Ence se juega la pasta en Uruguay
Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Rafael Bielsa, y Uruguay, Reinaldo Gargano, se reunirán hoy en Buenos Aires para discutir sobre el impacto ambiental de la inversión de Ence y la finlandesa Botnia en dos plantas de producción de pasta celulosa en la costa uruguaya, frente a Argentina. Se encontrarán en la reunión ministerial del Grupo de Río, foro de diálogo político de países latinoamericanos y caribeños, pero aprovecharán para intentar frenar el conflicto diplomático que resurgió después de que el Gobierno argentino iniciara acciones para evitar la financiación del Banco Mundial a ambos proyectos.
El presidente de Uruguay, el socialista Tabaré Vázquez, ratificó el lunes que no se detendrá la construcción de las fábricas, que demandarán inversiones de 490 millones de euros por parte de Ence y de 900 millones de Botnia. 'Tenemos que hablar con nuestros hermanos argentinos, demostrarles la seriedad de los procedimientos que están llevándose adelante', declaró Vázquez al estatal Canal 7 de Argentina. 'Esta operación, que suponen inversiones multimillonarias en dólares, van a generar muchísimos puestos de trabajo para los uruguayos, que tanto los necesitamos', añadió el presidente de este país de tres millones de habitantes y un 12,3% de paro. Las inversiones de Ence y Botnia serían las mayores en la historia de este país y generarían 4.000 empleos.
Ence, que cuenta en Uruguay con 40.000 hectáreas de eucalipto, propuso en 2002 al entonces presidente de Uruguay, el liberal Jorge Batlle, la construcción de una fábrica que convirtiera la madera de ese árbol en 400.000 toneladas de celulosa por año. La planta se asentaría en Fray Bentos, una ciudad de 23.000 habitantes sobre el río Uruguay, frente a la argentina Gualeguaychú. Pronto los vecinos argentinos comenzaron a organizarse ante la presunta contaminación que generaría. Comenzaron las movilizaciones y el temor a una lluvia ácida se instaló hasta en las escuelas. El alcalde del departamento uruguayo de Río Negro -donde se encuentra Fray Bentos-, Francisco Centurión, respondió que Argentina estaba intentando que la planta se instalara en su territorio. En esta orilla del río Uruguay también recordaban que en Argentina existían fábricas similares. Sin embargo, el fiscal uruguayo Enrique Viana pidió un informe al Gobierno de su país sobre la autorización de la fábrica.
Pese a las dudas sobre el estudio de impacto ambiental, Batlle autorizó la obra en octubre de 2003. Cinco meses después se enteró el Gobierno argentino y fue entonces cuando su presidente, Néstor Kirchner, planteó que esa decisión violaba el Tratado del Río Uruguay, de 1975, por el que ambos países se comprometieron a preservar su medio ambiente. Batlle no sólo ratificó la inversión de Ence sino que recibió después la propuesta de Botnia para levantar la otra fábrica. Con la llegada al poder de Vázquez, en marzo pasado, la afinidad ideológica con Kirchner hizo suponer que se aplacarían las diferencias. El 30 de abril, alrededor de 30.000 argentinos y uruguayos cortaron el puente que une Gualeguaychú y Fray Bentos para protestar contra la amenaza de contaminación. Al mes siguiente, Vázquez y Kirchner acordaron en Montevideo la creación de una comisión bilateral que estudiaría el impacto ambiental de ambos proyectos. Pero los funcionarios uruguayos suspendieron una cita de esa comisión y el 26 de junio Argentina envió una carta a la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial para la asistencia al sector privado, para que supeditara el análisis del crédito a las dos inversiones al resultado del trabajo de la comisión bilateral. Uruguay reaccionó suspendiendo una segunda reunión técnica prevista para la semana pasada. La producción de celulosa sobre el río dejó la hermandad rioplatense en papel mojado.
'Ence señaló en la última junta que había cumplido con la legislación uruguaya y de la Comisión Administradora del Río Uruguay (conjunta con Argentina)', afirmó la vicepresidenta del proyecto, Rosario Pou Ferrari. Ence y la finlandesa Botnia dicen que se regirán por las normas de medio ambiente de la Unión Europea. Argentina responde que aplicarán una tecnología que quedará prohibida en la UE a partir de 2007 y recuerda que Ence ha sido multada en España por vertidos realizados en el pasado. Y el Banco Mundial no ve obstáculos si se obtienen los permisos ambientales correspondientes. La batalla política sigue.