El Libro Blanco propone más competencia con tarifas más altas
El Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España, salió ayer a la luz pública. El estudio encargado hace ocho meses por Ministerio de Industria al catedrático Javier Pérez Arriaga, hace un diagnóstico severo sobre la situación de la generación y llega a la conclusión de que la Ley del Sector Eléctrico (LSE) promulgada en 1998, no ha alcanzado 'todavía' su principal objetivo: un mercado que funcione correctamente en régimen de competencia. El marco regulatorio, subraya, se encuentra 'en un grave atasco' y se hace necesaria una reforma urgente del mismo.
Desde el 'respeto básico' a esta ley, el Libro Blanco, a lo largo de 598 páginas distribuidas en 12 capítulos, pide al Gobierno que introduzca cambios 'tratando de conseguir un amplio consenso político' teniendo en cuenta tres grupos de propuestas. La más urgente, calificada como estratégica, es la reforma del mercado mayorista; la segunda, la mejora del diseño de los mercados mayorista y minorista y la tercera, un bloque de reformas del régimen especial, el mercado de emisiones de CO2 y la planificación energética.
La clave de la reforma propuesta por el Libro Blanco está en el precio de la electricidad y su traslado a la tarifa. En este sentido, indica, 'es necesario que el precio de la energía proporcionado por el mercado sea la referencia para las transacciones económicas entre los agentes, para retribuir la generación y fijar las tarifas'. Si el objetivo del Gobierno hasta ahora era evitar una subida de las tarifas para poder controlar la inflación, a partir de ahora, 'hay que desterrar el mito de que el éxito de una reforma regulatoria es que el precio de la electricidad baje indefectiblemente', subraya el estudio.
Contratos bilaterales para reducir el poder de mercado y liquidar los CTC
Las empresas verían limitada su negociación en el 'pool'
Sin embargo, para el equipo de Pérez Arriaga, este cambio radical (llega a pedir la desaparición progresiva de la tarifa integral) sólo se puede llevar a cabo resolviendo dos graves problemas: la concentración horizontal que persiste en el mercado de generación, en referencia a Endesa e Iberdrola (con la posibilidad de que éstas ejerzan poder de mercado) y la distorsión que provoca en el mercado el mecanismo de los Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Para limitar la concentración horizontal de las eléctricas y mitigar, así, la posibilidad de que éstas ejerzan poder de mercado controlando los precios del pool, se propone que ningún agente disponga 'en el mercado mayorista de una capacidad de producción superior a un porcentaje de la potencia estimada de punta del sistema para un año'. Este porcentaje lo establecerá el Ministerio de Industria a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y podría ser actualizado con una antelación mínima de tres años. En estos momentos, la capacidad de producción libre disponible para cualquier empresa en periodo de punta sería del 22% de la demanda máxima anual.
De aplicarse esta regla, Endesa sólo podría negociar el 67% de su capacidad efectiva e Iberdrola, el 76%. El resto de las empresas no tendrían ninguna limitación.
Según indica el documento, la regla propuesta no es estrictamente de 'concentración', sino de 'concentración efectiva', ya que lo que limita es la capacidad de generación de la que se puede disponer libremente en el mercado, pero no la capacidad total de generación de la que son propietarias estas compañías.
Para cumplir con estas reglas, las empresas disponen de distintas vías: la más drástica es la desinversión voluntaria de activos (las empresas no parecen dispuestas, a priori, a ello), pero también se incluyen ventas virtuales de energía, que ya permite la legislación española, contratos voluntarios de largo plazo (sólo en condiciones de transparencia) y contratos virtuales de energía, que son acuerdos financieros donde el regulador especifica cantidad y precio. No se descartan otras soluciones.
Aunque estos mecanismos, según indica el Libro Blanco 'no pretenden ni pueden eliminar por completo la posibilidad de que se manipulen los precios', sí permite que las empresas pierdan el incentivo económico para ejercer el poder de mercado. En otras palabras, no se reduce la cuota de mercado de las empresas, sino 'su capacidad para manipular el precio del mercado en su beneficio'.
