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Transportes

Fenadismer convoca paros en el sector transportista para el 19 y 20 de septiembre

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte por Carretera (Fenadismer) anunció ayer un paro nacional del sector para los días 19 y 20 de septiembre. La protesta se basa en la falta de medidas para paliar los efectos del encarecimiento de los carburantes y los escasos resultados obtenidos, hasta ahora, en la mesa de diálogo abierta con el Gobierno.

Fenadismer indicó en el comunicado posterior a su asamblea extraordinaria su intención de fijar un calendario de protestas como consecuencia de la situación del sector y, 'en especial, los transportistas autónomos y microempresas', que atraviesan 'una etapa de quiebra económica'.

Los transportistas agrupados en Fenadismer, unas 22.000 pequeñas empresas y cooperativas de transporte, reconocieron no poder repercutir la subida 'incontrolada y desproporcionada' de los precios del gasóleo en las tarifas que cobran a sus principales clientes, cargadores e intermediarios. Asimismo, denunciaron 'la inoperancia de la labor inspectora del Gobierno' ante las prácticas de competencia desleal o 'dumping', (trabajo realizado por debajo su coste), que atribuyen a sus clientes. La patronal pide a sus clientes que acepten una subida de tarifas, y que Gobierno y Comunidades Autónomas establezcan 'los mecanismos administrativos y de tipo fiscal' necesarios para eliminar 'los actuales abusos y prácticas ilegales'.

A la convocatoria de Fenadismer se unen las quejas de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), patronal mayoritaria del sector, que juzgó ayer 'absolutamente indispensable' que durante septiembre se produzca una reacción del Gobierno con 'actuaciones inmediatas que corrijan el efecto devastador del precio del combustible y el desorden desmoralizador del sector'. La CEMT no tiene previsto sumarse al paro convocado por Fenadismer.

Por otra parte, el titular de Economía, Pedro Solbes, comunicó ayer la disposición del Gobierno para 'buscar soluciones' y recordó la posibilidad de implantar un gasóleo profesional, para el que el sistema impositivo español debe ajustarse al comunitario.

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