Los partidos catalanes se plantean un escenario sin reforma estatutaria
¿Qué ocurrirá si para el 11 de septiembre, celebración de la Diada, no hay nuevo Estatuto? Los cálculos que realizan en estos momentos los principales partidos catalanes anticipan este posible escenario, a la vista de las actitudes que Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular han adoptado en la recta final de la negociación. CiU tiene posibilidad de veto ya que si la reforma estatutaria no sale bendecida por los dos tercios del Parlamento catalán, como mínimo, no prosperará.
Fuentes del Partido Socialista de Cataluña (PSC) admiten que, ante esta posibilidad, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, intentaría poner en valor un eventual acuerdo con el Gobierno central para mejorar la financiación autonómica. 'Sería, con toda probabilidad, la única salida para evitar una convocatoria de elecciones anticipadas para el otoño', apuntan estas fuentes, convencidas de que la única forma de impedir el veto de CiU es 'estrechar al máximo su margen para oponerse a que Cataluña reciba más dinero del Estado'.
'Nosotros creemos que no habrá Estatuto. Al final el Gobierno tripartito se está sometiendo a los dictados de Madrid', afirma un alto dirigente de CiU, consciente de que en las próximas elecciones autonómicas, con independencia de su fecha, la coalición se jugará los votos en la misma frontera que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
Evitar el naufragio del Estatuto se ha convertido en una obsesión para el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y para el titular de Industria, José Montilla, manos en las que José Luis Rodríguez Zapatero ha depositado su confianza para que negocien con el Gobierno de Maragall.
Si ambas actitudes se mantienen en el tiempo, no habrá reforma estatutaria, se admite en el PSC. En el caso de CiU, porque sus votos son imprescindibles en Cataluña y, en el del PP, porque su oposición terminará alimentando el discurso de quienes dentro del PSOE siguen detectando aspectos de la reforma que pueden ser inconstitucionales.
Polémico traspaso de competencias exclusivas
El texto de la reforma incorpora casi una docena de transferencias a Cataluña cuya competencia es exclusiva del Estado. Para ello se propone la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que permite trasladar a las comunidades, mediante delegación, competencias de titularidad estatal.Entre las políticas que la Generalitat reclama para sí figuran las que afectan a las telecomunicaciones y al espacio radioeléctrico; la gestión de los puertos y aeropuertos; la capacidad de ordenación y control de la flota civil, el registro, matriculación e inspección de buques; la política de extranjería e inmigración; todo lo que afecta al sistema penitenciario y la posibilidad de convocar consultas mediante referéndum.El Estatuto plantea también la reforma de siete leyes orgánicas, incluida la de Régimen Electoral.