Garantía de potencia
Otro punto relevante de las reformas, cuyo objetivo es mejorar el suministro, se refiere a la garantía de potencia, mecanismo que los reformadores quieren mejorar para garantizar un margen mínimo en la cobertura de la demanda, y para incentivar a las empresas a que estén disponibles cuando el sistema eléctrico lo necesite.
El Libro recomienda mantener el pago regulado por garantía de potencia, pero introduciendo dos cambios: el primero es el compromiso por parte de la compañía de proporcionar la potencia firme asignada cuando el sistema se encuentra cercano al racionamiento, a cambio del pago por capacidad. El incumplimiento supondría una fuerte sanción para las empresas. En segundo lugar, y en caso de necesidad para asegurarse la cobertura del sistema, la Administración podría convocar subastas sobre el valor del pago de garantía de potencia entre los nuevos comercializadores.
En esta línea de garantía del suministro, el Libro Blanco propone medidas para que se agilice el proceso administrativo para la autorización de nuevas instalaciones.
Si cada paso de las propuestas tiene como fin llegar a una situación de libre mercado, el estudio considera que para entonces las tarifas integrales no serán necesarias. Quedarían, en todo caso, tarifas por defecto que podrían mantenerse durante un cierto tiempo (o indefinidamente para los pequeños consumidores domésticos). Esta tarifa debería ser suficiente y aditiva; estos es, resultado de la suma de los costes acreditados para cada una de las actividades.
El Libro plantea que sea la CNE quien determine la metodología para fijar la tarifa y calcularla (la tarifa sería el simple resultado de un cálculo) cada año para después someterla a la aprobación del Ministerio. Una de las consecuencias derivadas de estas medidas sería la desaparición de los déficit tarifarios. Tras un análisis exhaustivo de los CTC que, al suponer una salvaguardia del precio para determinadas centrales (las construidas antes de 1998) se consideran un elemento distorsionador del pool, se propone su recuperación a través de contratos por diferencia de precios y cantidad fija, similar a los contratos virtuales. La cantidad de energía sería la producción estimada de las centrales hidráulicas y nucleares con derecho a cobrar CTC (quedarían fuera las de carbón y fuel que sí tenían derecho) y el precio sería el que ahora se tiene en cuenta para cobrar CTC (36 euros MW/h).
Esta propuesta de cobro, tras el cálculo de la compensación pendiente que se laminaría como un crédito regulado en la tarifa de acceso, no podría ser revisada en el futuro, y regiría hasta 2010. A partir de ese año se mantendrían estos contratos dada la larga vida útil de las centrales hidráulicas y nucleares, aunque el precio debe determinarse ahora.
Por otro lado, el Libro propone que se reduzcan los incentivos económicos de las nucleares para producir a plena carga, lo que puede suponer un riesgo por la tentación de las empresas a relajar las condiciones de seguridad.
El silencio de las grandes empresas
Endesa e Iberdrola no quisieron ayer hacer declaraciones sobre un Libro Blanco que, de ser aplicado por el Gobierno, supondría un cambio esencial en su funcionamiento. Por un lado, las dos grandes eléctricas deberían someter una buena parte de su producción a contratos regulados: el de la energía generada en centrales nucleares e hidráulicas con derecho a cobrar CTC. Esta medida tendría un fuerte impacto en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, la mayor productora hidráulica, ya que vería reducido de forma importante el precio al que hoy cobra el agua en el pool (el agua la única energía que se puede gestionar) y que se cotiza en línea con el combustible más alto.Respecto a los CTC, el Libro sigue garantizándolo aunque también mediante contratos bilaterales, similares a los contratos virtuales, que se proponen como una de las medidas para reducir la concentración de las dos grandes compañías del sector en el mercado mayorista, en el que negocian un 80% de las transacciones.
