajando en la sombra, yo creo que sí se puede hablar de una gran acogida porque ha habido miles de entradas en la página web pese a ser una iniciativa nueva en España y ya se ha superado el objetivo de gestionar 1.000 casas el primer año.¿Cómo puede afectar esta iniciativa sobre el conjunto del mercado?Solamente el anuncio de que se iba a crear una sociedad pública ha provocado que numerosas administraciones autonómicas y municipales hayan comenzado a crear sus propias agencias, por lo que la oferta ya se está incrementando. Además, por los datos que manejamos nosotros, que nos cuenta el sector, el mercado del alquiler se está dinamizando después de muchos años de paralización.

Pese a todas estas nuevas iniciativas en materia de arrendamiento, el sector continúa demandando más seguridad jurídica. ¿Qué se ha hecho en este apartado?En esa materia ya trabaja el Ministerio de Justicia. Llegamos a un acuerdo para la implantación de los juicios rápidos en los procesos de desahucio y ya se crearon varias oficinas de señalamiento en varias grandes ciudades para permitir más agilidad cuando se produce un impago en el alquiler.

'No puede pagarse como residencial lo que es un patatal'

'Lo más importante no es la clasificación del suelo, lo más importante es su valoración. Si el suelo vale para sembrar patatas o el suelo vale para hacer viviendas', asegura María Antonia Trujillo, quien rechaza con ello que el texto legal que está preparando su Departamento vaya a entrar en una nueva clasificación de las distintas tipologías de terrenos.La ministra Trujillo defiende, como experta constitucionalista, que el texto de la Carta Magna española es mucho más progresista de lo que algunos interpretan. 'La propiedad tiene una fuerte función social, luego las plusvalías que se generan porque un suelo pase de patatal a residencial tienen que revertir a la sociedad, ya que no en balde ha sido un poder público el que ha decidido, de acuerdo con determinados parámetros del planeamiento urbanístico, que el crecimiento de una ciudad vaya por un sitio u otro', explica.El Ministerio pretende con este cambio en el sistema de valoraciones que los suelos que deban ser expropiados lo sean a un precio mucho más acorde con la situación en la que se encuentren en el momento de la operación. Es decir, a un coste sensiblemente más bajo de lo que se está registrando en la actualidad.De conseguirse esta premisa, esa rebaja tendría rápidamente un lógico efecto contagio, ya que aunque el sistema de valoraciones sólo se podrá aplicar en las enajenaciones de suelo en las que intervenga alguna administración, no en los acuerdos entre particulares, los promotores dejarán de comprar solares que traten de repercutir en su precio final plusvalías futuras o inexistentes. En cuanto al sistema de clasificación de qué suelos son urbanizables y cuáles no, Trujillo insiste en que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad para legislar sobre esta materia y así lo están haciendo, 'ya que la mayoría de las leyes autonómicas de suelo datan de los últimos años'.