Industria y los trabajadores de la CMT sellan el fin del conflicto
El Ministerio de Industria, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el comité de empresa de este organismo alcanzaron el viernes un acuerdo que pone fin al conflicto laboral provocado por el traslado a Barcelona de la citada comisión.
Los 141 trabajadores de la CMT podrán acogerse hasta el próximo 15 de julio a cinco alternativas: trasladarse incentivadamente a Barcelona con carácter definitivo o temporal, recolocarse en otro organismo público, rescindir su contrato si no le interesa ninguna de las dos opciones (con una indemnización de 60 días por año trabajado) o solicitar una excedencia especial por un año.
Los empleados que se trasladen de manera definitiva recibirán ayudas para la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2009 (desde 900 euros mensuales hasta 1.300, según los miembros de la familia), además de otras ayudas para la escolarización de los hijos y al traslado.
A quienes apuesten por un traslado temporal, se les abonará hasta el 31 de julio de 2006 una prima mensual por traslado del 50% del salario bruto mensual y del 30% durante el resto del tiempo, además de gastos de desplazamiento que incluyen, entre otros, el vuelo semanal Madrid-Barcelona.
En ambos casos, los trabajadores podrán solicitar la recolocación en Madrid en las condiciones salariales iniciales hasta el 31 de diciembre de 2009 con preaviso de seis meses (en el primer caso) y tras tres meses como mínimo y con preaviso de dos meses en el segundo.
El acuerdo recoge la creación de una Unidad de Recolocación para quienes no acepten la marcha. Las plazas ofertadas por los organismos públicos ascienden a 137 y, en este caso, los trabajadores subrogarán sus contratos en las condiciones de salario y antigüedad actuales.
Maru Menéndez, secretaria de Política Institucional de Madrid de UGT, calificó de 'muy bueno' el acuerdo y explicó que también está previsto un Servicio de Acogida en Barcelona para 'ayudar a buscar trabajo a los cónyuges de los trasladados'. En los próximos días se creará una Comisión para vigilar la aplicación del acuerdo y el 1 de noviembre se abrirá el centro de trabajo de Barcelona.