La ley limitará la concentración de audiencias en televisión
El borrador del anteproyecto de la Ley General Audiovisual recoge limitaciones a la concentración del mercado en un solo operador de televisión. Para garantizar el pluralismo, el texto contempla la posibilidad de que cualquier grupo que supere el 30% de audiencia sea obligado a abrir su programación a contenidos independientes.
El borrador del anteproyecto de Ley General Audiovisual fue discutido junto a la propuesta de Ley de Creación del Consejo Estatal Audiovisual el pasado miércoles por la comisión permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi).
El texto, que se encuentra aún en su fase inicial, establece como prioridad crear un marco legal que favorezca la pluralidad en el sector. Con este fin, establece limitaciones a la concentración de audiencias y regula medidas correctoras para obligar a los grupos que rebasen ciertos límites a abrir sus emisiones televisivas a contenidos independientes.
La nueva norma señala que se intenta garantizar 'de forma efectiva' el pluralismo, evitando procesos de concentración. Para ello, establece medidas 'destinadas a evitar que una empresa pueda llegar a dominar el proceso de formación de la voluntad popular mediante el acaparamiento de licencias'.
Los operadores independientes podrán acceder en condiciones equitativas a las plataformas de TV
El texto reconoce que, con el desarrollo de la tecnología digital, 'lo importante no es el número de títulos en los que se participa' sino 'el número de canales a cuya difusión dan derecho esos títulos'.
Para lograr sus objetivos, las autoridades audiovisuales podrán imponer 'obligaciones' a un operador multicanal 'que controle una audiencia superior al 30% de la población de su ámbito de cobertura'. Tales obligaciones consistirán en 'la imposición de canales de televisión independientes, la apertura de ventanas independientes en los canales de mayor audiencia o la constitución de un órgano de control externo garante de la pluralidad del servicio'.
En un apartado dedicado a la difusión de operadores independientes, el borrador establece que 'los servicios de difusión que incluyan más de 20 canales de televisión en su oferta' en referencia a las plataformas y al cable 'garantizarán que al menos el 30% de los canales difundidos en una lengua española correspondan a titulares de canales independientes siempre que la oferta de éstos sea suficiente y de calidad adecuada'. Este derecho se hará efectivo 'en condiciones equitativas'.
El borrador aborda también el controvertido tema de los acontecimientos de interés general. Para que determinados eventos deportivos, culturales o políticos sean accesibles a todos los ciudadanos 'en directo y de manera gratuita', la normativa recoge que 'se elaborará un catálogo de acontecimientos de interés general' para los que quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos.
Para garantizar la transparencia, el Gobierno propone crear el Registro Estatal de Radio y televisión, que será público y ofrecerá información con carácter gratuito.
La ley termina con la rígida concepción de la radio y la televisión como 'servicios públicos esenciales' y promueve un marco en el que 'los particulares prestan los servicios en libre competencia'. El borrador impone 'limitaciones a la titularidad de las licencias de televisión' marcando un régimen amplio de incompatibilidades.
Tasa para mantener el Consejo Audiovisual
El borrador de la Ley del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales afirma que la creación de este organismo es 'una demanda clamorosa de la sociedad'. Lo define como 'la autoridad independiente encargada de la supervisión del sector en el ámbito de las competencias del Estado'. Para 'hacer efectiva la aplicación del régimen de control y supervisión', fija la imposición de una tasa anual que 'en proporción al volumen total de los ingresos derivados de la explotación del servicio' pero que 'en ningún caso excederá del 3 por mil del total'. Para asegurar la transparencia, hará un informe anual que conocerá el Parlamento.