Si no se hacen reformas 'es mejor cambiar la ley eléctrica'
Javier Pérez Arriaga y el equipo de la Universidad de Comillas (Carlos Batllé, Carlos Vázquez, Michel Rivier y Pablo Rodilla) que han elaborado el Libro Blanco, no han resistido a la tentación de incluir en él una cita del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola: 'en tiempo de desolación, no hacer mudanza...' La desolación no ha llegado todavía al mercado eléctrico, según sus autores, pero se hace urgente una reforma a la vista del panorama que su estudio ofrece: una estructura del mercado inadecuada para soportar la competencia; un precio de mercado de la energía irrelevante; una tarifa que hace la competencia a la actividad de comercialización y no tiene en cuenta el precio del mercado de la energía, por lo que 'no envía señales económicas al consumidor'; un procedimiento de garantía de potencia costoso y que muy poco garantiza y un mecanismo como el de los CTC que introduce distorsiones. Por si fuera poco, la insuficiente separación entre la distribución y la comercialización libre y la competencia de la tarifa integral impiden el desarrollo de un mercado minorista en un país en el que proliferan las trabas para el acceso a la red y que cuenta con 'un modelo energético insostenible'.Los autores del libro son claros: si no se pueden o no se quieren arreglar los dos mayores problemas (la concentración en el mercado de Endesa e Iberdrola y la distorsión de los CTC), 'es mejor plantearse un cambio total de la ley eléctrica y volver a algún tipo de regulación tradicional (..) porque lo peor es 'que todo sea apariencia' y el precio no sea creíble.
La Comisión de la Energía también dará su opinión
El Ministerio de Industria ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) 'una evaluación y valoración del contenido del Libro Blanco', según una nota de prensa publicada ayer. Estas opiniones, indica el ministerio, 'serán tenidas en cuenta, junto con la de todos los agentes del sistema en el debate sobre el futuro modelo del mercado español de generación eléctrica'.Aunque Industria indica que el autor del Libro, Ignacio Pérez Arriaga, entregó ayer mismo el documento, fuentes de toda solvencia aseguran que los responsables de Industria lo tienen en su poder desde principios de julio. La CNE lo recibió también ayer, aunque está prevista una entrega formal, de manos de su autor, mañana jueves. La participación ahora del regulador en un estudio en cuya elaboración no fue invitado a participar mientras ocupaba su presidencia Pedro Meroño, puede ocasionarle algunos problemas a Industria.Si la CNE muestra su apoyo en líneas generales al documento, el ministerio sólo deberá afrontar las propuestas que en él se incluyen. Sin embargo, si el órgano regulador se opone al contenido del Libro y plantea líneas propias de actuación, el departamento que dirige José Montilla se encontrará con nuevas propuestas a estudiar. Todo ello sin olvidar que las grandes empresas, Endesa e Iberdrola, están dispuestas a hacer frente con sus ideas a una reforma que les perjudica.Frente a unas reformas que dañan su imagen ante los mercados, especialmente a Iberdrola, las eléctricas han venido reiterando que el contenido del Libro Blanco es sólo de carácter consultivo y no vinculante.En este sentido, el ministerio, asegura que el encargo se hizo ante la constatación 'de que el mercado de la generación eléctrica era ineficiente y necesitaba reformas para mejorar el nivel de competencia efectiva, como se ha podido constatar fehacientemente con posterioridad'. En este sentido, considera que el Libro 'es una valiosa aportación al proceso de debate abierto sobre el futuro modelo del mercado', que le 'prestará la atención que se merece, tanto a su diagnóstico, como a las alternativas planteadas en su contenido' y que 'evaluará en los próximos meses la posibilidad de asumir alguna de las propuestas o sugerencias planteadas por Pérez Arriaga'.Aunque a éste sólo se le pidieron propuestas sobre la generación, el Libro advierte 'que sólo desde un enfoque común, que incluya el transporte y, muy especialmente, la distribución, adquieren las recomendaciones de este libro su pleno sentido'.Y los expertos que lo han elaborado han sido muy explícitos al señalar que 'es difícil encontrar entre las experiencias internacionales una regulación de la remuneración de esta actividad la distribución peor que la española'. Quedarse entre la regulación tradicional y la de libre mercado en el caso de la generación, y 'regular sin rigor' la distribución, que es la situación actual, 'parece la peor de todas las opciones', señalan.La CNE, que preside Maite Costa, debe evaluar el contenido del Libro Blanco. El órgano regulador no fue invitado en su día a participar en su elaboraciónJosé Montilla: 'El Libro es una valiosa aportación al debate sobre el mercado de generación. Le prestaremos toda la atención que se merece'