Agbar da un ultimátum a Kirchner sobre las tarifas
Agbar y su socio Suez han respondido con un ultimátum de 30 días al Gobierno argentino para 'reestablecer' las condiciones de la concesión de Aguas Argentinas, que abastece parte de Buenos Aires. La compañía considera que la última propuesta de la administración 'tampoco ofrece alternativas'.
Aguas de Barcelona (Agbar) y el grupo francés Suez anunciaron ayer a través de un comunicado en la página web de su filial Aguas Argentinas que no pueden asumir más riesgos en la congelación de tarifas de la concesión que abastece a la capital Buenos Aires y a 17 municipios de su área urbana. Ambos socios han dado un plazo de 30 días hábiles al Gobierno argentino para 'reestablecer el equilibrio del contrato, dejando abiertas instancias de diálogo durante tal período'.
A pesar de esta voluntad de apurar las negociaciones, Aguas Argentinas reconoce en el mismo comunicado que 'en su propuesta del 7 de julio, los accionistas han expresado sus máximos esfuerzos, después de asumir durante tres años y medio sus reponsabilidades en condiciones muy difíciles'. Tras esta última oferta de principios de mes, el Gobierno argentino presentó el lunes pasado una última propuesta, que fue analizada ayer por el directorio de Aguas Argentinas.
'El documento recibido ayer no contiene ninguna referencia económico-financiera, contrariamente a la anterior propuesta del Gobierno del 15 de junio', asegura el citado comunicado. Las últimas previsiones para el presente ejercicio realizadas en febrero pasado preveían unas pérdidas equivalentes a 28,9 millones de euros (34,7 millones de dólares).
El concesionario pide un alza de tarifas del 15% al 20% y da un plazo de 30 días
El Grupo Suez, que controla el 39,93% del capital de la sociedad Aguas Argentinas y que siempre ha liderado las negociaciones con el Gobierno argentino, pide un aumento de tarifas de entre el 15% y el 20%. Agbar controla otro 25,01% de la concesión, mientras que otro 10% pertenece al Programa de Propiedad Participada. Banco Galicia (8,26%), la francesa Vivendi (7,55%), Corporación Financiera Internacional (5%) y la británica Anglian Water (4,25%) completan el accionariado de Aguas Argentinas.
Suez y Agbar, que ya han anunciado que se retiran de la concesión Aguas de Santa Fe (les queda una tercera en Mendoza) denunciaron en junio de 2003 al Estado argentino, ante el tribunal arbitral, dependiente del Banco Mundial, por las pérdidas ocasionadas por la congelación de tarifas. El Gobierno del presidente Néstor Kirchner puso como condición para negociar que la empresa desistiera de la demanda. Con todo, a finales de 2003 el estado abrió de nuevo negociaciones con los 62 contratos de concesión existentes en servicios públicos, proceso que debe ser ratificado en cada caso por el Parlamento.
Agbar está presente en servicios del ciclo del agua en Colombia (Cartagena de Indias), Chile, Uruguay, Brasil, Cuba y México. La compañía, que ya ha anunciado que está dispuesta a retirarse del mercado uruguayo después del referéndum realizado recientemente, ha focalizado su crecimiento en Chile.
Multa a la filial de Cementos Molins
El Gobierno argentino multó ayer on 309,2 millones de pesos (107,3 millones de dólares) a cinco empresas cementeras por haber acordado 'un reparto de cuotas y participaciones de mercado'. Las firmas multadas 'conforman la totalidad del mercado de cemento' según una resolución dada a conocer ayer por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.La multa más elevada, de 137,8 millones de pesos (47,8 millones de dólares), recayó sobre Loma Negra, propiedad de la constructora brasileña Camargo Correarensa. Por la misma práctica, que el ministro definió como 'cartelización', su subsidiaria Cemento San Martín, fue multada con 28,5 millones de pesos (9,8 millones de dólares). Juan Minetti, controlada por Holcim, y Cemento Avellaneda, del español Grupo Empresarial Internacional Cementero Molins/Uniland, deberán pagar respectivamente una multa de 100,1 y 34,6 millones de pesos (34,7 y 12 millones de dólares).