Francia cumplirá este año el límite del 3% de déficit que impone el Pacto de Estabilidad
El Gobierno francés anunciará a la Comisión Europea una previsión de déficit del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), en el límite de lo fijado por el Pacto de Estabilidad pero peor de lo que pronosticaba París hace unos meses. La información la ha revelado hoy Les Echos, que precisa que la cifra se notificará con retraso, puesto que la fecha normal debía haber sido el pasado día 1, y atribuyó el deterioro de las cuentas a la disminución de los ingresos fiscales por la ralentización de la economía.
En concreto, el Estado tendrá este ejercicio una recaudación fiscal de 3.000 millones de euros menos de lo esperado, inferior incluso a los 4.000 millones que se temían al comienzo del verano.
El Gobierno francés se había comprometido a cumplir este año el Pacto de Estabilidad en lo que se refiere al déficit, después de haber superado en los tres últimos ejercicios el límite del 3% del PIB, y en su último programa plurianual presentado a Bruselas citaba expresamente el objetivo de reducirlo. La Comisión Europea, sin embargo, había optado por trabajar con un déficit del 3,4 % del PIB en 2005 en Francia.
En cuanto a 2006, Les Echos avanza que en el proyecto de presupuestos que se presentará el próximo día 28 (y no el 21 como se preveía en un principio) el agujero de las cuentas públicas se estima en el 3 %. Eso significa unos objetivos menos ambiciosos: en marzo pasado el Ministerio de Economía hablaba del 2,7 %, cifra revisada al alza respecto al 2,2 % anunciado inicialmente.
El Ejecutivo ha optado por privilegiar otras prioridades, como el "plan de urgencia sobre el empleo", las inversiones en infraestructuras y la reforma del impuesto sobre la renta. En cualquier caso, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, había señalado ayer que su gabinete hará todo lo posible para cumplir sus compromisos de déficit, e insistió en la necesidad de controlar los números rojos de la Seguridad Social. También recordó que la semana pasada había decidido anular 4.000 millones de euros de gastos de la Administración del Estado.