El Gobierno intenta evitar un frente común de las comunidades del PP en la negociación sanitaria
Los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas mantienen conversaciones discretas con varios consejeros de economía de comunidades gobernadas por el PP para intentar romper el frente común que el líder de este partido, Mariano Rajoy, trata de formar con vistas a la Conferencia de Presidentes prevista para el sábado. En ella se abordará de forma monográfica la financiación de la sanidad.
'La insistencia con la que algunas comunidades gobernadas por el PP, como la valenciana o la balear, nos están pidiendo soluciones urgentes para aliviar el déficit sanitario nos hace pensar que Rajoy tiene difícil contestar con un no rotundo al acuerdo que formalmente presentaremos en el Consejo de Política Fiscal y en la Conferencia de Presidentes', afirman a este diario fuentes gubernamentales.
El vicepresidente Pedro Solbes se ha reservado, de hecho, un margen razonable de maniobra para encauzar la negociación, teniendo en cuenta que el ofrecimiento de 1.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos en los dos próximos ejercicios 'es sólo un punto de partida'.
En el resto de los puntos, la oferta elaborada por los Ministerios de Economía y Administraciones Públicas tiene pocas dobleces. 'El PP va a tener pocos argumentos para defender que las comunidades que gobierna nueve en total contando con Ceuta y Melilla, rechacen el aumento de la capacidad normativa que les ofrece el Gobierno', señalan las mismas fuentes.
De hecho, es una propuesta que sintoniza con el modelo aprobado en 2001, con José María Aznar como presidente, y que carga sobre el Gobierno central la responsabilidad de aumentar los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol, mientras traslada a las comunidades la posibilidad, hasta ahora inédita, de establecer recargos sobre el consumo eléctrico.
Recargos sobre gasolinas
Otras fuentes gubernamentales recuerdan que también fue el PP el que creó los recargos sobre los combustibles, el denominado céntimo sanitario, y que han sido comunidades gobernadas por este partido las que han recurrido hasta ahora al mismo.
Además de Canarias y Galicia (con el PP en sus Gobiernos regionales hasta antes del verano), han hecho uso de este recargo la Comunidad Valenciana y la de Madrid. Otros dos territorios gobernados por los populares, como Castilla y León y Baleares, consideran también utilizar al mismo sistema para aumentar sus ingresos.
En el Gobierno se asume que un posible rechazo en bloque del PP a la propuesta presentada por Economía tendría más consecuencias políticas que prácticas, puesto que ni la partida inicial de 500 millones de euros comprometida en los Presupuestos se retiraría ni tampoco el acceso de las comunidades a una mayor corresponsabilidad fiscal.
Lo que sí preocupa en el entorno del presidente del Gobierno es que el PP consiga un discurso eficaz que le sitúe como el único defensor de la rebaja de impuestos.
Matas y Camps son los más pragmáticos
Los presidentes de Baleares y de la Comunidad Valenciana, Jaume Matas y Francisco Camps, son, en opinión de las fuentes consultadas, los más proclives a un entendimiento con el Gobierno central en la negociación sobre la financiación sanitaria y, por tanto, los menos entusiasmados en convertir la misma en un mero instrumento de enfrentamiento político. En el extremo opuesto se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.La posición de Camps, cuya reforma estatutaria será la primera en tramitarse en el Congreso, se explica, en parte, por el abultado déficit sanitario que arrastra su comunidad, superior a los 700 millones de euros. Es la más endeudada de las comunidades gobernadas por el PP.