El gobierno sube un 5,6% el butano para proteger a los distribuidores
La precaria situación de los distribuidores de gas butano ha llevado al Ministerio de Industria a elaborar un nuevo reglamento para este mercado, que entrará en vigor en 2006 y que ha provocado malestar en Repsol. Mientras tanto, Industria beneficiará a las pequeñas distribuidoras con una subida del precio de la botella del 5,6%.
El Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de orden ministerial por la que se fijará un nuevo sistema de revisión automática de los precios máximos de venta de gas butano envasado, que implica la revisión anual de los costes de comercialización.
Se trata de una medida transitoria que el Gobierno quiere aplicar en tanto aprueba, en el primer semestre de 2006, un nuevo reglamento de este mercado de distribución.
En espera de que se promulgue dicho reglamento, Industria establecerá como medida transitoria una actualización de los costes de comercialización. La actualización traerá consigo un incremento del 5,62% en el precio de la botella de butano.
Este aumento es inferior a la inflación acumulada desde la última modificación, según reconoce el propio ministerio. El último reajuste se produjo en el año 2002 y la inflación acumulada desde entonces asciende al 9,8%.
El precio de la bombona de 12,5 kilos se situará así en 9,81 euros, 52 céntimos más que el actual. Por su parte, el coste de comercialización (que incluye los de distribución a domicilio) pasa de los 0,317 euros por kilogramo ahora vigente a 0,353 euros/k.
El actual sistema se remonta al año 1993, fecha en la que sólo operaba en el mercado la compañía Repsol Butano. Entonces se estableció que habría una revisión anual de los costes de comercialización, pero la última se produjo en 2002.
Este sistema calcula el precio de los Gases Licuados del Petróleo (GLP) teniendo en cuenta tres componentes: la cotización internacional, el flete y los costes de comercialización. Estos últimos incluyen los costes de distribución del producto hasta el consumidor.
Una orden del 22 de marzo de 2002 estableció que estos costes se podrían modificar teniendo en cuenta, entre otros factores, la productividad. Sin embargo, desde ese año no han sido revisados, a pesar de que el incremento de dichos costes ha sido desde 1993 del 17,44%, el de la inflación de un 43% y el de los fletes de un 173,36%.
Con esta medida de urgencia y el reglamento que aprobará el próximo año, el Gobierno quiere paliar la pérdida de rentabilidad de la actividad de la distribución de GLP envasado.
El sector está sufriendo los efectos de la competencia derivada del rápido desarrollo de la red de gas natural. Algo que, en opinión del ministerio, 'está conduciendo al abandono de la actividad por parte de muchos distribuidores', con el consiguiente peligro de desabastecimiento de algunas zonas geográficas.
Según los datos oficiales, en España existen en estos momentos más de 800 agencias distribuidoras, la mayoría ligadas a la compañía Repsol Butano. Sin embargo, durante los últimos años se calcula que han desaparecido más de 300 empresas distribuidoras. Y su número se sigue reduciendo a un ritmo de 30 empresas por año.
Según el análisis que realiza el Ejecutivo, los distribuidores están sufriendo duramente los efectos de una reducción en el nivel de demanda. Además, tienen que realizar mayores inversiones para hacer frente a las exigencias sobre transporte de mercancías peligrosas.
Por último, las pequeñas distribuidoras se están viendo afectadas por los efectos del aumento registrado en los precios de los combustibles de automoción (gasóleo A) y por las no siempre fáciles relaciones con el operador dominante del mercado, Repsol, que es quien establece las comisiones.
Esta compañía no ha querido hacer declaraciones sobre las nuevas medidas, pero ya ha expresado su malestar por la elaboración del futuro reglamento.
Diez millones de usuarios
El Gobierno no ha concretado su contenido, pero sus objetivos son los de garantizar la distribución de un gas que consumen en estos momentos unos 10 millones de usuarios y el establecimiento de 'una remuneración adecuada' a los distribuidores.
Además se incluirán medidas para poner coto a las situaciones de irregularidad en materia laboral (economía sumergida) y garantizar la seguridad, dando los pasos necesarios para evitar que los envases sean manipulados por personal de distribución que no esté cualificado para ello.
El Gobierno quiere proteger la comercialización
Según los datos de que dispone el Ministerio de Industria, España es el tercer país consumidor de GLP (Gases Licuados del Petróleo) de la Unión Europea de los 15, superado sólo por Francia e Italia. Además es el primero en consumo de GLP envasado (butano y propano).Aunque los precios de venta al público del butano antes de impuestos han aumentado en nuestro país un 64,85% entre los años 1993 y 2005, éstos siguen siendo muy inferiores a los de otros países comunitarios. Así, en Portugal son un 66% superiores a los de España; en Francia un 156% y en Italia, un 159%, según datos de Industria.En estos momentos, el consumo de GLP envasado en España se cifra en 1,5 millones de toneladas anuales, pero la demanda se está reduciendo de manera paulatina, debido sobre todo a la competencia que le está haciendo el gas natural. Así, en 1993, año en que se implantó el sistema de precios máximos, la demanda superaba los dos millones de toneladas.Esta progresiva reducción en el nivel de consumo está afectando duramente a los agentes que operan en el mercado, en especial a las pequeñas empresas que se encargan de distribuir el butano envasado.Los costes que afrontan estas compañías se ven impulsados por la fuerte dispersión de la demanda y porque se encargan del reparto en zonas geográficas (muchas de ellas rurales) que resultan menos accesibles y también menos rentables. Además, estas empresas se ven sometidas a la fijación de las comisiones por parte del operador dominante, la compañía Repsol Butano, que controla más del 90% de cuota en este mercado.Ante el temor de que la baja rentabilidad pueda llevar al abandono masivo de esta actividad por parte de las pequeñas distribuidoras, poniendo en peligro el abastecimiento de los usuarios, el Gobierno está preparando un nuevo reglamento que incluye una mejor remuneración para las agencias.Estas empresas minoristas mantienen desde hace mucho tiempo un duro pulso con Repsol, compañía que ha expresado su malestar por la futura norma y que piensa seguir negociando su contenido con los responsables del Ministerio de Industria.